Dietas que debilitan: cuando el ahorro empobrece

Hace unos días en México se declaró la fase 2 de la pandemia, el Gobierno anunció nuevas medidas de salud pública y acciones para enfrentar la emergencia. Preocupa mucho la timidez de estas respuestas de política económica, a nuestro juicio totalmente insuficientes para enfrentar la crisis que toca a la puerta con agudos impactos en salud, empleo e ingresos de la población, sobre todo de la más pobre. Este choque externo detonado por la pandemia, y sus efectos potenciados en el comercio, la producción y el empleo empujan a la economía mundial a una recesión de proporción inédita en años. Para nuestro país, el efecto conjunto de la pandemia y la recesión mundial es, de lejos, el golpe exterior de mayor magnitud de los últimos 30 años o más.

Sorprende la reacción del Ejecutivo por frugal, explicada quizá por su afán de mantener como rumbo de la política fiscal la austeridad, autocalificada como republicana. Tal frugalidad refleja su convicción que la emergencia sanitaria es atendible sin alterar su agenda macroeconómica, sin considerar una política fiscal contracíclica. Ya no se diga avanzar en cambios estructurales, en reformas de las finanzas públicas que pasando esta coyuntura serán impostergables. El Gobierno anunció que su gasto se mantendrá en nivel prácticamente igual al programado meses atrás, sin la pandemia en el horizonte. Las caídas de recaudación se cubrirían con fondos de estabilización, mientras alcancen. La respuesta —distante de calificarse como expansión del gasto— queda limitada a adelantar algunas transferencias a beneficiarios de programas sociales, básicamente adultos mayores, así como a fondos federales para salud en los Estados.

Además, el gobierno apela a la solidaridad del empresariado en preservar empleos, pero afirma que no dará estímulo fiscal alguno, ni diferimiento de impuestos, o contribuciones. Excluye apoyos a ellas salvo para proteger con ciertos esquemas para adultos mayores. A la fecha, no se han anunciado programas financieros para mantener la liquidez empresarial, ni siquiera en industrias ya severamente afectadas; salvo la continuación del programa de microcréditos a pymes. Tenemos casi el 60% de la población en la informalidad y redes de protección social insuficientes raquíticas para una economía de ingreso medio pero altamente desigual, en la que el 50% está en la pobreza.

La pandemia ha provocado respuestas de política contundentes en el mundo, con estímulos fiscales mayúsculos que en Chile llegan a cuatro puntos del PIB, en Perú a siete puntos y en algunos europeos alcanzan el doble dígito. La actual no es una crisis típica para México: combina impactos negativos anteriormente resentidos, pero los potencia. Tiene elementos de abrupta caída de la demanda externa y volatilidad financiera (a la 2008-2009), de una pandemia como la influenza H1N1 (2009-2010) aunque más grave en su virulencia y parálisis de la producción y comercio, y del colapso en precios del petróleo (2014-15). Ello hoy se combina con la ruptura de cadenas globales de valor y la aguda depreciación cambiaria. En todos estos episodios se amplió el gasto público de manera significativa, se recurrió a deuda y, aun así, hubo impactos muy adversos en el PIB y la pobreza. Sumémosle que en el 2019 la economía mexicana estaba estancada, perdiendo impulso en empleo, con la inversión en picada y la amenaza de pérdida de nota por agencias calificadoras.

Debe ser prioridad la salud en esta emergencia inmediata y mantener ingresos suficientes en la población más afectada. Habrá que aplicar esquemas para preservar empleos e ingresos; por ejemplo transferencias corrientes directas a sectores seleccionados -el informal seguramente- y esquemas de compensación o facilitación tributaria a empresas comprometidas en preservar empleos. Después habrá que lograr que la contracción económica sea lo menor y más corta posible: que no se destruyan empresas solventes. Ahí la política expansiva en inversión intensiva en mano de obra será importante. Detonar la inversión privada será indispensable.

El Gobierno debe abandonar su fijación por la austeridad y armar un paquete de medidas expeditas, ya con vigencia acotada. Urgen más recursos al sector salud, con discrecionalidad de decisión para las autoridades sanitarias e implementar transferencias directas para la población vulnerable. Conviene considerar apoyos a empresas mediante postergación de contribuciones u obligaciones tributarias, pero con compromisos de preservar empleos, y frenar temporalmente grandes proyectos para reasignar fondos a la emergencia.

¿Cuánto puede costar esto? Obviamente las medidas específicas, su alcance y forma de implementación definirían los montos exactos. Un endeudamiento cuidadosamente calculado en función de la emergencia extraordinaria que enfrentamos —sujeto a un programa de pago futuro creíble— sería bienvenido. Recursos a los que podría accederse a través del FMI, por ejemplo.

Urge un acuerdo nacional convencido de que la colaboración público-privada es esencial, y que un ahorro público mal entendido, llámese austeridad republicana o paradoja de la frugalidad, puede empujar al país a una zozobra inimaginable —no solamente en salud si la emergencia sanitaria rebasa las capacidades del sistema— vía una severa reducción de empleos, ingresos, contracción económica, y agudización de la pobreza. Ante la pandemia, los mexicanos nos jugamos el presente —algunos, la vida— y el futuro. En cómo enfrentar esta emergencia, la Cuarta Transformación se juega lo que tanto le preocupa: su papel en la historia nacional. Ojalá lo entienda.

Juan Carlos Moreno-Brid es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y Héctor Villarreal Páez es director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y profesor del Tecnológico de Monterrey.