La ampliación del subsidio a parados desde los 52 años cuesta casi 400 millones este año

La ampliación del subsidio para los parados más mayores, rebajando la primera edad a la que se puede cobrar a 52 años, supondrá un gasto adicional de unos 388 millones más este año, según la memoria económica del decreto ley de medidas sociales y laborales remitido al Congreso por el Gobierno. En total, ese texto legal calcula un impacto presupuestario de 1.611,44 millones.

La mayor parte de esta última cantidad se destina al subsidio, en concreto, 1.263 millones. No obstante, la mayor parte de este dinero no se consumirá en 2019 sino en los años siguientes, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Trabajo. En principio, el coste de la medida en su primer año completo de vigencia sería superior (465 millones), pero como se ha puesto en marcha transcurridos unos meses, la factura se rebaja.

El resto del dinero se desembolsa en los años siguientes: 605 millones en 2020, 203 millones para los de 2021 y 67 millones en 2022. Este dinero llegaría a un total de 114.000 beneficiarios potenciales, que su sumarían a los 265.465 que lo están cobrando actualmente.

Aunque a esta parte del decreto se le calcula un impacto de casi 1.300 millones, hay que tener en cuenta que hay una parte que vuelve a las arcas públicas, ya que en este dinero se incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social de estos desempleados. Y, además, el impacto es mayor porque no solo se contemplan las cuotas de los nuevos beneficiarios del subsidio sino también el incremento de la base de cotización de los que ya lo perciben hasta el 125% del salario mínimo.

Junto a esta medida, el decreto aprobado el 8 de marzo también contempla otras que suponen desembolso. Las bonificaciones a las conversiones de contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en indefinidos (12,78 millones) o a la contratación a desempleados de larga duración (25,6 millones). Para ambas medidas, en todo caso, ya existe un remanente de 38,5 millones en las cuentas prorrogadas, por lo que en un principio no sería necesario aumentar el gasto consignado.

Una situación similar se da en el caso de las bonificaciones para prolongar la actividad de trabajadores con contratos fijos discontinuos en el sector turístico, para la cual las cuentas consignan 22 millones y su previsión por esta bonificación el pasado año se quedaba en 15 millones.

Por otro lado, la reducción en las cuotas de los trabajadores del campo para compensar la subida del 22% del salario mínimo cuando el número de jornadas trabajadas sea mínimo se computa con un coste de 42,21 millones de euros, que se repercutirán en una reducción de los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social.

Por último, el Ejecutivo prevé la financiación de otras tres medidas a través de un aumento en las transferencias que deberá hacer frente el Estado a la Seguridad Social y a una reordenación de los recursos presupuestados en el Ministerio de Trabajo.

Es el caso este último de la dotación de 70 millones de euros para el fondo estatal para la integración de los inmigrantes. De las partidas a las que se recurre se encuentran 25 millones de euros previstos en ayudas para la adaptación al nuevo régimen de la estiba.

Respecto al aumento de las transferencias, estas tendrán que elevarse en 182,83 millones de euros, al cuantificarse en 157,56 millones la mejora de la prestación por hijo o menor a cargo para familias que no superen determinadas rentas y en 25,27 millones de euros la mejora de la prestación por incapacidad permanente.