El acuerdo entre el Gobierno y Bildu permitirá a País Vasco y Navarra endeudarse más

El acuerdo que se conoció en la noche del miércoles entre el Gobierno de coalición y EH Bildu no deja de causar revuelo. A cambio de que la formación liderada por Arnaldo Otegi no se opusiera a la quinta prórroga del estado de alarma, PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a “derogar de manera íntegra” la reforma laboral del PP, aunque más tarde rectificaron. Pero el texto también tiene un segundo apartado, que ha pasado desapercibido, y que menciona dos compromisos: revisar la regla de gasto de las Administraciones locales y regionales y ampliar la capacidad de endeudamiento de Navarra y País Vasco.

El primer compromiso consiste en relajar las reglas fiscales a Ayuntamientos para que gasten más y permitir a País Vasco y Navarra endeudarse más. El texto menciona de forma genérica, sin limitar su alcance a País Vasco y Navarra, que “las entidades locales, forales y autonómicas dispondrán de mayor capacidad de gasto” para financiar políticas dirigidas a paliar los “efectos sociales” causados por la pandemia del coronavirus. Algo que el Gobierno ya está estudiando y para el cual ya ha puesto en marcha acciones concretas: un fondo de 16.000 euros no reembolsable para las regiones, que no computará para las reglas presupuestarias, y la posibilidad para los Ayuntamientos de usar parte del superávit logrado en 2019 ―aunque con muchas restricciones― para políticas sociales vinculadas a la emergencia sanitaria.

El acuerdo entre las tres formaciones políticas añade una coletilla en referencia a los Ayuntamientos, especificando que estos desembolsos adicionales de los municipios no computen a efectos de la regla de gasto, una petición que también ha avanzado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y sobre la cual Hacienda está trabajando.

Los municipios lograron cumplir en 2019 con el objetivo de estabilidad presupuestaria y cerraron el año con un superávit del 0,3% del PIB. Es decir, ahorraron unos 3.800 millones. Además, guardan unos 28.000 millones resultado de los superávits acumulados desde 2012, pero que no pueden usar so pena quebrar la regla de gasto, que impide a las Administraciones elevar sus desembolsos por encima de un determinado umbral para garantizar el equilibrio de las finanzas públicas.

“Se propone que en el caso de las corporaciones locales el gasto destinado a paliar los efectos sociales del coronavirus no se tenga en cuenta a efectos de la regla de gasto. Esto les permitirá gastar más que ahora, pero entiendo que el dinero tendría que venir de los recursos que ya tienen, y en particular de los excedentes que han acumulado en los últimos años”, analiza Ángel de la Fuente, director de Fedea, aunque subraya que el texto es poco preciso. “En el caso de los municipios relajar regla de gasto tiene sentido ahora, pero hay que hacerlo con cierto cuidado”, alerta. Un diagnóstico parecido al que hizo hace tan solo una semana la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que consideró razonable emplear los remanentes de los Ayuntamientos, siempre y cuando cumplan con el objetivo de déficit y los desembolsos extra no se conviertan en gasto estructural.

Otro escenario se abriría si esta flexibilización se ampliara a las comunidades: el año pasado acumularon números rojos por el 0,5% del PIB (aunque hay que descontarle el efecto de la mensualidad de IVA de 2017 que no le fue devuelta, unos 2.500 millones). Navarra y País Vasco, sin embargo, lograron un superávit respectivamente del 0,47% y 0,44% del PIB. Fueron las únicas dos regiones en cerrar el año en verde, junto a Canarias. Si se descuenta el efecto del IVA, también registraron superávit Madrid, Galicia y Andalucía.

Capacidad de endeudamiento

La otra pata del segundo punto del acuerdo hace referencia a la “capacidad de endeudamiento” de País Vasco y Navarra, que “se establecerá exclusivamente en función de sus respectivas situaciones financieras”. Un asunto que sí levanta más ampollas entre los economistas consultados pese a la vaguedad de su redacción. Según Ignacio Zubiri, catedrático de la Universidad del País Vasco, este apartado “es un cheque en blanco para que País Vasco y Navarra gasten en políticas sociales y lo financien, si necesario, con endeudamiento siempre y cuando su situación financiera se lo permita”. Algo que, considera, pueden hacer sin problema.

A diferencia de las comunidades de régimen común, que solo recaudan una parte de los impuestos y después reciben transferencias del Estado, en el País Vasco y Navarra los tributos son recaudados íntegramente por las diputaciones forales, que luego abonan un cupo o aportación al Estado central para cubrir las competencias que no tienen asumidas. El problema, según muchos economistas y expertos en financiación autonómica, es que el cálculo de este cupo o aportación es opaco y esto finalmente provoca que las dos regiones forales aporten mucho menos a la solidaridad intraterritorial y tengan una financiación por habitante muy por encima que la media española.

“El endeudamiento de ambas comunidades es bajo en relación con sus ingresos, y recaudar todos los impuestos da a las comunidades forales una fortaleza financiera que les permite tener acceso sin problemas a los mercados financieros a tipos de interés razonables”, añade Zubiri. Las comunidades tienen cada año un objetivo de deuda conjunto, que para 2020 está fijado en el 23,4% (según las estimaciones hechas antes de que estallara la pandemia), pero luego a cada una se aplica un umbral distinto en función de la situación de sus cuentas. Otros economistas mencionan que habría que ver qué significa ese “exclusivamente” que se menciona en el acuerdo, pero consideran que no habría que dar libertad absoluta de endeudamiento a estas dos comunidades ya que podría derivar en un tratamiento asimétrico y perjudicar a las demás autonomías, que al contrario verían limitada su capacidad de endeudamiento.

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