La congelación del salario de los funcionarios abre una grieta en el Gobierno

La posibilidad de que el Gobierno decida congelar el salario de los funcionarios en el marco de los Presupuestos Generales de 2021, una medida que en estos momentos se encuentra sobre la mesa tal como adelantó EL PAÍS, ha avivado las discrepancias internas en materia económica existentes entre el PSOE y Unidas Podemos, como reflejan las reacciones de algunos de los miembros de ambos partidos.

Después de que la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación, Nadia Calviño, no descartase esta posibilidad —"estamos montando la arquitectura de los Presupuestos y las decisiones se tomarán teniendo en cuenta una multiplicidad de factores", reconoció el jueves—, y de que la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, explicase en el Congreso que “el país se enfrenta a una situación muy complicada” y que, por ese motivo se deben estudiar todas las alternativas", uno de los miembros del partido morado que más contundentemente se ha posicionado en contra de esta posibilidad ha sido el ministro de Consumo, Alberto Garzón, al que no le dolieron prendas en calificar la medida de “error garrafal” en una entrevista concedida este jueves en Onda Madrid.

“Es absolutamente erróneo hablar de recortes en un momento como este”, indicó Garzón, que advirtió de que “las políticas de reformas laborales de congelar salarios son un error desde el punto de vista macroeconómico y de la justicia social”. Por si su postura no había quedado suficientemente clara, Garzón dio la vuelta a la premisa asegurando que el Gobierno “debe subir el salario de los funcionarios”, ya que “es un sector que ha sufrido en los últimos años una pérdida de poder adquisitivo enorme”.

“Poco relevante”

En la misma corriente posibilista en la que se manifestaron respecto a esta medida Calviño y Montero, y contrariamente a la expuesta tanto por Garzón como Carmen Calvo —"la congelación del sueldo de los funcionarios no está en el registro del Gobierno, y vamos a preservar en la medida de lo posible por supuesto las pensiones y los salarios", aseveró la vicepresidenta primera—, se mostró, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Escrivá, que dejó abierta la puerta a la congelación en una entrevista en la cadena Cope, aseguró, sin embargo, que incluso en el caso de llevarse a cabo, desde el punto de vista macroeconómico no sería “muy relevante”, a tenor de la “contenida” evolución de los precios. Sin embargo, aseguró que este “no es un tema central” en el diseño de los nuevos Presupuestos.

“Comprendemos la situación del país, pero debe incluirse una cláusula de revisión de los sueldos de los funcionarios por si se dispara el IPC”, dice Carlos Álvarez, secretario de Administración Pública del Estado de UGT.

Temerosos de que finalmente la congelación se lleve a cabo, principalmente porque todavía no han sido convocados para ninguna reunión en la que debatir esta circunstancia, cuando tan solo faltan dos semanas para el 30 de septiembre, fecha en la que han de presentarse los Presupuestos, y molestos por lo que califican de “falta de arrojo” para afrontar los compromisos adquiridos, los sindicatos CSIF y UGT anunciaron este jueves que el próximo lunes acordarán un calendario de movilizaciones para reivindicar el cumplimiento del IV Convenio Colectivo de la Administración General del Estado. Con él se busca reducir la histórica brecha salarial existente en el personal laboral. Ambas formaciones sindicales denuncian que además de no reducirse estas diferencias, en algunos casos han llegado incluso a crecer.