América Latina frente al Gran Apagón
Responder a la emergencia exige un nuevo pacto social y una ampliación del espacio fiscal con deuda, incluso con la participación de los bancos centrales. Las políticas de austeridad solo prolongan las recesiones y agudizan la pobreza y la desigualdad
El coronavirus y la cotidianidad sanitaria dantesca que desató han sumido a la economía mundial en su colapso más agudo en casi un siglo, solo comparable al del crash de los años treinta del siglo pasado. Para América Latina el impacto de este Gran Apagón será devastador, pues su bienestar económico depende crucialmente de su desempeño en los mercados globales de bienes, servicios y de capitales. Y hoy es golpeada por el colapso del comercio internacional, de los precios de las materias primas que exporta, de los ingresos por turismo y por remesas familiares. Sufre, también, la caída de la inversión extranjera directa y fuga de capitales sin precedente, en un contexto de volatilidad financiera y cambiaria.
El efecto de este choque —mucho más intenso que el de 2008 y 2009— deprime la actividad empresarial, cierra negocios y elimina diariamente miles de puestos de trabajo, agudizando la pobreza y la desigualdad. Este drama inédito empuja a la región a la recesión más aguda y prolongada en su historia moderna. Para enfrentarla y aminorar el daño urgen respuestas extraordinarias de política económica y social en los ámbitos regional, nacional e internacional.
Para empezar, cabe subrayar que la magnitud de recursos a movilizar, la complejidad de decisiones en cuanto a distanciamiento social, identificación de actividades esenciales y canalización de fondos a salud y a otros objetivos prioritarios coloca al Estado en una posición especial. En la emergencia, es el único agente con credibilidad y capacidad legítima para tomar decisiones sobre el uso de recursos a escala nacional para enfrentar la pandemia, aplicar las políticas en el territorio y establecer sus mecanismos de financiamiento.
La política fiscal y social debe canalizar oportunamente recursos a: salud, asegurar la subsistencia de los más afectados por el parón económico y preservar puestos de trabajo con apoyos directos a empresas. Para acompañar el regreso ordenado a las actividades, debe aplicar una política contracíclica para impulsar la pronta recuperación económica.
En cuanto a política financiera, responder a la emergencia sanitaria-económica exige solventar la ampliación del espacio fiscal con deuda interna, quizá incluso con la participación directa de los bancos centrales. Tal financiamiento de la deuda pública puede conllevar riesgos para la estabilización macro de mediano plazo. Pero este es menor que la amenaza a la subsistencia de la población y que el riesgo a la paz social. Dada la emergencia, incluso algunas calificadoras de riesgo verían con buenos ojos programas contracíclicos aunque presionen el espacio fiscal en algunos puntos del PIB, si se acompañan de reformas fiscales a instrumentarse en el repunte para asegurar la sustentabilidad de la deuda. Es reconocido que las políticas de austeridad prolongan las recesiones y agudizan la pobreza y la desigualdad.
La ampliación sostenible de espacios fiscales nacionales hace indispensable la cooperación de organismos multilaterales para garantizar liquidez y respaldo financiero de balanza de pagos. También exige la regulación de flujos de capitales para minimizar el efecto devastador de su fuga que exacerba la restricción externa. Urge expandir las asignaciones de derechos especiales de giro del FMI. Además, para diversos países, la salida de la crisis actual presupondrá reestructurar deuda soberana y condonación parcial.
El Gran Apagón inaugurará respuestas extraordinarias —arriba señaladas— en políticas macroeconómicas y sociales a nivel nacional, nueva regulación regional de flujos de capitales y cambios en la arquitectura financiera internacional para aminorar presiones sobre países deudores. Hay coincidencia de que la organización de cadenas globales de producción habrá de repensarse, introduciéndole la noción de actividades esenciales.
La lección más importante que nos dejará la pandemia es reconsiderar la noción de lo público y lo privado en la búsqueda de una nueva agenda de desarrollo. Reveló que la salud de todos depende de la de los más vulnerables; muchos de ellos careciendo de acceso a agua para lo básico: lavarse las manos. Reveló una gran fragilidad social, en la que la subsistencia de vastas mayorías es vitalmente amenazada por interrupciones de unas cuantas semanas en la actividad productiva. Reveló lacerantes desigualdades entre jóvenes y niños cuando el cierre de escuelas canceló para muchos el acceso a educación de calidad, a desayuno y a un ambiente ajeno de violencia.
La pandemia y sus efectos obligan a pensar para la región una suerte de Plan Marshall basado en un nuevo pacto social global cuyo pilar sea asegurar, en un marco de derechos y obligaciones ciudadanas, protección social universal, manutención básica y acceso a educación de calidad. Su viabilidad residiría en el compromiso de los actores políticos, económicos y sociales relevantes por mucho mayor igualdad en la repartición de los beneficios del crecimiento, por una nueva agenda de desarrollo sustentable e incluyente. Sin este pacto, sin las políticas contracíclicas y cambios en el sistema financiero global, el futuro se cancela para los pobres de la región y con ello el nuestro en tanto que sociedad civilizada.
Nelson Barbosa es exministro de Hacienda de Brasil y profesor de la Fundación Getúlio Vargas, Pablo Bortz es profesor de la Universidad Nacional de San Martín, Santiago Capraro y Juan Carlos Moreno-Brid son profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Antonio Ocampo es exministro de Hacienda de Colombia y profesor de la Universidad de Columbia, Leonardo Vera es profesor de la Universidad Central de Venezuela y Matías Vernengo es profesor de la Universidad Bucknell.
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