El Gobierno aprueba el aplazamiento de impuestos para 3,4 millones de pymes y autónomos

Aunque in extremis, el Gobierno ha ampliado los plazos para que autónomos y pymes salden sus cuentas con el fisco. La medida, aprobada este martes por el Consejo de Ministros y adelantada la semana pasada por EL PAÍS, va dirigida a las actividades con facturación anual inferior a los 600.000 euros y se podrán acoger a ella unos 3,4 millones de contribuyentes. Los beneficiarios tendrán un mes más, hasta el 20 de mayo, para presentar la declaración trimestral del IVA y el pago fraccionado de Sociedades e IRPF y abonar los impuestos correspondientes.

“Esta medida podrá beneficiar en torno a 3,4 millones de contribuyentes, lo que representa un 95% del total de empresas y autónomos que tienen que presentar su declaración tributaria en el mes de abril”, dijo este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros. La también portavoz del Gobierno explicó que el plazo para las domiciliaciones también se amplía desde hoy hasta el 15 de mayo. Asimismo, todos los cargos se realizarán el 20 del mes que viene, incluso si los contribuyentes han presentado su declaración antes del 15 de abril.

Ya ha pasado un mes desde que el Gobierno de Pedro Sánchez decretara el confinamiento de la población para limitar la expansión del coronavirus. Desde entonces la actividad económica se ha reducido a la mínima expresión, al igual que la facturación de muchos negocios. Algunos tuvieron que cerrar cuando se declaró el estado de alarma, y otros no han tenido más remedio que hacerlo después ante la drástica caída de ingresos. Pero hasta este martes, y pese a la situación extraordinaria, las obligaciones tributarias seguían en pie.

La medida aprobada este martes, a solo un día para que acabara el plazo para domiciliar el pago trimestral de impuestos, dará algo de oxígeno a las actividades más asfixiadas por la crisis. También responde en parte a las peticiones de economistas, asesores fiscales, asociaciones de empresarios y autónomos y hasta funcionarios de Hacienda, que durante las últimas semanas habían reclamado con fuerza una medida de este tipo ante el cierre de oficinas de la Agencia Tributaria, la acuciante falta de liquidez de muchos negocios y los problemas prácticos para recopilar la información necesaria para confeccionar las declaraciones a tiempo.

Según cálculos del Ejecutivo, la moratoria fiscal aprobada este martes tendrá un impacto de 3.558 millones en la liquidez de los colectivos beneficiarios. Esta medida se suma a otras ayudas para pymes y autónomos aprobadas con anterioridad: el aplazamiento en el pago de impuestos hasta 30.000 euros durante seis meses, con tres de carencia, para actividades con facturación de hasta seis millones de euros, y una moratoria de seis meses en las cuotas a la Seguridad Social para pymes y autónomos y en el pago de la hipoteca de oficinas y locales comerciales, además de las líneas de crédito del ICO con garantía pública. En cuanto a esta última ayuda, Montero aseguró este martes que ya se han aprobado más de 48.000 operaciones avalando el Estado 4.739 millones, de los cuales 3.625 corresponden a pymes y autónomos.

Lo que sí se ha quedado en el tintero es la posibilidad, avanzada la semana pasada por la ministra, de que los autónomos que tributan por módulos puedan hacerlo por estimación directa. La diferencia es relevante: mientras que en estimación directa se declara según la facturación obtenida, con el sistema de módulos se abona una cantidad fija en función del tipo de negocio y sus características. Este modelo siempre ha sido considerado más sencillo y ventajoso, pero tiene la pega de no reflejar las pérdidas reales de ingresos. Montero aseguró que el Gobierno está trabajando en esta medida y que verá la luz en los próximos Consejos de Ministros.

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