Fusiones: competencia, empleo y transparencia

Las reacciones al anuncio de la fusión entre Caixabank y Bankia ponen al descubierto la profundidad de la transformación que está registrando la economía española, acelerada por la pandemia. La operación tiene importantes repercusiones sobre la viabilidad de las empresas, la competencia, el empleo, la naturaleza pública de las compañías y la transparencia.

La noticia de la fusión para constituir la primera entidad financiera española ha sido celebrada por el mercado con una euforia sorprendente. Bankia y CaixaBank experimentaron alzas en Bolsa del 33% y 12%, respectivamente. Aunque el mercado no puede ser el único criterio, es indudable que la respuesta de los inversores evidencia las serias dificultades de Bankia para seguir en solitario. Durante los últimos cinco años, Bankia ha perdido el 75% de su valor, hasta situarse en el 30% de su registro en libros. La rentabilidad es inferior al 3% cuando el coste de su capital es casi el triple. En resumen, un modelo de negocio difícilmente sostenible a largo plazo.

La concentración del tercer y cuarto banco del país supone una innegable restricción de la competencia como han señalado las principales organizaciones de consumidores OCU, Adicae, Asufin y Facua. Unas asociaciones que han señalado la pérdida de derechos por una menor posibilidad de elección. Es cierto, no obstante, que la competencia en el sector financiero no depende únicamente del número de bancos sino también de la creciente concurrencia de entidades externas en medios de pago y concesión de créditos.

Las alzas bursátiles han sido propulsadas por unas mayores expectativas de rentabilidad que dependen sustancialmente de la reducción de costes derivada de la eliminación de unas 1.400 oficinas y entre 6.000 y 8.000 empleos. La probable generalización de fusiones, no solo financieras, puede agravar seriamente la destrucción de empleos. Es necesario intensificar seriamente los esfuerzos para facilitar la recolocación de estos trabajadores en las nuevas actividades vinculadas a la salud, educación, digitalización y transición ecológica.

Esta fusión tiene la particularidad de afectar a Bankia, una entidad propiedad del Estado en un 62%, que ha recibido más de 24.000 millones de euros de ayudas. La Plataforma por una Banca Pública ha expresado su oposición a la fusión. Considera que es “necesario introducir el interés público en una actividad como la bancaria, que se manifiesta como de creciente trascendencia hasta resultar asimilable a un servicio público”. Esta reflexión es importante porque el sector público no desaparece en el sector financiero y tendrá un 15% del capital en la mayor entidad. Sería conveniente que la representación pública en el consejo de administración defendiera explícitamente los intereses colectivos y no como hasta ahora, que de nada ha servido tener mayoría.

La pérdida de competencia y de empleos debe compensarse con un sustancial aumento de la transparencia. La entidad resultante debe garantizar la devolución de las ayudas. La operación sólo merecerá la confianza de los ciudadanos si la nueva entidad desarrolla un nuevo modelo de banca, con contratos transparentes, sin cláusulas abusivas, que acabe con la litigiosidad que inunda los juzgados.