Una decisión histórica

Los líderes de los principales sindicatos europeos y españoles han enviado una carta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que defienden que apoye la propuesta de la Comisión Europea de crear un fondo de reconstrucción dotado con 750.000 millones de euros, dos tercios de los cuales serán subvenciones, según la carta a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Las organizaciones sindicales remarcan que estas ayudas no deben estar ligadas a una condicionalidad que exija ajustes o recortes, sino que estas subvenciones se deben destinar a una transición hacia una economía verde y digital.

El contenido de la carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y que está promovida por Luca Visentini, secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES); Laurent Berger, presidente de la CES; Pepe Álvarez, vicepresidente de la CES y secretario general de UGT; Unai Sordo, secretario general de CC OO; Joaquín Pérez, secretario general de USO, es el siguiente:

“Estimado presidente:

Como sabemos que compartes con nosotros, la Unión Europea (UE) se enfrenta a la recesión más profunda de su historia, y la decisión que los líderes europeos tomaréis en la reunión virtual del Consejo Europeo del viernes tendrá consecuencias definitivas para la vida de millones de personas y para el propio futuro Europa.

Los líderes europeos tendréis que tomar una decisión histórica el viernes cuando discutáis sobre cómo evitar que una crisis sanitaria se convierta en una crisis social, económica y puede que política: ¿Se habrán aprendido las lecciones de 2008 y se elegirá una recuperación basada en la solidaridad y la sostenibilidad, o se optará de nuevo por la austeridad y la autopreservación cortoplacista con el consiguiente riesgo de división a largo plazo?

La confianza de la ciudadanía en la UE cayó en todos los Estados miembros tras la crisis financiera de 2008, con dramáticos descensos en los países más afectados por los regímenes de austeridad y que conllevó la desaparición puestos de trabajo, recortes salariales y que recortó la asistencia sanitaria y los servicios públicos. Todavía no nos hemos recuperado totalmente de esa crisis y los efectos de esta nueva conmoción están empezando a notarse.

En el primer trimestre de este año, el PIB de la UE experimentó su mayor descenso en 30 años, mientras que el número de personas que trabajan se invirtió por primera vez desde 2013. Casi 60 millones de trabajadoras y trabajadores han sido despedidos o se encuentran en paro temporal y millones de empresas, sobre todo pymes, están en riesgo de quiebra. El número de puestos de trabajo y de empresas que se pierdan de forma permanente dependerá de la respuesta política a la crisis.

Por eso el conjunto de responsables políticos deben apoyar la propuesta de la Comisión Europea de un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros, dos tercios de los cuales vendrán, acertadamente, en forma de subvenciones en lugar de préstamos para no generar una deuda pública adicional insostenible, y un nuevo presupuesto de la UE lo suficientemente elevado como para hacer frente al desafío que se avecina.

Si lo hacen, y luego lo acompañan con una acción nacional inteligente respaldada por esta financiación de la UE, se podrán salvar millones de puestos de trabajo y crear incluso otros nuevos y de calidad, y la inversión pública podría aumentar en un tercio, un paso importante en la dirección correcta. Esto tendrá que ir acompañado de un apoyo masivo a la demanda económica interna y a la productividad, lo que solo puede lograrse mediante un aumento salarial negociado por sindicatos y patronales en el ámbito de la negociación colectiva.

Esta vez las condiciones propuestas no pueden vincularse a la consolidación fiscal, sino que deben ser inversiones en la transición hacia una economía verde y digital, en lugar de privatizaciones o la destrucción de la negociación colectiva. Estas condiciones son un comienzo, pero también se necesita inversión para abordar el empleo de las personas jóvenes y apoyar los servicios públicos, la atención sanitaria y la educación y la formación.

Ningún recurso de la UE debe ir a parar a las empresas que se nieguen a negociar salarios y condiciones de trabajo con los sindicatos o que impidan la financiación a los servicios públicos mediante la evasión, elusión o el fraude fiscal. Del mismo modo, las empresas que reciban dinero público deberán proporcionar trabajos dignos y colaborar para alcanzar los objetivos climáticos de una manera socialmente justa. Sindicatos y patronales debemos participar en el diseño y la aplicación de los planes nacionales de recuperación.

El plan de recuperación tiene el potencial de restaurar la confianza en Europa que la ciudadanía perdió durante la última crisis, marcando una verdadera diferencia en las vidas de los trabajadores y las trabajadoras cuando más lo necesitan. Y tiene que hacerlo de manera rápida: nadie agradecerá a sus representantes políticos el haber mantenido discusiones interminables mientras se pierden puestos de trabajo.

El plan que discutiréis el viernes contiene parte del espíritu de la propuesta que realizó el Gobierno de España y cuenta con el apoyo de la mayoría de los Estados miembros.

Hemos trabajado y seguimos haciéndolo para que los que se oponen al plan asuman su responsabilidad y no presionen para que se establezcan condiciones severas que harían que los países más afectados por el coronavirus sufran aún más.

Ningún país causó esta pandemia, por lo que ninguno debe pagar por sus consecuencias. Así como el virus no ha respetado las fronteras, tampoco lo hará la recesión. En un mercado único, como lo es el de la UE, una crisis en una parte de Europa debilitará la economía de todo el continente. E, inevitablemente, otra prolongada crisis económica y social se convertirá en una crisis política, poniéndose en riesgo la cohesión europea, la democracia y el futuro del proyecto europeo. El plan de recuperación es la única manera de garantizar que Europa salga de estos tiempos difíciles de forma más justa, más verde y más unida”.

Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CC OO)

Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT)

Joaquín Pérez, secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO)