LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Bruselas plantea reformar las reglas del control económico por la crisis

La UE revisará los límites de déficit y deuda, que seguirán en suspenso hasta 2022

El comisario de Economía, Paolo de Gentiloni (centro), charlando con el vicecanciller alemán Olaf Scholz (izquierda); la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el ministro francés Bruno Le Maire (derecha).
El comisario de Economía, Paolo de Gentiloni (centro), charlando con el vicecanciller alemán Olaf Scholz (izquierda); la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el ministro francés Bruno Le Maire (derecha).FRANCOIS LENOIR / Reuters

Las grandes crisis ponen en duda mantras y tabúes. Y la magnitud de la pandemia ha acabado incluso por cuestionar las sacrosantas reglas fiscales europeas, que hasta ahora imponían unos férreos límites al déficit y a la deuda pública de los socios de la moneda única. Bruselas planteará la reforma del control económico de la zona euro aprovechando que la suspensión de facto de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se prolongará hasta al menos 2022. El debate, según coinciden fuentes comunitarias, podría ir más allá y englobar las ayudas de Estado y la fiscalidad.

La mayor crisis que atraviesa la UE ha cambiado el orden de las prioridades de Bruselas. La Comisión ha expresado ya su preocupación ante un otoño en el que, sin medidas que lo eviten, podrían aflorar las quiebras empresariales y el desempleo. Y para realizar el esfuerzo fiscal necesario para afrontar esa urgencia, empieza a cundir la idea de que será necesario un profundo cambio en las reglas fiscales. “El sistema de Maastricht está muerto y enterrado”, resume el diputado del grupo liberal de Renew, Luis Garicano. “El límite del 60% es historia”, coincide el eurodiputado socialista Jonás Fernández.

Bruselas decidió el pasado mes de marzo dar barra libre a los países para sobrepasar los límites de déficit y deuda fijados y rescatar a sus empresas. La brutal caída de la actividad económica exigía desembolsar entre 2 y 2,5 billones de euros. Según un trabajo del alto funcionario comunitario Marco Buti, solo en la fase de emergencia la UE requirió de una inversión extra de 800.000 millones de euros. Ahora encara otras dos etapas: la transición, para la que necesita 500.000 millones, y una recuperación que demanda 1,2 billones.

A falta de un plan de recuperación europeo, esa factura por ahora corre a cuenta de las finanzas nacionales. Y según fuentes comunitarias, todo indica que las reglas fiscales seguirán suspendidas hasta al menos 2022. El Consejo Fiscal Europeo, de hecho, advirtió a los ministros de Finanzas de que “una retirada de los estímulos fiscales sería prematura” y les aconsejó no hacerlo hasta que el producto interior bruto (PIB) de la zona euro regrese a niveles anteriores a la crisis. La vicepresidenta española, Nadia Calviño, explicó que entre los ministros de Finanzas de la zona euro hay una “coincidencia absoluta en la necesidad de mantener políticas fiscales expansivas” en 2021.

El mayor gasto, no obstante, se traduce en deudas más abultadas. Bruselas prevé que 12 de los 19 países la zona euro estén en 2021 por encima del límite de deuda del 60% del PIB. Y de estos, siete lo estarían con una deuda superior al 100%, dejando desfasado el umbral fijado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. O en palabras del presidente del Consejo Fiscal Europeo, Niels Thygesen, convirtiéndolo en una meta “poco realista”. “El umbral del 60% no tiene ningún sentido. No se basa en ninguna evidencia empírica”, coincide el investigador de Bruegel, Grégory Claeys.

La cuestión, pues, no solo es hasta cuándo estarán suspendidas las normas. “No deberíamos volver al pacto anterior. Las reglas actuales imposibilitan que las posiciones fiscales de los 19 países miembros agregadas tengan que ver con lo que necesita la zona euro en su conjunto”, explica Fernández. Garicano considera que las reglas deben ser “más sencillas y más específicas para cada país”. “Y que se puedan cumplir”, agrega.

En una nota reciente, el Consejo de Análisis Económico —el órgano asesor francés— señala que el techo del 60% fijado a finales de la década de 1980 en un anexo del Tratado de Maastricht “está hoy obsoleto” dados “los niveles de endeudamiento proyectados para la zona euro” y el entorno de tasas de interés y crecimiento, que poco tiene que ver con esa época. “La crisis pandémica impone definitivamente una redefinición en profundidad del marco presupuestario europeo”, subraya. La nota señala que, si bien entre 1999 y 2019 la deuda pública de la zona euro se había más que duplicado, la carga de intereses había bajado en 2,5 puntos del PIB.

Varias posiciones

Antes de la pandemia, París, Roma o La Haya ya pusieron en cuestión el actual marco. Nadie estaba contento con unas reglas que requieren de una guía de 200 páginas. Todos coincidían en que se necesitaba más sencillez. Pero acto seguido unos pedían también más flexibilidad y otros, menos discrecionalidad.

La pandemia obligó a aparcar el debate sobre la reforma hasta el año que viene, aunque también ha elevado las expectativas de cambios. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, afirmó en una entrevista a EL PAÍS que la situación que la UE viva en primavera influirá en esa discusión. “Necesitamos que esas reglas se adapten a la situación”, sostuvo. También el expresidente del Eurogrupo, Mário Centeno, instó a cambiar las reglas.

Algunas capitales, sin embargo, esperan que las reformas económicas vayan más allá del marco fiscal. El eje francoalemán ya planteó antes de las elecciones europeas cambios en la política de competencia para que las empresas del continente puedan hacer frente a las de China o Estados Unidos. “Hay que conciliar la política industrial, la comercial y la de competencia. Ahora es la ocasión de hacerlo”, reiteró la semana pasada el titular de Finanzas francés, Bruno Le Maire.

“Después de la crisis habrá un nuevo modelo para el Pacto de Estabilidad, el Semestre Europeo y para el control de ayudas de Estado”, sostienen fuentes diplomáticas. La reforma de las reglas de competencia, sin embargo, provoca rechazo en países como España o Portugal, que temen que pueda convertirse en una ventaja competitiva para los países con más margen fiscal. “La política de competencia actual es la joya de la corona de la UE y creo que debe preservarse para evitar distorsiones”, sostiene Garicano.

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