Salud pública contra economía en México: el falso dilema

La pandemia del Covid-19 constituye, primero que nada, una tragedia humana que se ha cobrado decenas de miles de vidas y que tristemente serán muchas más. La crisis de salud resultará también en una fuerte contracción económica. Nunca antes habíamos visto un colapso simultáneo de la oferta y demanda agregadas en tantos países. Por una parte, cadenas de valor rotas y fábricas cerradas que se reflejarán en una disminución en la actividad industrial como jamás había ocurrido. Por otra, millones de personas recluidas en sus casas sin salir a consumir han significado un colapso en la demanda por bienes y servicios. Una recesión en la economía global es inevitable; y es muy factible que esta sea mayor a la ocurrida tras la crisis de 2009.

Ante estas dos realidades, han surgido varias voces que sostienen que las sociedades y los Gobiernos enfrentan una difícil disyuntiva: se debe de mantener al mayor número de personas posible confinadas en sus hogares para frenar la enfermedad (la estrategia de la supresión), pero pagando un alto costo en términos de actividad económica, o, por el contrario, el camino a seguir debe ser permitir que la economía siga funcionando de la mejor forma posible, tratando de contener el número de contagios (la estrategia de la mitigación) y minimizar el contacto entre personas (distanciamiento social). Así, para muchos la decisión radica entre proteger la economía o proteger la salud pública. Si esta fuese la disyuntiva estaríamos, en efecto, ante un delicado dilema moral. Proteger el bienestar económico de cientos (o quizá miles) de millones de personas a cambio de que mueran algunos millones. En lo personal, estaría por salvar el mayor número posible de vidas aun consciente del tremendo costo que puede tener una grave recesión económica, sobre todo en la población más vulnerable. Creo inaceptable que la sociedad decida que las vidas de los más viejos o de los enfermos (y también mueren joven y sanos) valgan menos que el bienestar económico de la mayoría. Pero de nuevo este sería un dilema ético y moral en el cada quién puede tener libremente su opinión.

Afortunadamente la ciencia nos dice que no estamos ante tal dilema. Una estrategia de mitigación sería, desde luego, muy grave en términos de pérdidas de vidas humanas, pero también lo sería en términos su impacto económico. Primero hay que enfatizar que las acciones de política y salud públicas deben estar fundamentadas en la ciencia, en este caso en lo estudiado por los epidemiólogos quienes nos dicen que la mitigación resultaría en un crecimiento exponencial en el número de contagiados que terminarían rebasando a los sistemas de salud. El Reino Unido optó inicialmente por una estrategia de mitigación y pronto fue evidente que de seguir por ese camino tendrían un número muy alto de enfermos y de muertes y que además los servicios de salud terminarían colapsando. Al poco tiempo optaron por un golpe de timón.

Los modelos de los epidemiólogos nos dicen que no hay que decidir entre la economía y la salud: una estrategia de supresión para detener el contagio de la pandemia lo más pronto posible resultará en una abrupta caída de la producción y el consumo, sí, sin duda, pero una que podría ser de duración relativamente corta, de algunas semanas y con una rápida recuperación. En cambio, las estrategias de mitigación, resultarían en caídas económicas no tan abruptas, pero de mucha mayor duración, posiblemente más de un año en lo que se pueda lograr una vacuna. El costo económico sería mayor con la mitigación que con la supresión.

Desde luego que hay que reconocer que la supresión tendrá también altísimos costos en términos de bienestar económico, sobre todo a las personas más vulnerables que, en el caso de Latinoamérica son aquellos que trabajan el sector informal y que verán una disminución abrupta en sus ingresos y que en muchos casos no tienen acceso a servicios de salud.

Los Gobiernos pueden y deben mitigar estos costos económicos. Esto mediante expansiones fiscales (los objetivos de déficit deben pasar ahora a un segundo plano) otorgando apoyos económicos a la población más afectada y apoyo fiscales a las empresas, condicionados a que no hagan recortes en su plantilla laboral. A su vez, los reguladores financieros deben de dar facilidades regulatorias para que los bancos puedan otorgar moratorias de pagos a sus acreditados. Y los bancos centrales deben de dar apoyos masivos de liquidez para prevenir un colapso de los mercados crédito. Deberían también otorgar préstamos a de liquidez a tasas preferenciales para que los bancos puedan dar préstamos de refinanciamiento y ayudar así a las empresas a superar la contingencia.

No hay dilema. La supresión es la mejor estrategia desde el punto de vista de salud y también desde el económico.

Carlos Serrano es economista jefe de BBVA México y doctor en Economía por la Universidad de California en Berkeley.