CC OO y UGT abogan por regular el teletrabajo y mantener los ERTE
Los sindicatos defienden un nuevo modelo económico en su plan de reconstrucción tras la pandemia
![Gorka R. Pérez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Ff0156c12-27d5-4ba5-af0b-fd7a705607c2.png?auth=02f12f1e3758daff175eab4f810ba02d9722baec92ae963abdb271696f454c27&width=100&height=100&smart=true)
Los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han presentado este jueves las líneas maestras de la Propuesta sindical para la construcción de un nuevo país, que explicarán en la próxima sesión de la comisión parlamentaria para la reconstrucción, y en la que se dibujan los distintos cambios estructurales que ambas organizaciones sindicales consideran necesarios para el diseño de un nuevo escenario económico y social pos-covid-19. Las centrales defienden regular el teletrabajo y mantener los ERTE.
En la propuesta se contemplan estrategias de mejora en la digitalización y sostenibilidad medioambiental de las empresas, además de una modernización de las administraciones públicas. Y todo ello en conjunción con un análisis de las fortalezas y debilidades de los principales sectores productivos del país, como la industria, el turismo o la energía. La regulación de las nuevas dinámicas de trabajo derivadas de la aparición de la pandemia, como el teletrabajo, y la continuidad de herramientas clave como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que han logrado contener la hemorragia económica de muchas empresas, constituyen otras de las medidas propuestas por los sindicatos.
“Las casas están para vivir, no para que alguien se ahorre el alquiler en locales, y por ello es necesario que abordemos la regulación del teletrabajo de manera calmada para que nadie pueda aprovecharse de una precipitación que acabe perjudicando a los trabajadores", ha advertido Sordo, que también ha querido matizar que la ampliación de la fecha en la que podrían seguir aplicándose los ERTE por fuerza mayor, y que el ministerio de Trabajo quiere llevar hasta septiembre, “no nos genera ningún problema, ya que lo importante para nosotros es mantener estos derechos y garantizar que sigan mientras existan causas de fuerza mayor que eviten los despidos en esas empresas”.
La extensión de los ERTE hasta el 30 de junio ya fue pactada por el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Álvarez ha destacado la importancia de acuerdos como este: “El diálogo social en esta pandemia ha mostrado sus credenciales por haber puesto el contrapunto de llegar a consensos en un momento de crispación política evidente”.
Ambos líderes han esbozado diversos planes de acción en función de los tres escenarios de tiempo en los que se sucederían las distintas fases de la recuperación. En el corto plazo, el secretario general de UGT ha advertido de la necesidad de “restablecer la normalidad en el consumo”. Para ello, sería importante, según Álvarez, que, “más allá de las iniciativas del Gobierno en uno u otro sector, seamos capaces de hacer un acuerdo para incentivar el sistema productivo que nos permita en un plazo corto de tiempo recuperar la mayoría de los trabajadores que están en un ERTE”. “Eso quiere decir hablar de planes para impulsar la economía”, ha apostillado.
El peligro de la brecha digital
En un escenario medioplacista, los sindicatos abogan por la recuperación de “sectores que ya venían tocados, como la industria”, para el que reclaman “un acuerdo estratégico dirigido a la innovación y transformación digital en sintonía con la economía verde, que le permita pasar del 14% del PIB al 20%, que era el objetivo que nos habíamos marcado en la Unión Europea”, ha explicado Álvarez. “Es clave en este momento que los recursos que vengan sean correctamente catalizados, además de que detectemos qué sectores productivos tienen futuro. Uno de ellos es el turismo, en el que se pueden hacer inversiones para tener empleos de mayor calidad y menos estacionales”, ha completado Sordo.
Del mismo modo, ambos sindicatos mayoritarios defienden un aumento en la dotación presupuestaria del sistema sociosanitario, “que nunca podría encontrarse por debajo del 7,6% del PIB”. A este respecto, los mandatarios han reclamado un proceso de investigación “que ponga luz sobre qué pasó en las residencias de ancianos de este país y qué medidas se deben tomar para que no vuelva a pasar”. “Los profesionales han dado una respuesta heroica, pero hemos tenido deficiencias serias. No han funcionado los sistemas de dependencia, y hay que hacer una auditoría para replantear el modelo de esos servicios. El modelo público ha salido reforzado de esta pandemia”, ha indicado Sordo.
El líder de CC OO ha señalado a la educación como otro de los vectores principales sobre el que incidir: “Ojo a la brecha digital que se ha abierto en España en el acceso a la educación, porque puede marcar una diferencia abismal entre alumnos en cuanto al regreso a las aulas del próximo curso”.
Junto a estas transformaciones, entre las que también se incluye la del sector energético, una de las medidas clave del programa tiene que ver con la creación de una banca pública “que permita al Estado llegar hasta las pequeñas y medianas empresas, además de a muchos autónomos que han visto cómo desde el primer día en el que podían solicitar un crédito a la banca privada les ha sido denegado en favor de otro tipo de clientes preferenciales, o de los propios bancos”, ha denunciado Álvarez. El secretario general de la UGT ha celebrado la adopción de medidas de ayuda por parte de la Unión Europea “que en ningún caso comportan la presencia de hombres de negro ni de programas de recortes sociales”.
Dentro del marco europeo, la propuesta de CCOO y UGT contempla una reforma fiscal integral “que nos acerque a la contribución media que hacen los países de la zona euro, en la que nos situamos a seis puntos de diferencia. Con esos 77.000 millones de euros que se podrían recaudar si estuviéramos en la media nos daría para casi todo”.
Tanto Álvarez como Sordo han mostrado su satisfacción por la aprobación en el Congreso del decreto del ingreso mínimo vital, aunque han asegurado que “tiene márgenes de mejora en cuantías y beneficiarios, porque hay cuestiones que están sin resolver”.
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