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Dimite el director financiero de ING tras el escándalo por el blanqueo de dinero

La Fiscalía General del Estado holandesa consideró probada la negligencia que permitió el lavado de cientos de millones de euros entre 2010 y 2016

La sede de ING en Bélgica
La sede de ING en BélgicaFrancois Lenoir (REUTERS)

ING reconoció la semana pasada que había permitido el blanqueo de dinero en Holanda y aceptó pagar una multa de 775 millones de euros. El escándalo se cobra una víctima hoy entre las esferas ejecutivas: el director financiero ha dimitido, según un comunicado de la propia entidad. "ING anunció hoy que Koos Timmermans abandonará su puesto como director financiero y miembro de la Junta Ejecutiva de ING Group y abandonará la empresa. Su renuncia sigue al anuncio el 4 de septiembre de 2018 del acuerdo sobre las deficiencias en la ejecución de las políticas de debida diligencia del cliente para evitar el delito económico financiero en ING Holanda. A la luz de estas circunstancias y en consulta con el Consejo de Supervisión, Koos Timmermans renunciará", explica la entidad.

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Koos Timmermans se unió a ING en 1996 y se convirtió en miembro del equipo ejecutivo desde 2007 cuando fue designado como el primer director de riesgos de la compañía en la Junta Ejecutiva. En 2011 se convirtió en vicepresidente de Management Board Banking. En 2014 asumió la responsabilidad de la división Market Leaders. Fue designado director financiero en 2017.

"Queremos agradecer a Koos sus muchos años de dedicación a ING. Sus esfuerzos por alinear el balance del banco con la regulación nueva y futura han contribuido fuertemente a la sólida base financiera que ING tiene hoy. En nombre de todos en ING, le deseamos todo lo mejor en sus esfuerzos futuros", ha explicado el banco, que ha asegurado que ya están buscando sustituto para el ejecutivo, pero que permanecerá en su puesto, "hasta que se complete el proceso de sucesión, incluida la aprobación de los reguladores y los accionistas".

El 4 de septiembre ING Holanda alcanzó un acuerdo con la Fiscalía de ese país por el que se comprometió a pagar una multa de 675 millones y a restituir otros 100 millones para poner punto final a una investigación sobre sus deficiencias al prevenir el blanqueo de dinero. Las autoridades holandesas detectaron que entre 2010 y 2016 estos fallos en la prevención de delitos económicos permitieron a los clientes utilizar sus cuentas de la entidad para lavar cientos de millones de euros.

Los fiscales holandeses dieron por probado que, entre 2010 y 2016, los clientes de la entidad “pudieron lavar cientos de millones de euros porque nadie les supervisaba”. El caso se remontaba a 2016, cuando la Oficina Holandesa Anti Fraude, que investiga presuntos delitos económicos y fiscales, observó varias transacciones dudosas a nombre de ING. Llevadas a cabo por particulares y empresas, una de las más significativas incluyó el pago de varios millones de dólares en sobornos a la hija del presidente de Uzbekistán, Gulnara Karimova.

El presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, aseguró, respecto a este caso, que se debe “hacer más” contra los movimientos ilegales de capitales. “Es una responsabilidad compartida de las autoridades nacionales y las instituciones de la Unión Europea”, subrayó, comentario que traslada la responsabilidad de este caso al supervisor, el Banco Central Europeo.

Reacción política en Holanda

El escándalo está teniendo repercusiones políticas en Holanda, con dos frentes abiertos: el Parlamento y el Ayuntamiento de Ámsterdam. Se ha puesto en duda la idoneidad de ING como el banco a través del cual el Gobierno maneja las cuentas públicas. Tanto el partido ecologista como la socialdemocracia, ambos en la oposición, han preguntado en la Cámara “si es bueno que ING sea el banco de cabecera del Estado [en 2016 ganó el concurso público que dura cuatro años] cuando ha demostrado que no se preocupa del interés general. Nuestros impuestos no están en buenas manos en un lugar así”, dijo Henk Nijboer, diputado socialdemócrata.

El Ayuntamiento de la capital holandesa, con un presupuesto de 5.500 millones anuales, tampoco está tranquilo con lo ocurrido. Según Udo Kock, concejal de Finanzas, aunque no hay muchos bancos que puedan manejar dicha suma, el Consistorio quería sacar en 2019 a concurso público la licitación para elegir un nuevo banco municipal. “Vamos a ver si podemos hacerlo antes; queremos trabajar con uno que se atenga a las reglas, no solo en el que sea más barato”, dijo.

También la patronal bancaria ha intervenido. Portavoces de la Asociación Holandesa de la Banca apuntan que “la atención que concita todo esto no es buena para mantener la confianza en el sector”. Lo ocurrido ha dañado de nuevo la reputación de Ralph Hamers, primer ejecutivo de ING, que trató de duplicar su salario en marzo. El rechazo público desbarató el plan.

La ramificación española

En el escándalo del blanqueo de capitales relacionado con ING ha surgido una posible ramificación importante en España. Según ha relatado el empresario Javier Pérez Dolset a EL PAÍS, el fundador de la tecnológica Zed, ha presentado una denuncia en Ámsterdam contra ING, que ha sido admitida, en la que le exige 500 millones y que deje de operar como banco. Dolset le acusa de forzar el concurso de acreedores de Zed al reclamar el préstamo otorgado como represalia por haber denunciado que blanqueaba capitales con socios rusos.

“En octubre de 2014, Zed descubrió que los socios rusos, avalados por ING, habían realizado operaciones que incluían el pago de grandes sobornos a funcionarios de Uzbekistán y Rusia, incluido el hijo del ministro de Interior”, afirma Pérez Dolset. Hasta en nueve ocasiones, dice, Zed puso en conocimiento de ING estas operaciones, “pero el banco, en lugar de ponerlo en conocimiento de los supervisores, como le obliga la ley, lo ignoró”, afirma. Incluso, acusa a la entidad de “encubrir” a los socios rusos. En agosto, el empresario y otros directivos pusieron una denuncia contra ING en Holanda, en la que le reclamaron 500 millones por los daños al grupo. Han decidido acudir al Banco de España para solicitarle que no le permita mantener sus actividades bancarias.

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