La venta ambulante cierra el mercadillo

Entre 1,5 millones y 2 millones de personas trabajan en España fuera de los focos de la Administración. Son quienes tienen un trabajo en negro, como se conoce popularmente la economía informal. Estas personas no podrán acogerse a un ERTE, ni podrán solicitar las ayudas que el Gobierno ha puesto sobre la mesa para autónomos o pymes. Estos trabajadores invisibles, sin contratos, sin horarios, sin cotización, sin apenas derechos laborales, también están sintiendo el azote del coronavirus. La renta mínima que prepara el Gobierno para las familias más vulnerables es el único salvavidas al que se aferran muchos de ellos para aliviar su situación. Pero ni siquiera esta ayuda llegará a todos. Los inmigrantes en situación irregular tampoco reúnen las condiciones para recibirla.

“Se trata de un grupo muy heterogéneo”, explica Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas. La economía sumergida se encuentra en todos los sectores: agricultura, construcción, industria… Aunque golpea con mayor virulencia entre las empleadas del hogar y cuidadoras de personas dependientes; la venta ambulante, la hostelería y, en el rincón más desamparado, a la prostitución. “Estimar lo que de forma deliberada se trata de ocultar no es tarea fácil, pero actualmente se considera que la economía sumergida puede oscilar entre el 17% y el 22% de nuestra economía”, afirma José Ignacio Castilla catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla.

Mario, nombre ficticio, trabaja en un mercadillo de venta ambulante de Sevilla, está dado de alta como autónomo, pero completa sus ingresos con “otras chapucillas”. En febrero empezó a montar casetas para la Feria de Abril para ganarse un extra. “Las pequeñas se levantan entre tres o cuatro personas, lo que te pagan entre material, pintura, desplazamiento y mano de obra pueden ser unos 5.000 o 6.000 euros”, dice. Pese a la cancelación del festejo, él logró cobrar por ello en negro. Y ese pellizco le está permitiendo compensar lo que no ha podido obtener de la venta ambulante en la calle, suspendida desde que se decretó el estado de alarma. “Tengo otros compañeros que ya no tienen ningún tipo de ahorro”, asegura.

“Para nosotros este parón está siendo un drama social”, resume Carlos Martí, coordinador general de la Unión Nacional del Comercio Ambulante. Los últimos datos del INE de 2017 cifran en 35.654 el número de profesionales de venta ambulante, un 11% menos que en 2016, y una caída del 18% en ingresos —de 2.100 millones a 1.732 al año—. “El 70% de los que trabajan en este sector tiene una economía vulnerable y débil”, advierte Martí, que recalca que la venta ambulante es una actividad de acogida de colectivos que necesitan una integración social y laboral. Muchos se dan de alta como autónomos justo ahora que empieza la época de ferias. “No se han dado ayudas para autónomos de temporada y para recibir los otros subsidios es necesario justificar el cese de actividad, unos trámites que las mutuas necesitan agilizar”, sostiene.

Martí mira con preocupación el futuro y teme que la situación de muchos de los vendedores ambulantes, que viven al día y que llevan casi un mes sin percibir ingresos, provoque un aumento de la economía informal. “Hemos apostado por una cultura de empresa y de calidad, necesitamos un cambio generacional que no llega, pero no queremos dar un paso atrás”, advierte. Martí reclama a los Ayuntamientos que suspendan las tasas de alquiler de los puestos en los mercadillos.

Rosario, también nombre ficticio, tiene 60 años y es viuda. Lleva toda la vida limpiando casas en la provincia de Sevilla. “Algunas familias me han dado de alta en la Seguridad Social, pero en otras trabajo por horas y me pagan solo por el tiempo que estoy”, explica. La cuarentena le ha obligado a parar. “Algunos me han dicho que cuentan conmigo cuando esto termine, pero otros ya me han advertido de que se lo pensarán porque en sus empresas les han hecho un ERTE”, explica.

Esa frontera entre la economía formal y la sumergida es muy difusa y son muchos los trabajadores que tienen un pie en ambas. “Ese es el colectivo más vulnerable, porque no entran en los ERTE al no tener una relación contractual estable y tampoco han cotizado lo suficiente como para obtener una prestación por desempleo”, advierte Raymond Torres, que cifra en más de cuatro millones el número de personas con contratos denominados precarios y los falsos autónomos.

Los últimos datos oficiales los sitúan en 3,27 millones. En el caso de las empresas que también viven a caballo de ambas economías, las consecuencias pueden ser importantes. “Habrá trabajadores y empresarios cuyos ingresos se desplomen en mayor medida de lo que diga su contabilidad oficial y no podrán acceder a las ayudas”, señala Castillo.

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