Los impuestos a la riqueza
La elusión fiscal de los más acaudalados y la disparidad regional urge a replantear el impuesto sobre el patrimonio
Dicen que solo España mantiene en Europa el impuesto sobre el patrimonio. Falso. Retocado, lo conserva Francia. En realidad, más que de patrimonio, debemos hablar de impuestos a la riqueza: acciones, bonos, deuda, depósitos, inmuebles, seguros, joyas.
Y ahí estamos bien acompañados. El conjunto de bienes patrimoniales (no confundir con rentas) se tasa según varias figuras: patrimonio, sucesiones (herencias) y donaciones, IBI, plusvalía municipal... “En países de gran tamaño como Alemania, el Reino Unido, Francia, Japón o EE UU se ha conservado un impuesto progresivo sobre las sucesiones, con un tipo aplicado a las herencias más importantes de entre el 30% y el 55% en estos cinco países al final de la década de 2010”, recuerda Thomas Piketty en su reciente libro Capital e Ideologie (Seuil).
No solo no somos los únicos en gravar la riqueza sino que además la gravamos menos que otros. En 2018 había en España 197.768 contribuyentes sujetos al pago por patrimonio, por una fortuna conjunta de 632.272 millones de euros. Aportaban poco, en comparación con los demás. El total anual de sucesiones, IBI y patrimonio, pesa en el PIB británico un 1,9%; un 1,7% en Francia; un 1,6% en Suiza; un 1,1% en Dinamarca; un 0,9% en Luxemburgo y en Grecia… por solo un 0,5% en España (sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, Nueva Tribuna, 3-11-2019).
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se quejaba recientemente de una cifra que aún le daba peor: “Solo el 0,31% de la recaudación la aporta la tributación de la riqueza”. Y sacó el inevitable corolario: “El que más tiene, debe contribuir más”. El impuesto sobre el patrimonio es el tributo con mayor elusión fiscal, sobre todo de los más acaudalados, reza un informe del Institut d’Economia de Barcelona.
Los hay que directamente no pagan nada, como los ricos residentes en Madrid, que deberían haber abonado 815 millones (2016) pero no lo hicieron pues se trata a este efecto de un paraíso fiscal: tipo cero. Frente a los catalanes (465 millones), valencianos (140) y andaluces (76).
También en sucesiones y donaciones ocurre algo parecido. Un soltero de 30 años que hereda bienes de sus padres por 800.000 euros, tributa en Madrid 1.640 euros; en otras comunidades del PP eso se multiplica por 49 (Castilla y León, 81.018), o por 9 (Galicia, 15.040). Por eso muchos expertos plantean fijar un mínimo exento igual para todos y luego una horquilla de tipos (del 4% al 11%) que conjugue el principio de autonomía con el de universalidad.
Tras concluir que el principal factor de desigualdad es la diferencia de riqueza y de herencias —más que de rentas—, Piketty propone una solución sencilla: “Que el impuesto progresivo sobre sucesiones se recaude a nivel de la Unión Europea”. En España se contribuye por esa tasa 2.700 millones. Miseria y compañía.
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