Escrivá cifra en 3.000 millones el coste del ingreso mínimo vital

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha desgranado este martes algunos detalles del ingreso mínimo vital, uno de los compromisos incluidos en el programa de Gobierno acordado entre PSOE y Unidas Podemos y una de las piezas más importantes para ayudar a los hogares más vulnerables en plena crisis de la pandemia. Escrivá cifró en 3.000 millones de euros el coste de la ayuda para las arcas públicas y avanzó que las familias beneficiarias, alrededor de un millón, podrán empezar a cobrar esta prestación a partir de junio.

El ingreso mínimo vital costará unos 3.000 millones a las arcas públicas, según adelantó este martes el ministro José Luis Escrivá. Durante la presentación de los datos de afiliación a la Seguridad Social, el ministro reiteró que la norma estará lista en la segunda mitad de mayo y se mostró confiado en que ya en junio podrán percibir la ayuda los primeros beneficiarios.

Esa cifra rebaja las primeras que había deslizado el Ejecutivo: 5.500 millones, que se irían reduciendo hasta 3.500 millones conforme se fuera desarrollando el mecanismo porque esta ayuda iría asumiendo otros subsidios. Estos números se basaban en un informe de la Autoridad Fiscal (Airef) elaborado cuando la presidía el propio José Luis Escrivá. El ahora ministro apuntó ayer en La Moncloa que los números actuales se habían afinado con Hacienda.

“En cuanto entre en vigor, podrá solicitarse”, señaló el ministro Escrivá. Aunque no dio muchos detalles más, el titular de Seguridad Social sí apuntó que la ayuda podrá solicitarse a diferentes Administraciones, pese a que será la Seguridad Social quien se hará cargo del importe. Esto requiere la implicación de comunidades autónomas y Ayuntamientos.

La colaboración de las comunidades en este ingreso se antoja decisiva, ya que todas tienen creada algún tipo de ayuda social para los colectivos más vulnerables. Desarrollan así la competencia de asistencia social que les asigna la Constitución. Cada vez que Escrivá habla de este asunto, menciona a las autonomías y especifica que la ayuda se está diseñando contando con estas Administraciones. Es la forma de evitar el choque competencial que puede darse.

Ayuda estructural

Desde que ha comenzado la crisis, el ingreso mínimo vital y su diseño han ocupado parte del debate público. Al principio, se especulaba con la posibilidad de que fuera una renta coyuntural destinada a los colectivos más vulnerables que quedaban fuera del resto de ayudas puestas en marcha por el Ejecutivo para amortiguar el impacto social de la crisis. Esta postura era defendida en el Gobierno por el vicepresidente segundo Pablo Iglesias y por los sindicatos fuera de la mesa del Consejo de Ministros. Aunque a primera vista pueda parecer sorprendente, también está en esta postura el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.

Pero finalmente se impuso la posición del ministro de Seguridad Social, que desde el principio ha defendido que había que crear una renta estructural que corrija la ineficiente distribución de rentas que se produce en España y que informe tras informe destacan organismos internacionales como la OCDE o la Unión Europea. Con ese mismo argumento, Escrivá respondió ayer al rechazo que mostró la patronal CEOE a esta medida. El vicepresidente de los empresarios, Íñigo Fernández de Mesa, advirtió el lunes de que no debían adoptarse medidas que añadieran gasto estructural a los Presupuestos. Y al día siguiente el ministro le respondió que precisamente por la deficiencia estructural española que se señala desde fuera, ese debía ser el carácter del ingreso mínimo vital.

A los últimos detalles conocidos sobre esta renta, hay que sumar otros que se han ido conociendo durante estas semanas. Uno es que la ayuda se dará a familias —no a individuos— y que llegará a un millón de ellas. En la mitad de estos hogares, vivirían niños. Y un 10% del total serían familias monoparentales.