Todos contra todos en la gran quiebra del Popular

Hace dos años, el 7 de junio de 2017, se produjo la defunción del Banco Popular, cuando pasó a manos del Santander por un solo euro, pero su muerte comenzó mucho antes. La entidad —con 91 años de historia— inició el camino hacia el desastre cuando se entregó al crecimiento forzado a través del ladrillo y, tras el hundimiento de la economía, no pudo digerir todo lo adquirido cuando se convirtió en basura. Incluso antes de Lehman Brothers, en 2007, y en 2008, llegaron varios avisos a la cúpula de la entidad, alertando de que estaba entrando en un camino minado, pero no quiso o no pudo rectificarlo.

El Santander, como único postor, se quedó con el banco por un euro y absorbió 2.000 millones del capital del Popular, si bien inyectó 13.000 millones en liquidez para atender a los clientes y amplió capital en 7.000 millones.

Ahora, en el segundo aniversario de su rescate, el proceso judicial está en pleno apogeo de demandas y querellas cruzadas, pero sin avances en los grandes procesos. Algunos pequeños accionistas han acudido a los juzgados de primera instancia para reclamar su inversión en la ampliación de capital de 2016 argumentando que se hizo con información falsa. Buena parte de ellos están ganando y, en algunos casos, el Santander paga y no recurre.

Sin embargo, la gran batalla judicial es la de los grandes accionistas, los bonistas y los gestores, que son demandados y demandantes; se ha iniciado el juego de todos contra todos. Según algunos juristas puede ser uno de los juicios más complejos de Europa que pasará por Madrid, Bruselas, Luxemburgo, Nueva York y México. Los accionistas van contra los gestores y los auditores (PwC); los gestores a por los reguladores por intervenir el banco; los bonistas (850 millones perdidos) contra los reguladores españoles (FROB) y los comunitarios (JUR), así como los exgestores y el Santander. Se han presentado 1.063 reclamaciones y 262 recursos contra el FROB.

Contra los accionistas y contra el Estado español

A su vez, el Santander reclama los sueldos que recibieron los antiguos gestores (del equipo de Ángel Ron) tras su fallida gestión. Un despacho, Cremades&Calvo Sotelo, cercano al expresidente Ron, va contra un grupo de ex grandes accionistas del Popular, la familia mexicana Del Valle, que, a su vez, también pleitea contra el Estado: han presentado dos solicitudes de arbitraje contra el Reino de España y reclaman los 470 millones. “Dos años después de la resolución del Popular, España, la UE y el Santander continúan, de manera persistente, en sus esfuerzos por evitar cualquier tipo de transparencia” sobre este hecho, dice el abogado de Del Valle, Javier Rubinstein, del despacho Kirkland & Ellis.

El caso más relevante se desarrollará en la Audiencia Nacional. Allí se han repartido en diez grupos a los más de 100 abogados presentes por la imposibilidad de encontrar una sala donde realizar el juicio. Esta decisión ha sido recurrida y fuentes judiciales comentaron que en septiembre podrían empezar el juicio oral.

El caso se ha dividido en las supuestas irregularidades contables con las que se hizo la ampliación de capital del Popular en 2016 por 2.505 millones, así como la administración desleal de los gestores. Por otro lado, se analiza una presunta manipulación del mercado por parte del expresidente Emilio Saracho, según el bufete Cremades. La CNMV realizó un informe en el que concluyó que no hubo manipulación de las acciones. También está imputado el Popular y, por tanto, su nuevo dueño, el Santander, como responsable económico. Por si este lío no fuera suficiente, la CNMV y el Banco de España han abierto sendos expedientes a los gestores por incluir datos inexactos o no veraces en las cuentas de resultados.

Las asociaciones de consumidores aportan el ejército de reclamaciones. Según Manuel Pardos, presidente de Adicae, cuentan con unos 1.500 accionistas, con una inversión media de 25.000 euros. En su opinión, es muy grave que el organismo que resolvió el banco, la Junta Única de Resolución (JUR), de Bruselas, todavía no haya aclarado todos los términos de la intervención tras los dos años transcurridos. Por su parte, la OCU ha presentado la primera demanda civil de 300 socios que reclaman más de 7,5 millones a los que hay que sumar intereses y costas. La organización de consumidores lamenta “la lentitud del procedimiento”.

Entre los bufetes más poderosos está Quinn Emanuel, que representa a Pimco, el mayor tenedor de bonos del mundo, Anchorage y Algebris. Richard East, de este despacho, cree que “la JUR hizo una valoración incompleta y apresurada y la Comisión Europea no revisó y evaluó bien la propuesta de resolución antes de decidir sobre la misma”.

Pudo ser un Bankia II

En estos dos años, las mayores novedades han llegado por el informe de los peritos del Banco de España, así como por los documentos del este organismo y del Banco Central Europeo (BCE) que se han aportado a la causa. “Ahora todos sabemos más que cuando se hundió el banco y queda claro que el final del Popular no se debe resumir como un problema de liquidez. Las dos ampliaciones, de 2012 y 2016, fueron insuficientes para provisionar el ladrillo, solo sirvieron para ganar tiempo”, apunta un antiguo gestor que pide el anonimato.

Los peritos sostienen que el Popular era solvente cuando cayó, aunque Saracho lo iba a colocar, al final de junio, por debajo del nivel mínimo de capital por falta de provisiones. También dicen que ocultó pérdidas por las malas tasaciones. Y los peritos señalan que las palabras de Saracho en la junta de accionistas de abril provocaron una fuga de depósitos que precipitó todo.

El fin del Popular no costó un euro a los contribuyentes, pero si no estalló una nueva crisis, un Bankia II, fue porque funcionó la única bala que había, el Santander. Las complejas reglas europeas no protegieron al sistema del desastre: se dejó caer por falta de liquidez un supuesto banco solvente. Ahora todo se resume en saber si solo hubo mala gestión o también engaños, y, otra vez, si funcionó bien el Banco de España y el auditor PwC.