El caos de certificar la seguridad frente al virus

Los locales de José Molina, empresario hostelero y hotelero de Torremolinos (Málaga), exhiben desde principios de mayo un sello que acredita que cumplen los protocolos de seguridad contra el coronavirus. Es lo que comúnmente se ha venido denominando certificado covid-free o libre de covid, una terminología de la que rehúyen todas las entidades del sector turístico, las de consumidores y las auditoras, ante la imposibilidad práctica de garantizar que se ha eliminado completamente el riesgo. Pero, en tiempo de pandemia, opera como reclamo para los clientes. Estos distintivos garantizan que el empresario ha implementado y cumple con todos los protocolos nacionales e internacionales relacionados con su actividad para minimizar las posibilidades de contagio. “Quienes vienen a comer a mis restaurantes no están necesariamente más seguros, pero sí más tranquilos”, señala Molina.

Cuando él se interesó por este tipo de sellos apenas existían en el mercado, pero en un par de semanas la oferta se ha vuelto abrumadora. Las distintas asociaciones del sector turístico —a nivel nacional, regional y local―, las grandes entidades certificadoras, algunas comunidades autónomas y el Gobierno, a través del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), han lanzado sus propios distintivos. Algunos se basan casi exclusivamente en una declaración responsable del empresario y quedan pendientes de una posterior inspección; otros exigen un sistema de auditoría previo que acredite la implementación de todos los protocolos y medidas de seguridad e higiene, la formación de los trabajadores o el cumplimiento de criterios de seguimiento y aislamiento en el caso de que se detecten casos positivos.

Esta falta de homogeneidad de los sellos se ha convertido en un problema tanto para el empresario como para el cliente, poniendo en riesgo su efectividad. Las grandes asociaciones demandan uniformidad, pero la fragmentación del sector turístico y la falta de liquidez generalizada, después de casi tres meses sin ingresos, hace que no todos estén en condiciones de asumir el coste de una auditoría ―que oscila entre los 100 y los 4.000 euros― para obtener un distintivo que, a las puertas de una temporada incierta, podría suponer la diferencia entre atraer clientela y la ruina.

“Ahora mismo existe un gran desconcierto entre las empresas por la cantidad de sellos y por la indefinición de los protocolos de seguridad. La desorientación es monumental y el consumidor no tiene tampoco por qué saber cuál es la mejor”, explica el consultor Óscar Gracia. “La falta de un referente internacional, una norma ISO de la covid-19, acentúa esa sensación de confusión”, incide. Doce de las 21 guías de prevención para los subsectores turísticos que el ICTE elaboró de manera gratuita a iniciativa de la Secretaría de Estado de Turismo se han convertido ya en especificaciones técnicas UNE, un paso esencial de cara a actuar como referente en España de los protocolos de seguridad en materia de covid-19 para el sector.

El ICTE ―en la que están presentes las comunidades autónomas, los municipios y las patronales del sector turístico― ha creado el sello Safe Tourism Certified, que se está implantando a través de las principales empresas auditoras. “Las asociaciones y las Administraciones Públicas nos trasladaron su interés por cómo realizar la implantación de las guías, y el sello es el broche para constatar que se han ejecutado todos los esfuerzos posibles”, explica el presidente del ICTE, Miguel Mirones. Este sistema implica un coste de auditoría para el interesado que desde algunas regiones, como la andaluza, y determinadas asociaciones, ha sido cuestionado ante la situación de precariedad por la que están pasando muchos empresarios.

La Junta de Andalucía o la Diputación General de Aragón han lanzado sus propios sellos gratuitos de destino seguro, al igual que otras asociaciones como la de Hostelería, que se apoyan en una declaración responsable. Mirones las apoya como opciones válidas, pero advierte del riesgo que puede suponer de cara al turismo internacional la proliferación de marcas regionales. “Si todos hacemos lo mismo, transmitimos una imagen de que España es un valor seguro, que cada territorio se quiera desmarcar no contribuye a reposicionarnos en el mercado”, afirma, y avanza que ya han recibido cientos de peticiones para certificarse con su sello.

A Molina su certificado le costó 700 euros. Para acondicionar todos sus establecimientos ―cinco restaurantes, un bar de copas, un hostal y 60 apartamentos turísticos― invirtió alrededor de 8.000 euros, un desembolso que le compensa. “Garantizar que cumplimos unos protocolos de seguridad tiene que tener un coste (...), pero entiendo que un pequeño empresario no pueda ni tenga que pagar por la auditoría”, reconoce. Molina, sin embargo, aprecia riesgos en las declaraciones juradas en las que se basan otros sellos de seguridad frente a la covid-19. “No es tanto porque se dude del empresario, sino porque él no sepa que está haciendo algo de manera incorrecta. ¿Quién se responsabiliza de un fallo si se ha actuado de buena fe? Las Administraciones deberían apoyar la certificación, en lugar de dejar toda la responsabilidad en el empresario o el trabajador”, sostiene.

“Una autoevaluación nunca es imparcial”, advierte Gracia. Para el consultor una empresa de tamaño medio debería optar por la certificación. “Lo primordial es generar seguridad para tus trabajadores, tus proveedores y tus clientes, pero si eres un autónomo o un empresario pequeño, una declaración responsable podría bastar”, añade.

“La cuestión es cómo implementar los sellos de forma rápida y eficiente, barata y sencilla para el establecimiento, pero a la vez sustentado en una rigurosa inspección, algo no muy compatible con los tiempos de operación de la Administración Pública”, opina José Ignacio Castillo, profesor de Economía de la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Andaluz de Turismo. La demanda de este tipo de distintivos ha crecido exponencialmente. “Esta es la certificación que en un espacio menor de tiempo ha tenido una demanda más potente en toda la historia de AENOR”, reconoce su consejero delegado, Rafael García Meiro. Asegura que desde que comunicaron su certificación se han interesado “miles de empresas”, las más numerosas de sectores como la alimentación, movilidad, sector sanitario o centros comerciales. En la actualidad, tiene 40 procesos de certificación en marcha. El tiempo medio para la entrega del sello suele ser de un mes. AENOR tiene su propio sello, pero también actúa como auditor del distintivo del ICTE. La tarea de las auditoras, ilustra García Meiro, va más allá de cuestiones de limpieza o barreras físicas: “Para que sean eficaces a largo plazo deben incluir áreas como la formación e información de trabajadores, comunicación o gestión de los residuos”.

Hasta obtener su sello, Molina no había tenido el interés por tener ninguna otra certificación. Pero ahora el distintivo ha sido un plus. “Lo he incorporado en mis páginas web y en redes sociales, la gente se interesa, pregunta y eso genera confianza”. En su primer fin de semana de reapertura ya tenía 25 reservas para sus alojamientos turísticos.

Un distintivo único con objeciones

Ante la avalancha de sellos, el profesor Castillo lo tiene claro: “Cuanto mayor sea el renombre del organismo certificador, mayor será el efecto”. Una apreciación similar a la de Exceltur. Su vicepresidente ejecutivo, José Luis Zoreda, destaca la oportunidad que supone un distintivo único, y advierte de la merma que para su implantación puede suponer la aparición de identificativos distintos: “Hay importantes compañías que se están desmarcando, como las grandes cadenas hoteleras que como marca ya ofrecen una garantía reconocible para sus clientes; si cada comunidad autónoma implanta sus propios protocolos esto va a restar autoridad a un sello nacional”.

La Federación Española de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) también es partidaria de un sistema lo más homogéneo posible ―“el sello tiene que ser como la Coca-Cola, que lo reconozcan en todo el mundo”, recalca Carlos Pérez Lanzac, miembro de su junta directiva ―, y reclama que la certificación no tenga coste. La Asociación de Hosteleros de España también pide un único sello, aunque ellos han creado el suyo propio, basado en la declaración jurada: “Somos un sector responsable y ya estamos acostumbrados a actuar con este tipo de instrumento”.

El secretario general de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT), Luis Miguel Rondón, pide más responsabilidad a Europa. “El usuario no es un científico y debería existir una unificación. No puede haber muchos responsables. Las iniciativas de los países, las comunidades o de las asociaciones no tienen por qué ser malas, pero deben coordinarse, si no acabaremos como con las mascarillas, que no sabremos cuál es el sello de homologación auténtico, generando más desconfianza”, advierte.

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