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La Audiencia Nacional tumba el recurso de los ecologistas contra la mina de uranio de Berkeley en Salamanca

La sentencia mantiene la vigencia de la autorización que recibió la empresa del Ministerio de Industria en 2015

Carteles en contra de la mina en la zona de Retortillo.
Carteles en contra de la mina en la zona de Retortillo.

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de Equo y Ecologistas en Acción contra la decisión del Ministerio de Industria de autorizar el polémico proyecto para construir una mina de uranio a cielo abierto en Salamanca. El fallo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, ha tumbado los argumentos de los recurrentes, que aseguraban que la autorización se basa en una evaluación ambiental de Castilla y León, cuando tendría que haberla hecho el Ministerio de Transición Ecológica, y que era necesario consultar a Portugal porque la futura mina, instalación radiactiva, está muy cerca de la frontera.

La sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo estudiaba desde abril de 2016 el recurso que presentaron estos colectivos ecologistas meses después de que el Ministerio de Industria, entonces en manos de José Manuel Soria (PP), diera al proyecto de la minera australiana Berkeley la autorización previa como instalación radiactiva de primera categoría. La instalación sería, de aprobarse definitivamente, la única explotación a cielo abierto de uranio de Europa occidental. Los trabajos previos, que incluyeron la tala de encinas centenarias, se están realizando desde hace años en Retortillo (Salamanca). 

Los recurrentes pedían que se anulara la autorización y que el procedimiento se retrotrayera hasta el momento anterior a la declaración de impacto ambiental (DIA), que según argumentaban debía elaborar la Administración General del Estado y no una comunidad autónoma. Señalaban también que esta DIA no evaluó el impacto del almacén de residuos radiactivos que está contemplado en el proyecto ni la aportación de mineral de otras plantas satélites cercanas. "Debemos descartar todo el argumentario que gira en torno a la DIA aprobada en su día por la Junta de Castilla y León", zanja la sentencia.

"Recurriremos en casación", anunció Manuel Serrano, abogado de los recurrentes. Hace meses Equo y Ecologistas plantearon al Ministerio de Transición Ecológica la posibilidad de retirar el recurso a cambio de que el Gobierno se comprometiera a devolver el procedimiento administrativo al inicio, de forma que volviera a hacerse la declaración de impacto ambiental. Según explica Serrano, pretendían con ello no perjudicar al Estado en caso de que la Audiencia Nacional les diera la razón porque Berkeley podría entonces reclamar daños y perjuicios, en un caso similar al del almacén de gas Castor. 

En una comparecencia en el Congreso de septiembre pasado, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, abrió la puerta a que el Estado asumiera la evaluación ambiental del proyecto de Salamanca al tratarse de un asunto que puede afectar a la seguridad nuclear y tras los reparos mostrados por Portugal al proyecto.

El tribunal argumenta que la DIA es un acto administrativo distinto de la autorización previa, que es lo que se recurre, y que por ello no debe discutirse en el procedimiento. El fallo también asegura que los efectos transfronterizos (la afectación de Portugal) y las alegaciones referentes al uranio procedente de otras explotaciones satélites son "igualmente ajenos a la autorización previa impugnada". La mayor parte de la sentencia se dedica a justificar que un partido político (Equo, aunque cuando se presentó el recurso se hizo bajo las siglas de Foro de Izquierdas-Los Verdes) no tiene legitimidad para recurrir temas ambientales, como argumentaba la Abogacía del Estado. 

Permisos pendientes

La cotización de Berkeley ha estado muy ligada a las noticias sobre los pasos que van dando las autorizaciones que necesita para abrir la mina y los procesos judiciales abiertos. La compañía aún necesita varios permisos: licencia urbanística del Ayuntamiento de Retortillo, el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y finalmente la autorización definitiva del Gobierno.

El CSN lleva casi tres años evaluando la solicitud de Berkeley para construir la planta de procesado de uranio, desde que el entonces Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital le solicitara en octubre de 2016 el informe preceptivo. El CSN sigue estudiando el plan de vigilancia radiológica, el de vigilancia de aguas subterráneas y la caracterización del emplazamiento minero que ha le ha presentado Berkeley.

El proyecto es controvertido también por la participación en él de Manuel Lamela, exalto cargo del exministro de Agricultura del PP Miguel Arias Cañete. Lamela asesoró como lobbysta a Berkeley ante la Comisión Europea, que en mayo de 2015 emitió un dictamen o "parecer" favorable al proyecto. El documento, firmado por Arias Cañete, no es vinculante. 

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