Las consultoras responden a las acusaciones de fraude: “Son episodios aislados de mala praxis en ofertas menores”

Hasta 22 empresas se enfrentan a sanciones que suman 47 millones en la investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por un supuesto cartel de consultoras que se ayudaban a obtener contratos públicos. La CNMC, que declina hacer comentarios sobre el caso, ha redactado ya la propuesta de resolución tal y como adelantó EL PAÍS. Eso abre un plazo de seis meses hasta la resolución definitiva, en el que se podrá presentar alegaciones, como confirman dos de las mayores compañías investigadas.

“Los hechos a los que se refiere el expediente de la CNMC se remontan a antes de 2018 y se circunscriben a episodios aislados de mala praxis en algunas ofertas menores (inferiores a 60.000 euros) con la Administración del País Vasco por parte de un grupo reducido de consultores”, explica un portavoz de Deloitte. Dichos empleados, añade, “dejaron de trabajar inmediatamente” en la firma al conocerse su conducta. Deloitte considera la propuesta de sanción “desproporcionada”, ya que calcula que los contratos que la implican ascienden a un millón de euros. La multa propuesta es de 17,2 millones.

KPMG, otra consultora bajo la lupa de la CNMC, niega su involucración. “En relación a la propuesta de sanción que afecta a KPMG Asesores S.L. entendemos que no incluye elementos que demuestren la implicación de la firma en las redes de colaboración anticompetitivas investigadas”, asegura la firma a este periódico. “KPMG ratifica su inequívoco compromiso con la legalidad y la libre competencia, razón por la que viene observando y observa de forma escrupulosa todas las normativas que le son de aplicación”, añade.

Estas son las claves de la investigación:

Confidencialidad. El silencio de la CNMC y gran parte de las firmas implicadas no es casual. El artículo 43 de la ley de defensa de la competencia exige “guardar secreto” a todas las partes, ya que el procedimiento sigue en fase de tramitación. Más allá de la nota en la que la CNMC informó del inicio de la investigación, los detalles se han conocido por las informaciones periodísticas.

Seis meses. Tras la instrucción, y elaborada una propuesta de resolución, la pelota está en el tejado del consejo de la CNMC, un órgano formado por su presidenta, Cani Fernández; el vicepresidente, Ángel Torres; y ocho consejeros. En un plazo de seis meses, según señala el reglamento, el consejo deberá dictar la resolución definitiva. Antes hablará de nuevo con las empresas investigadas o les requerirá nueva documentación si lo cree necesario.

Alegaciones. En ese plazo, las consultoras pueden presentar nuevas alegaciones y es previsible que lo hagan. KPMG anuncia que presentará “las alegaciones oportunas ante el supervisor o los correspondientes órganos de justicia”.

Una práctica frecuente. Lo que describe la CNMC, según se desprende de la propuesta de resolución son una serie de prácticas anticompetitivas muy extendidas. En la mayoría de casos se trata de contratos públicos en los que una consultora presentaba una propuesta y, para garantizarse la adjudicación, se compinchaba con otras, que hacían propuestas “perdedoras” o “de cobertura”.

Tres propuestas. La investigación acredita las supuestas conductas irregulares entre 2009 y 2018 (año en que la CNMC registró algunas firmas). Se refiere a los procedimientos negociados, que, según la ley de contratos del sector público, exigen un mínimo de tres propuestas para que la Administración pueda adjudicar un contrato. Son pequeñas licitaciones (menos de 60.000 euros) que no era obligatorio publicitar: basta con pedir tres propuestas y elegir la mejor. Las pruebas de la CNMC, que suman miles de folios de correos y testimonios, apuntan a que las consultoras interesadas en un contrato pedían ayuda a otras dos para presentar ofertas de relleno. Así se llevaban el contrato sin tener competencia real en el procedimiento.

El papel de la Administración pública. Las pesquisas de la CNMC se dirigen a las empresas, pero algunos casos insinúan cierta complicidad de elementos de la Administración, lo que ve “preocupante”. El organismo dice tener pruebas de ese comportamiento ilícito de las empresas “a veces incluso con la aquiescencia del trabajador o representante de la autoridad pública”. Una directiva de una consultora propuso por correo a una representante del Gobierno de Cantabria: “Si necesitáis que os proporcione el nombre de dos empresas más para hacer la cobertura no dudes en decirme. Lo hacemos habitualmente”.

Dos redes relacionadas. Los hechos arrancaron por una investigación de la Autoridad Vasca de la Competencia sobre las prácticas de lo que la CNMC denomina la “red de colaboración Norte”. En la misma incluye a Deloitte, 97S&F, PA Consulting, Bmasi, PwC ADN e Idom Consulting. Pero en las pesquisas se detectó una “red de colaboración nacional” compuesta por Regio Plus, Red2red, 97S&F, Idom Consulting y Abay Analistas. A ellas suma otras 13 consultoras que puntualmente colaboraron, realizando ofertas de cobertura.