El BCE advierte de que no está permitida la eliminación del dinero en efectivo en la eurozona

La propuesta del PSOE, conocida este sábado, de eliminar de forma gradual el dinero en efectivo en España ha resultado ser contraria a los criterios de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE). El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que se pide “la eliminación gradual del pago en efectivo, con el horizonte de su desaparición definitiva”, y que está pendiente de encontrar una fecha para su debate. Sin embargo, esta iniciativa, adelantada por EL PAÍS, vulnera los principios del Tratado de la Unión Europea, que establece que los billetes y monedas de euro son de curso legal, lo que imposibilitaría que el Gobierno tomara esta medida.

La Comisión Europea ya aclaró esta posición en 2010, cuando determinó que “la norma debe ser la aceptación de billetes y monedas en euros como medio de pago en transacciones minoristas”. Y continúa: “Una denegación de esta forma de pago solo debería ser posible si se basa en razones relacionadas con el principio de buena fe, como que el minorista no tenga cambios disponibles”, apunta la Comisión.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda admitió que se está planteando una reforma legal, quizá para este mismo año, que rebaje de 2.500 a 1.000 euros los pagos en metálico entre profesionales, ya que entre particulares seguirían limitados a 2.500 euros, como ya intentó el Gobierno socialista en 2019, sin éxito. La medida está enmarcada en una serie de propuestas que buscan acabar con la economía sumergida y elevar la recaudación de impuestos ante las necesidades que ha impuesto la pandemia. Sobre esta propuesta, el BCE, autoridad monetaria, tiene una posición contraria, ya que considera que es “desproporcionada” porque entiende que limitar en exceso el uso de billetes o favorecer su desaparición perjudicaría a los colectivos sociales más vulnerables, como los ancianos, inmigrantes y habitantes de las zonas rurales.

El riesgo de la moneda de curso legal

La posición del BCE, que no es vinculante, se manifestó en febrero de 2019, pero hoy sigue vigente, según ha podido saber este diario. A petición del Banco de España, el Banco Central afirmó que considera la reducción del límite de pagos en metálico hasta los 1.000 euros “desproporcionada, a la luz del impacto potencialmente adverso que originaría en el sistema de pagos en efectivo. De hecho, este límite dificulta la liquidación de transacciones legítimas y pone en peligro el concepto de moneda de curso legal consagrado en el Tratado”.

En una carta firmada por el propio Mario Draghi, expresidente del BCE, se advierte de que acabar con el efectivo podría ser un problema cuando hubiera fallos en “las infraestructuras técnicas subyacentes utilizadas por los proveedores de servicios de pago”, es decir, problemas de suministro eléctrico o de la red de Internet.

También recuerda al Gobierno que “el efectivo es apreciado como un instrumento de pago porque es aceptado por todos, rápido y facilita el control sobre el gasto del pagador. Además, es el único medio de pago que permite a los ciudadanos transacciones líquidas e instantáneas sin tener que pagar tarifas por el uso de este medio de pago”. De esta forma hace alusión a que el uso de las tarjetas por parte de los ciudadanos permitiría a los bancos establecer comisiones imposibles de eludir si se hace obligatorio el uso de las transacciones electrónicas.

En 2019, el Gobierno también barajó limitar a 10.000 euros los pagos en efectivo realizados por personas físicas que no son residentes fiscales en España. El BCE dijo que esta medida no estaba justificada y que la sanción establecida en el anteproyecto de ley, el 25% de la cantidad pagada, “parece desproporcionadamente alta”.

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