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Los economistas defienden la potencia fiscal del impuesto de sociedades: “No hay tantas deducciones”

Economistas de Fedea auguran que en el futuro este impuesto sobre los beneficios se complementará con otro sobre los usuarios al estilo de la tasa Google

Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas
Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas

El impuesto de sociedades es una de las figuras tributarias más complejas y alambicadas del sistema tributario español. Y eso que en genérico solo grava el resultado que obtiene una empresa durante un ejercicio fiscal. Pero las presiones de las grandes empresas, que han conseguido abrir huecos para reducir la tributación y la sobreactuación de los legisladores, con más de 200 cambios en la última década, han terminado de liar la madeja del impuesto hasta hacerlo incompresible para los más neófitos.

A esta complejidad se suma el hecho de que es el único impuesto que aún no ha recuperado el nivel de recaudación previo a la crisis. En 2007 este impuesto aportaba unos 44.823 millones de euros a las arcas del Estado. Una cantidad aún lejana de los 24.838 millones que se arañaron el año pasado. Es decir, que el año pasado aún se ingresaba casi un 45% menos que antes del estallido de la Gran Recesión y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. 

"Esa no es una cifra de referencia", explica Luis del Amo, director técnico del Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF/REGAF). Del Amo defendió la capacidad recaudatoria del actual impuesto de sociedades. "Nuestra recaudación en relación al PIB es ligeramente inferior a la media, pero en niveles aceptables", sostuvo.

Recauda por debajo de la media de la OCDE

La recaudación de este impuesto que recae sobre las empresas representa el 2,25% del PIB frente al 2,15% de Italia, el 2,87% de la media de la OCDE, el 2,06% de Francia o el 1,96% de Alemania, según las estadísticas recopiladas por los economistas. 

Valentí Pich, el presidente del Consejo General de Economistas, trató de explicar el debate sobre el tipo efectivo que pagan las empresas. "Lo que realmente reduce el tipo efectivo sobre el resultado contable es la exención por doble imposición (para que las filiales extranjeras de los grupos españoles no paguen dos veces el impuesto) y las bases imponibles negativas (por las pérdidas de ejercicios anteriores)", explicó. 

Preguntado sobre las cartas que la Agencia Tributaria está enviando a algunas pequeñas empresas advirtiendo que pagan pocos impuestos respecto al sector, Pich ha señalado: "Es un acto de modernidad y la Agencia Tributaria expresa la información que tiene y puede desagregar por funciones. Está haciendo un gran esfuerzo en transparencia y en poner encima de la mesa la información. A raíz del Sistema Inmediato de Información (el mecanismo que obliga a las grandes empresas a rendir cuentas del IVA casi en tiempo real) se está consiguiendo nueva información. No entendemos ciertos aspavientos que se han hecho sobre estas cartas", clamó Pich.

Excesos de pagos fraccionados

Los economistas recuerdan que el sistema de pagos fraccionados del impuesto de sociedades —un mecanismo que obliga a las empresas a adelantar parte del dinero que tendrán que abonar a Hacienda cuando liquiden el impuesto, supone de facto un aumento del tributo.

Recuerdan que el último año la Agencia Tributaria tuvo que devolver unos 2.000 millones de euros cobrados de más por estos anticipos porque las empresas adelantaron al fisco, con los criterios que le obliga Hacienda, más dinero del que le correspondía pagar cuando liquidaron el impuesto al cierre del ejercicio.

Pero estos anticipos se convierten de facto en ingreso para las arcas públicas porque el fisco los vuelven a cobrar los pagos fraccionados al año siguiente. Si este mecanismo se perpetúa, dicen, “al final lo que abonan las empresas por los pagos fraccionados es lo que en realidad pagan por el impuesto”. Este sistema de anticipos está en cuestión en el Constitucional tras una pregunta sobre su legalidad de la Audiencia.

Campaña para revisar 300.000 entidades inactivas

El presidente del Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, Jesús Sánmartín, advirtió sobre las miles de empresas que están exentas del impuesto. "De las casi 1,6 millones de empresas, unas 300.000 están inactivas", dijo al tiempo que precisó como la Agencia Tributaria está realizando una campaña para revisar estas compañías.

"Hay entidades que hacen operaciones a lo largo del tiempo y son entidades que han presentado declaraciones, pero que han quedado sin inspección hasta ahora y ahora están empezando a ver qué pasa con este tipo de entidades", ha apuntado Sanmartín. Entre este tipo de entidades se encontrarían fundaciones, asociaciones o colegios profesionales, así como asociaciones declaradas de utilidad pública, federaciones deportivas y ONG, entre otras. Sanmartín mostró su sorpresa porque "a estas alturas haya miles de fundaciones que no hacen auditoría", cuando "lo razonable" a su juicio sería que todas las organizaciones de cierto nivel hicieran auditoría y depositaran su información en el Registro Mercantil.

Fedea: La decisión unilateral provocará deslocalizaciones

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierte de que la previsible aprobación de un nuevo impuesto digital 'unilateral' en España no es una medida "demasiado razonable" ni "técnicamente muy deseable" porque generará efectos de deslocalización, recomposición de grupos y cambios de estructuras.

"La solución de cada uno haciendo la guerra por su cuenta no es una medida demasiado razonable", ha manifestado Onrubia, quien ha avisado de que la imposición de un tributo únicamente en España generará "efectos de deslocalización, recomposición de grupos y cambios de estructuras".

Aunque ha señalado que conlleva una mayor recaudación, Onrubia ha indicado que un impuesto a los servicios digitales solo en España "no es técnicamente muy deseable". En este sentido, ha recordado el "compromiso" de Francia y Reino Unido de retirar sus medidas "unilaterales" si se alcanza un acuerdo en el ámbito de la UE, algo que ve "difícil", o como cree más probable en el ámbito de la OCDE, específicamente en lo referido al G-20.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene la intención de recuperar el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que aprobó ya el pasado mes de enero y cuya tramitación quedó paralizada por la convocatoria de elecciones generales.

El nuevo tributo gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. En concreto, en línea con la propuesta de la Comisión Europea, el impuesto aprobado en enero gravaba el 3% de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

De esta forma, el impuesto se dirige a las plataformas que ponen en contacto al que ofrece servicio y al que lo adquiere, pero no al que genera el producto. El Gobierno estimó una recaudación de 1.200 millones de euros con este tributo que pretende volver a reactivar.

Fedea augura un gravamen complementario al impuesto de sociedades

Onrubia augura que en el futuro habrá un mundo muy dualizado, con empresas muy internacionalizadas y otras sin apenas actividad exterior. Este profesor de la Complutense e investigador de Fedea se muestra partidario de que Europa reforme el impuesto para determinar una base común consolidada, lo que obligaría a las empresas a declarar el resutlado mundial del grupo obtenido en cada territorio y tributar sobre eso. 

Pero Onrubia cree que esa opción es complicada: "Caminaremos hacía un impuesto complementario del impuesto de sociedades que tributará en función de los usuarios o de otras operaciones de estas grandes empresas digitalizadas".

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