El Gobierno estudia subir el IVA a sanidad y educación privada y revisar el beneficio de los planes de pensiones

El Gobierno está estudiando recoger en los próximos Presupuestos una revisión a la fiscalidad de los planes de pensiones y una subida del IVA a la sanidad y educación privada, según adelantó el jueves La Información y confirman fuentes gubernamentales. La medida está en medio de las negociaciones que el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos mantienen para elaborar los Presupuestos de 2021. Los ministros socialistas, que ostentan las carteras económicas, son remisas a emprender en plena crisis muchas modificaciones fiscales y prefieren esperar a que la crisis amaine para hacer una reforma completa del sistema tributario. Por el lado contrario, la formación de Pablo Iglesias está empeñada en aprobar cuanto antes estas subidas que tienen una clara intención ideológica porque su efecto recaudatorio es limitado.

Tanto la educación como la sanidad privada están exentas del impuesto sobre el valor añadido (IVA) desde la creación de este tributo en 1985, al igual que en la mayoría de países europeos. Las mismas fuentes gubernamentales explican que están analizando los informes sobre eficiencia del gasto público elaborados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). En su último estudio, en el que analizó 13 beneficios fiscales equivalentes a 35.000 millones de euros, el organismo dirigido por Cristina Herrero calculó que la exención del IVA para educación y sanidad privada suponen una merma total de 3.457 millones para las arcas públicas, pero no ha recomendado eliminarla, ya que no ha podido obtener un resultado concluyente sobre sus beneficios.

Por el contrario, la Airef señala en su estudio que el mayor ingreso que el Estado obtendría por eliminar el beneficio a sanidad y educación privadas “podría ser compensado por un mayor coste” en el caso que una parte consistente de los contribuyentes que acuden al segmento privado pasara al público, generando congestión.

En concreto, apunta a que el incremento neto de la recaudación ascendería a 1.763 millones en el caso se estableciera un IVA del 21%, pero “en cambio la asunción de la provisión de esos servicios supondría un incremento de coste para la Administración de hasta 2.145 millones en el peor de los escenarios por lo que, de acuerdo con los costes estimados en la sección anterior el resultado neto final dependería de la elasticidad de la demanda”. Sería, además, una excepción en Europa: la sanidad privada está exenta en todos los países del entorno y la educación en la mayoría de ellos.

Planes de pensiones

En cuanto a la fiscalidad de los planes de pensiones, cuya revisión también está sobre la mesa del Gobierno, la Airef estima que el beneficio fiscal que se le aplica no cumple del todo con su objetivo de fomentar el ahorro privado. Por ello, en su último análisis sobre eficiencia del gasto público instaba a reformularlo en el marco del Pacto de Toledo, para que de verdad pueda suponer un sistema complementario a la pensión pública.

El organismo encargado de velar por las cuentas públicas calcula que el ahorro acumulado en planes de pensiones antes de la jubilación es reducido, incluso para las rentas altas ―que son las que más se benefician―. Concluye que el beneficio supone un coste fiscal de 1.643 millones de euros (450 millones si se tiene en cuenta el diferimiento fiscal) “y tiene un carácter regresivo desde el punto de vista de la desigualdad al focalizarse en rentas altas”.

El Gobierno acaba de anunciar que deja sin eficacia las reglas fiscales para este año y el que viene, lo que le permitirá agilizar los plazos para la aprobación de los Presupuestos, que aun así entrarán en vigor cuando ya haya empezado 2021 obligando a prorrogar, aunque solo durante unas semanas, las cuentas del PP de 2018 que siguen vigentes a día de hoy. La dificultad para encontrar los apoyos suficientes y sobre todo la irrupción de la pandemia ha obligado al Gobierno a posponer la reforma fiscal que PSOE y Unidas Podemos preveían en su pacto de coalición. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya aseguró que solo habrá “ajustes”.