El jubilado azote de las eléctricas reclama 11 millones de euros a Endesa

Antonio Moreno Alfaro tiene una rutina estricta. Se levanta todos los días a las 8.25, se asea, desayuna. Empieza a revisar papeles. Después almuerza, se echa una siesta y vuelve a sumergirse en un cúmulo de documentos. “Si es muy interesante, no duermo”, confiesa este ingeniero jubilado de Sevilla de 75 años. Este ritual ocupa sus jornadas desde hace más de dos décadas. Precisamente, desde el 7 de noviembre de 1994, fecha en que su vida dio un vuelco radical.

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Ese día fue despedido de manera fulminante de la compañía de contadores eléctricos donde trabajaba. Tenía 51 años y cuatro hijos pequeños. Asegura que le echaron porque se negó a participar en unos asuntos turbios, que denunció, pero perdió la batalla. Lo bueno, dice, es que descubrió que había una guerra por librar. Hoy en día este Robin Hood del sector eléctrico dedica su vida a destapar irregularidades en el recibo de la luz. Ha señalado a ministros, ha denunciado a expresidentes del Gobierno y ha batallado ante las máximas instancias jurídicas; en algunos casos ha ganado y en otros ha perdido. Su última lucha: que Endesa devuelva 11 millones de euros a los consumidores andaluces y pague una sanción aún más elevada, explica, por una infracción muy grave perpetrada durante años en el precio del alquiler de los contadores telegestionados.

El ingeniero mantiene que desde 2010 la eléctrica cobró 0,33 euros mensuales de más a los usuarios, al aplicar la tarifa fijada para dichos dispositivos (de 0,81 euros al mes, más IVA) aunque estos no estuvieran efectivamente integrados en el sistema de telegestión. Nada descabellado. Facua ya había reclamado en 2014 ante la Junta de Andalucía por el mismo asunto. Y había ganado: Endesa devolvió 1,39 millones y le cayó una multa de 400.000 euros.

Pero Moreno pone encima de la mesa cantidades mucho mayores. En agosto reclamó ante la Junta que anulara dicha sanción, decomisara a la compañía 10,8 millones de euros y la sancionara con entre 48 y 480 millones. Explica que, tras la reclamación de Facua, la Administración exigió a Endesa solo el reintegro de lo sobrefacturado durante 2014 y trató lo ocurrido no como una infracción en materia de energía —a lo que, dice, estaría obligada por su propia normativa—, sino que aplicó la ley autonómica de protección de los consumidores, “muchísimo más benigna”. El ingeniero calcula que, sumadas todas las comunidades donde opera la eléctrica, lo sobrefacturado superaría los 26 millones y la sanción oscilaría entre 114 y 1.140 millones.

La respuesta no llegó, y Moreno volvió a reclamar en enero. Su última jugada: una denuncia ante los juzgados de primera instancia de Sevilla, presentada en marzo. La Junta tampoco ha contestado a las preguntas de este periódico sobre el estado de la reclamación del ingeniero.

David contra Goliat

Endesa se limita a señalar que esperará a que la justicia siga su curso. Conoce bien a Moreno: esta es solo la última estocada contra la compañía, empresa distribuidora en Andalucía. El ingeniero asegura que hasta su letrado bromea con que se merecería tener el título de abogado honorario, después de tantas reclamaciones y denuncias.

La primera fue contra la multinacional donde trabajaba, Landis & Gyr. Al ser despedido, Moreno sustrajo una carpeta de la oficina. No era una cualquiera: su membrete decía Grupo Contact, el nombre de un supuesto lobby integrado por cinco fabricantes de contadores (Landis & Gyr, Siemens, AEG Ibérica, Shlumberger y Metrega) que se reunía periódicamente para repartirse el mercado, según denunció el ingeniero, que asegura haber asistido a uno de los encuentros. La empresa denunció el hurto, al tiempo que él entregaba la carpeta al juzgado de guardia de Sevilla. "No tenía más remedio que sustraer la carpeta y entregarla al juzgado para demostrar el motivo real de mi despido: mi negativa a participar en el Grupo Contact”, dice. La querella en su contra fue archivada, pero el asunto no terminó ahí: saltó a los medios y llegó hasta Bruselas.

Moreno denunció al Grupo Contact ante la Comisión Europea en 1995. Siete inspectores llegaron a España y requisaron decenas de miles de documentos. Pero en 1999 el caso fue archivado, ante el desconcierto del ingeniero. Asegura que el responsable del expediente le había confirmado meses antes que la Dirección General de Competencia sacaría adelante el caso “a pesar de los muchísimos obstáculos”, y que se trataba de “prácticas restrictivas” que había “que sancionar”.

Tras el episodio, Moreno puso una querella ante la Audiencia Nacional contra las eléctricas y las empresas del Grupo Contact. El caso fue archivado y él condenado al pago de 50.000 euros de costas y responsabilidad civil, “por manifiesta temeridad y desprecio hacia nuestras instituciones democráticas”. Pese a ello, continuó su lucha: “Pensaban que me iban a acobardar, pero en absoluto. No se trata de dinero: para pararme me tienen que matar”.

Fue de palabra. En 2002 logró que el Gobierno rebajara un 10% el precio del alquiler de los contadores y lo congelara. En 2006 denunció a José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero ante el fiscal general del Estado por falsedad documental. Alegó que habían posibilitado “un fraude” por permitir que el reparto del mercado inflara el precio de alquiler y por impedir que los contadores fueran verificados periódicamente, provocando que marcaran cada año más kilovatios (kWh) de los realmente consumidos. Según sus cálculos, lo facturado en exceso por este error de medida oscila entre 542 y 916 millones de kWh/año. Es más: asegura que “el fraude en los precios del alquiler de los contadores” no ha cesado y que hasta el día de hoy les ha costado a los españoles más de 13.500 millones de euros, “la mitad de ellos estafada a través del BOE”.

Pocos años después denunció a Endesa por cobrar a los usuarios los 9,8 euros más IVA de derechos de enganche a los nuevos contadores electrónicos. La antigua Comisión Nacional de la Energía le dio la razón y el Ministerio de Industria prohibió el cobro. “Se reflejó en un ahorro de más de 300 millones para los usuarios", asegura. Luego vinieron los incrementos unilaterales en la potencia contratada, que en Andalucía afectaron a más de 400.000 usuarios. Moreno volvió a reclamar, pero esta vez el desenlace no fue el esperado: la Junta impuso a Endesa una sanción 1,6 millones de euros y la devolución de 22 millones “cuando hubieran tenido que ser 140 en el caso más benévolo”, dice. El ingeniero pidió entonces el acceso a los expedientes informativo y de discrepancia. La Junta y el Consejo de Transparencia andaluz se lo concedieron, pero Endesa recurrió. El asunto está ahora pendiente de sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Moreno mantiene que no es la primera vez que la Junta infravalora las sanciones a la compañía y considera que existe un modus operandi asentado en la comunidad desde los ochenta. Recuerda que entonces los diputados del PSOE Juan Carmona y Jesús Lechuga denunciaron 29 irregularidades, entre ellas una subida unilateral de potencia, cometidas por Sevillana Electricidad (después absorbida por Endesa). La sobrefacturación alcanzaba los 20.000 millones de pesetas, pero la Junta sancionó a la compañía con 12 millones y ordenó la devolución de 706 millones, de los cuales solo reintegró 419. “Ese es el chocolate del loro”, lamenta Moreno.

Ante esta guerra de trinchera, Endesa también sacó su artillería. En 2010 exigió a Moreno una indemnización de 50.000 euros por intromisión ilegal en el derecho al honor y el cierre cautelar de estafaluz.com, la página web donde el ingeniero ha recopilado los episodios de una saga que presenta como la prueba de la connivencia entre el sector eléctrico, la política y la justicia. En este caso las razones del jubilado prevalecieron. “La sentencia dice que el derecho al honor tiene menos prioridad que el derecho a la información cuando es veraz y de interés general”, resume.

“Hago una vida de un monje benedictino”, bromea, “pero le he ahorrado más 500 millones de euros a los consumidores”. Hasta hoy, el ingeniero tiene documentadas irregularidades que superan los 30.000 millones de euros facturados indebidamente. “Iré presentando las correspondientes denuncias en cuanto consiga reunir el dinero necesario, pues mi pensión bruta es de solo 1.134 euros mensuales”, afirma incansable.