Los sindicatos anuncian movilizaciones por la inacción del Gobierno en la equiparación de salarios en la Administración

Las medidas de presión que los sindicatos han diseñado para obligar al Gobierno a cumplir con el IV Convenio Único del personal laboral de la Administración General del Estado (AGE), firmado en 2019 y paralizado unilateralmente hasta la confección de los Presupuestos Generales de 2021, llevan, inicialmente, a una manifestación el próximo 30 de septiembre frente al Ministerio de Hacienda, y a la convocatoria de una huelga general de los trabajadores públicos si no se aborda la equiparación de salarios prometida. Así lo han anunciado esta mañana Milagros Dorronzoro, secretaria de Negociación de CSIF, y Gabriel Filipini, responsable de Negociación de Convenio Único de AGE de FeSP-UGT, en una rueda de prensa en la que han detallado el plan de actuación para lograr una reivindicación que afecta a más de 40.000 trabajadores públicos.

“No reclamamos ningún incremento salarial, somos conscientes de la situación del país. Solo reclamamos que el trabajador reciba el sueldo real que debería estar cobrando desde 2019, cuando se firmaron estos acuerdos”, ha señalado Dorronzoro. “Este convenio recogía un pequeño incremento retributivo, tendiente a acortar la brecha salarial entre el personal laboral y el personal funcionario. Se firmó en marzo de 2019 y contaba con el informe favorable del Ministerio de Hacienda. El desprecio y la inactividad deliberada del Gobierno al no proceder a este encuadramiento para no efectuar el pago causa importantes agravios a los trabajadores”, ha añadido la responsable de CSIF. “No podemos seguir permitiendo que el Gobierno solucione los problemas metiendo la tijera al salario de los funcionarios”, ha completado.

Filipini, por su parte, ha anunciado que la primera medida que se llevará a cabo será establecer “una denuncia ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno", y después programar “una ronda de conversaciones con todos los partidos políticos”, con los que todavía no se ha tenido contacto. Posteriormente, “se trasladará un escrito al Defensor del Pueblo en el que se solicitará a la Administración el cumplimiento de los acuerdos firmados”, a lo que seguirá la convocatoria de concentraciones o manifestaciones “garantizando siempre el respeto de todas las medidas de seguridad”.

Descuadres de entre 357 y 1.325 euros

Filipini ha advertido de que las movilizaciones no culminarán con la manifestación, “ya que no pararemos hasta que logremos nuestras reivindicaciones, para lo que incluimos una llamada a la huelga”. “Es el momento de dar ejemplo y no dejar atrás a los empleados públicos del que, además son unos de los colectivos que más han contribuido a luchar contra la pandemia”, ha completado.

Según señala CSIF, los retrasos en las nóminas de las 40.000 personas vinculadas a este convenio “suman una horquilla de entre 357 y 1.325 euros, con efectos de 1 de enero del 2019”. Además, según este sindicato el Ministerio de Función Pública “ha incumplido en la negociación de los procesos de cambios de régimen jurídico para el personal que realiza funciones reservadas por Ley a Funcionarios”. Del mismo modo que la no aplicación del convenio “secuestra el derecho del personal a la movilidad”, ya que “mientras la Administración no acceda a llevar a cabo el encuadramiento del personal, no se puede poner en marcha los concursos de movilidad”.

Este plan de movilizaciones se sucede tras la presentación por parte de UGT la semana pasada del Mapa de la desigualdad salarial en la AGE, en el que se detallan las distinciones salariales en función de los diferentes grupos de trabajadores públicos, y que cargaba contra el Gobierno por no haber afrontado esta situación. El colectivo de funcionarios, además, podría ver cómo su salario resulta congelado en los próximos presupuestos, una decisión que adelantó EL PAÍS, y que distintos miembros del ejecutivo como Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y María Jesús Montero, portavoz y Ministra de Hacienda, no descartaron.