La fiscalía holandesa investiga a ABN Amro por un supuesto caso de blanqueo de capital a través de sus cuentas

El banco holandés ABN Amro está siendo investigado por la fiscalía por un posible delito de blanqueo de capital y financiación del terrorismo efectuado a través de las cuentas de sus clientes. La falta de supervisión de las transacciones y el hecho de no haber roto a tiempo la relación bancaria con los titulares sospechosos han desencadenado una operación de la fiscalía por ambos supuestos. La dirección de ABN Amro ha asegurado este jueves que ignora la duración de la misma pero que colaborará “sin reservas”. En 2018, ING, otra de las grandes firmas financieras del país, pagó una multa de 775 millones de euros por no vigilar el lavado de dinero ejecutado de forma similar entre 2010 y 2016. En septiembre de 2018, otro tanto ocurrió con Rabobank, sancionado con un millón de euros.

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El Estado holandés posee un 56% de las acciones de ABN Amro, y como en los dos casos anteriores, la firma se expone a una sanción. En agosto pasado, el Banco de Holanda ordenó a la entidad la revisión de los datos de sus cerca de cinco millones de clientes particulares porque no estaban bien clasificados, y ha declinado pronunciarse ahora sobre el particular. “Nunca hablamos de casos concretos”, indican sus portavoces.

Sin embargo, Kees van Dijkhuizen, director ejecutivo del banco investigado, ha reconocido que la entidad “debe saber lo que hacen nuestros clientes con sus cuentas, en especial cuando realizan pagos”. Ante las cámaras de la televisión pública, Van Dijkhuizen ha añadido que es indispensable “calcular el riesgo presentado por un cliente, no solo por el posible blanqueo de capital, sino también por si se financiara el terrorismo; tenemos que ordenar nuestras cuentas”.

El banco ya anunció el año pasado que había reservado unos 114 millones de euros para llevar a cabo la revisión impuesta ahora por la fiscalía. En una nota oficial, la entidad añade ahora que más de un millar de empleados se dedican a ello: "haremos todo lo necesario para cumplir con las leyes y regulaciones del sector”. Van Dijkhuizen ha querido subrayar también que la situación de ABN Amro “no es comparable a la de otros colegas, y no sabemos cómo acabará la investigación”. A principios de septiembre, cinco bancos holandeses, entre ellos ING, Rabobank y el propio ABN Amro, se mostraron proclives a trabajar juntos para controlar mejor el lavado monetario. La Asociación Bancaria holandesa investiga en estos momentos dicha posibilidad, por si pudiera vulnerar la privacidad obligada de las cuentas.

En el caso de ING, el Banco de Holanda investigó su política interna contra el blanqueo de capital entre 2005 y 2016, y en 2015 sancionó al departamento de clientes ricos por no comprobar la procedencia del efectivo. Pese al aviso, ING no actuó en consecuencia y recortó incluso el personal que vigilaba los movimientos sospechosos. Al final, los fiscales dieron por probado que, entre 2010 y 2016, los clientes “pudieron lavar cientos de millones de euros porque nadie les vigilaba”, y se puso en duda la idoneidad de la entidad como el banco a través del cual el Gobierno manejaba las cuentas públicas. Tras la multa de 775 millones de euros, dimitió Koos Timmermans, el director financiero y miembro de la Junta Ejecutiva de ING Group.