Cae una banda que blanqueó 9 millones en tres meses con cajeros de criptomonedas

La base de las operaciones la tenían en un discreto edificio de pisos turísticos muy cercano al Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas de Madrid. Y la tapadera mercantil, en un humilde locutorio del barrio de Ventas, también de la capital, donde habían instalado dos cajeros automáticos de criptomonedas. Una estructura aparentemente sencilla con la que la banda ahora desarticulada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil era capaz de blanquear por encargo grandes cantidades de dinero de otras organizaciones criminales, principalmente del narcotráfico, según ha informado este miércoles el Instituto armado. Solo entre el 1 de enero pasado y el 26 de marzo, cuando sus ocho integrantes fueron detenidos, habían lavado 9 millones de euros gracias al movimiento de monedas virtuales, detallan a EL PAÍS fuentes cercanas de la investigación. Más de 100.000 euros al día.

Además, de los dos cajeros, los agentes han intervenido cuatro 'billeteras frías' (pendrives donde custodiaban de modo seguro criptomonedas) y 20 wallets o monederos virtuales. Además de los ocho detenidos, hay otras ocho personas investigadas, además de nueve empresas implicadas y once vehículos intervenidos, varios de ellos de coleccionista. La Guardia Civil también ha localizado, gracias a perros adiestrados, 16.800 euros en metálicos ocultos en el doble fondo de un armario que solo se abría con una tarjeta magnética. Fuentes de la investigación creen que esta organización llevaba blanqueando dinero en España cerca de cuatro años, en su mayor parte para organizaciones criminales asentadas en Colombia que habían extendido sus redes a Barcelona, Málaga y Madrid.

La operación que ha permitido su desarticulación -bautizada como Kampuzo en referencia a la calle Campezo, de Madrid, donde tenían uno de sus focos de actividad- se inició en noviembre de 2017 cuando en el transcurso de otro operativo, la Operación Guatuzo, también contra el blanqueo de capitales, se detectó la presencia en Madrid de un grupo de ciudadanos de origen colombiano y venezolano, aunque la mayoría con nacionalidad española, que presuntamente se dedicaba a transferir a Colombia grandes cantidades de dinero por encargo de narcotraficantes. La organización, que inicialmente se dedicaba al traslado físico en billetes, rápidamente había montado una estructura de sociedades y había iniciado operaciones de lavado por otros sistemas más complejos y efectivos.

Algunos eran tradicionales, como el denominado "de compensación" (intercambio de grandes cantidades de dinero entre Madrid y destino sin necesidad de que este viajase físicamente) o transferencias a través de multitud de cuentas bancarias abiertas a nombre de sus empresas para dificultar que se pudiera seguir su rastro. Sin embargo, la banda, comandada por dos ciudadanos colombianos que se repartían los roles, había evolucionado rápidamente y optado desde hace tiempo por la compraventa de criptomonedas para hacer más seguras sus operaciones de lavado. Por cada una de ellas cobraba a las organizaciones criminales que les contrataban una comisión de hasta el 8% del dinero transferido, según detallan fuentes cercanas a la investigación.

Para ello, la organización había franquiciado dos cajeros de criptomonedas, que había instalado en el locutorio del barrio de Ventas aparentemente para dar servicio a las personas que acudían al mismo. Sin embargo, las pesquisas han revelado que eran los integrantes de la propia organización los que utilizaban dichos terminales -sin conocimiento de la compañía que se los había facilitado- para mover grandes cantidades de dinero hacia monederos virtuales y, posteriormente, hacer llegar estos fondos a Colombia. Principalmente a Cúcuta, una ciudad limítrofe con Venezuela, convertida en el destino final del trasiego virtual de fondos.

Para justificar dichos movimientos de dinero, la organización simulaba operaciones de compraventa con facturas falsas entre las empresas de su propio entramado societario. En ellas utilizaban conceptos genéricos como "sondeo de mercado inmobiliario" y no se preocupaban en utilizan mercantiles con actividades dispares que hacían poco creíbles dichos negocios. Así, llegaban a fingir negocios entre una empresa comercialización de hidrocarburos y otra de intermediación en la adquisición de equipos informáticos. "En algunos casos eran facturas muy burdas", destacan fuentes cercanas a la investigación. Estas también destacan que también utilizaban identidades reales de personas que eran totalmente ajenas a la organización y a las que suplantaban tras hacerse de manera fraudulenta con los datos de sus DNI.