Primeras secuelas de la sentencia del Constitucional: Adecco echa a cuatro teleoperadores por enfermar

En la sede en A Coruña de la empresa de servicios telefónicos Extel, una filial de la multinacional Adecco que trabaja para Movistar, ha caído como una bomba la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el despido de empleados con un determinado número de bajas médicas justificadas. Cuatro teleoperadores fueron despedidos la semana pasada por encadenar en un par de meses ocho días de ausencia por enfermedades comunes como resfriados o gastroenteritis. La sentencia del alto tribunal ha abierto una rendija que están aprovechando numerosas empresas para justificar despidos, según denuncian los sindicatos.

Aunque el comité de empresa reconoce que los cuatro casos cumplen "a rajatabla" los requisitos fijados por la legislación laboral, los compañeros de los afectados, una plantilla formada por casi 700 personas que apenas cobran unos 800 euros limpios al mes, han celebrado este lunes una huelga de 24 horas y prevén otro paro en los próximos días. 

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Los despidos en Extel tras el fallo del Constitucional, que amparó en octubre la reforma introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en 2012, no han llegado solos. La compañía, según explica el personal, comunicó el pasado 25 de noviembre que a partir de ahora empezará a obligar a los trabajadores que enferman durante un solo día a cogerse una baja laboral. Durante los últimos 20 años, era suficiente con presentar un justificante médico. El comité de empresa ve detrás de este cambio, contra el que ha presentado un conflicto colectivo, una argucia para aumentar las bajas y, en consecuencia, las posibilidades de echar a la calle a quienes caigan enfermos. Los responsables de Extel en A Coruña, por su parte, han eludido ofrecer su versión a este periódico.

"Aquí ya no se hacen contrataciones. Lo que quiere Adecco, que nada en la opulencia, es liquidar el centro", resume David Doural, presidente del comité de empresa de Extel en A Coruña por la Confederación General de Trabajadores (CGT). Doural recuerda que en 2016 la compañía planteó un ERE en toda España para casi 250 de sus 3.000 trabajadores que en su delegación coruñesa supuso el despido de algo más de cien, la mitad de los previstos en un principio. "Aquel ERE no se planteó por razones económicas sino de organización", apunta el representante de una plantilla que llegó a estar integrada por 1.300 personas.

Las principales organizaciones sindicales, CC OO y UGT, ven en la decisión judicial “la gota que colma el vaso” de las relaciones laborales. Hace un par de semanas organizaron concentraciones en ciudades de toda España para protestar contra la sentencia y exigir la “inmediata” eliminación de la norma que “permite despedir por enfermedad”.

El comité de empresa asegura que la huelga ha vaciado las oficinas de Extel en A Coruña con un seguimiento del 95%. Al mediodía, decenas de trabajadores se han concentrado ante la sede de la firma de telemárketing al grito de "Adecco nos explota, Adecco nos reprime; primero nos enferma y luego nos despide". Han recibido el apoyo de Yolanda Díaz, diputada de Galicia en Común y una de las políticas que aspiran a asumir responsabilidades en el ámbito laboral en un eventual gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Díaz considera "urgente" la derogación del artículo 52.d) que introdujo el PP en el Estatuto de los Trabajadores para amparar los despidos por bajas médicas justificadas.

La gran mayoría de la plantilla de Extel en A Coruña la integran mujeres que cumplen jornadas de entre 30 y 35 horas semanales por unos 800 euros netos al mes, según los datos aportados por el comité de empresa. Además de lidiar con las dificultades para llegar a fin de mes, afrontan problemas de conciliación, ya que "para que la empresa conceda un cambio horario para cuidar, por ejemplo, a los hijos hay que ir siempre a los juzgados". "Estamos en lucha constante por todo: lo que tenemos no nos lo ha regalado nadie, ha sido conseguido a base de huelgas", subraya Doural. El pasado verano la compañía anunció que instalaría cámaras que grabarían a los teleoperadores mientras trabajaban. Tras las protestas, Extel dio marcha atrás.