La Audiencia fija la declaración de Guindos y de Botín a partir de septiembre por el caso Popular
El vicepresidente del BCE lo hará por videoconferencia y el expresidente del Santander España, Rodrigo Echenique, acudirá el próximo 15 de octubre
Cuando está a punto cumplirse el tercer aniversario de la quiebra del Banco Popular, se reactiva el caso que había quedado adormecido por la pandemia. Tras retrasar todas las declaraciones fijadas debido a la declaración del estado de alarma, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha reubicado las fechas de las citaciones, previstas para esta primavera.
Entre las declaraciones más relevantes que están pendientes, el primero que acudirá será el exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, que comparecerá como testigo en la causa que investiga a la gestión de los dos últimos equipos directivos, presididos por Ángel Ron y Emilio Saracho. Guindos acudirá el próximo 30 de septiembre, y podrá declarar por videoconferencia. La presidenta del Santander, Ana Botín, acudirá a la Audiencia el 8 de octubre. El Santander adquirió el Popular por un euro tras absorber 2.000 millones de sus recursos propios.
En una providencia conocida este miércoles, el juez también emplaza al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, para el próximo 17 de septiembre.
El magistrado cita, asimismo, a otras siete personas, entre ellas, quien fuera presidente no ejecutivo del Santander España en junio de 2017, esto es, cuando se produjo la compra del Popular, Rodrigo Echenique. Declarará el próximo 15 de octubre.
Cruce de acusaciones entre Ron y Saracho
Hasta ahora, los dos expresidentes del banco quebrado han lanzado acusaciones cruzadas en la instrucción del caso Popular, que investiga las presuntas irregularidades que acabaron con el desplome de la entidad.
Emilio Saracho, el que fuera presidente del Banco Popular en el momento de su quiebra, ha acusado indirectamente a su antecesor, Ángel Ron, de ocultar la situación real de la entidad, que precisaba más provisiones de las realizadas y, por lo tanto, tenía pérdidas no declaradas. Esta es la línea que también siguen los informes de los peritos del Banco de España que trabajan para el juez que investiga la ampliación de capital de 2.500 millones en 2016 y la campaña de desprestigio que precipitó su caída en 2017. Ron, por su parte, acusó a Saracho de ser el instrumento de una maniobra externa para quedarse con el banco a bajo precio, según fuentes jurídicas.
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