El lavado de dinero negro pasa factura a ING

“Honesto, cuidadoso y responsable”. Estas son las cualidades defendidas por el grupo holandés ING, que acaba de ser multado por la justicia de su país con 775 millones por no supervisar el blanqueo de dinero efectuado entre 2010 y 2016 en el banco. La dirección del banco reconoció los hechos después de que la fiscalía investigó “miles de correos electrónicos y documentos, y señaló como implicados al departamento de ‘negocios, auditoría interna y cumplimiento”. Sin embargo, no citó como culpable a ningún directivo, fruto del pacto entre ambas partes. Hubo multa, pero no culpables, era “lo más efectivo”, según dijo la fiscalía.

“Nos hacemos responsables de que se apliquen las medidas necesarias para reparar lo ocurrido”, dijo el Ralph Hamers, el primer ejecutivo del banco, en el comunicado oficial donde ING admitía haber llegado a un acuerdo con los fiscales sin que se inicie un juicio penal.

La Fundación para la Disciplinaria de la Banca, vigilante del propio sector, investiga el caso; es el primer paso para poder abrir un expediente contra los responsables directos. El Banco de Holanda calla. Y el Banco Central Europeo recuerda que la supervisión del blanqueo no está bajo su control.

Según el informe de los fiscales, el Banco de Holanda investigó la política interna de ING contra el lavado de dinero entre 2005 y 2016. En 2015 sancionó al departamento de clientes ricos por no comprobar la procedencia del efectivo. También advirtió después a ING de los peligros de estas carencias. Ahora, el banco central calla. Pese a los dos avisos, ING no actuó. Al contrario, recortó el personal que vigilaba movimientos sospechosos de los clientes, un departamento muy rentable cuando se saltan las reglas.

Estas irregularidades en el banco que el Estado utiliza para sus pagos han encendido a la oposición, que pide cambios al Ejecutivo de centro derecha. En particular, socialdemócratas y ecologistas. “Llevan las cuentas públicas porque subrayaron su responsabilidad social. Es hora de elegir a otros”, dice Henk Nijboer, diputado socialdemócrata. En la calle, la sorpresa es evidente dado que ING es una de las marcas señeras del país.

En la repulsa ciudadana y en la crítica política puede buscarse la clave de lo ocurrido. Hasta ahora ha caído Koos Timmermans, veterano director financiero con 22 años en la entidad, que algunas fuentes financieras creen que no participó en el blanqueo. “ING parece preocuparse más de sus beneficios que de supervisar la lucha contra el lavado de dinero”, dice Kees Cools, catedrático de Finanzas y Gobernanza en la Universidad de Tilburg, en conversación telefónica. De todos modos, la salida de Timmermans no le parece buena idea: “Es un hombre íntegro. Parece más una forma de salvar a Hamers”, añade.

En su opinión, “no habrá juicios penales porque nadie en ING se ha lucrado a título personal. Sí lo ha hecho el banco, claro, que se ha beneficiado de las comisiones pagadas por los clientes, con la rentabilidad que eso supone. Sabían lo que estaba pasando, y por eso les han multado, aunque la dirección no esperaba que fuera tan elevada. Cuando vieron el gran malestar social y que el Parlamento se removía despidieron a un jefe para aplacar al menos al Gobierno”, dice.

Particulares y empresas realizaron transacciones fraudulentas, según la investigación. La más llamativa es la de Vimpelcom, firma rusa de telecomunicaciones, socio de la española Zed. Entre 2007 y 2011 pagó 55 millones de dólares (47 millones de euros) a través de una cuenta del banco holandés a Takilant, una compañía con apartado de correos en Gibraltar. El dinero fue al bolsillo de Gulnara Karimova, hija del entonces presidente de Uzbekistán. Era un soborno de Vimpelcom para acceder al mercado uzbeko, como denunció Zed. Aunque ING supo en 2012 del cohecho, no actuó hasta que la prensa se interesó por el asunto.

Los beneficiarios en otros casos no son tan vistosos, pero las sumas manejadas sí. Una tienda de lencería emplazada en Ámsterdam, ni siquiera existía como tal en Holanda: estaba en Curaçao, en el Caribe. Entre 2010 y 2014, vendió supuestamente ropa interior por unos 150 millones de euros. Los clientes eran venezolanos que evitaban así las restricciones del Gobierno de Nicolás Maduro para cambiar bolívares. Para ING se trataba de una empresa mediana, “y aunque recibió 49 señales de posible lavado de dinero, no investigó”, dice el fiscal. Solo lo hizo en 2013, cuando otro banco le preguntó por la cuenta.

Otro cliente vendía materiales de construcción. Pagaba por ellos con una tarjeta de crédito y recibía dinero en efectivo a cambio. Entre 2013 y 2015, movió unos nueve millones. ING no investigó la cuenta aunque el sujeto operaba desde Surinam, la antigua colonia en Latinoamérica. “Espero que esto sirva para que otros bancos no lo hagan y que ING cambie su comportamiento”, concluye Cools. No todos en el mercado son tan optimistas.