La UE recorta a seis meses el plazo de Iberia para adaptar su accionariado tras el Brexit

Ni siete meses como proponía el Consejo de la UE, ni doce meses como quería el Parlamento Europeo. Las dos instituciones han fijado un plazo de seis meses para que las compañías aéreas bajo control británico, como Iberia, adapten su accionariado en caso de una salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo.

Iberia, propiedad de la británica IAG, podría perder su licencia de vuelo en Europa si no cumple la exigencia de que al menos el 51% del accionariado sea europeo. La compañía española dejará de cumplir ese criterio cuando el capital británico pase a contar como extracomunitario a partir del día en que Reino Unido deje de ser miembro de la UE.

El pacto se ha logrado este martes en el proceso de conciliación entre las dos instituciones encargadas del trámite legislativo del Reglamento sobre medidas de contingencia para el sector aéreo. El acuerdo fija un calendario más estricto  de lo previsto para la compañía española. Fuentes del Parlamento precisan, sin embargo, que se ha logrado suprimir la fecha fija para la reestructuración del accionariado, que exigía la consumación del cambio accionarial antes del 26 de octubre de este año.

El texto pactado elimina esa fecha y establece que los seis meses empezarán a contar desde la entrada en vigor del Reglamento, que podría retrasarse si el Brexit no se ejecuta el 29 de marzo, como está previsto, sino más adelante, como parece cada vez más probable.

El acuerdo alcanzado también establece un plazo de dos semanas, a contar desde la entrada en vigor del Reglamento, para que las aerolíneas afectadas por el Brexit presenten un plan para adaptar su estructura accionarial a las normas europeas. En España, tanto Iberia como Vueling, también propiedad de IAG, deberán demostrar que su accionariado es mayoritariamente comunitario.

Recorte del plazo a mínimos

El Parlamento Europeo había defendido que se concediese un plazo de 12 meses para la reestructuración accionarial, que hubiera expirado el 30 de marzo de 2020. Pero la Comisión Europea, según fuentes de la negociación, ha considerado incompatible ese plazo con el marco legal previsto para un Brexit duro.

El endurecimiento de la norma, sin embargo, también responde a la intención de Bruselas de dejar claro que un Brexit sin acuerdo resultará mucho más traumático para los intereses británcios que uno pactado.

El Gobierno de Theresa May y la UE pactaron el pasado 25 de noviembre un Acuerdo de salida, pero el texto fue rechazado por abrumadora mayoría por el Parlamento británico. May llega este miércoles a Bruselas para intentar que la UE retoque el acuerdo y lo haga más digerible para los parlamentarios británicos.

Pero ante el riesgo de que la Cámara de los Comunes mantenga su rechazo, Bruselas ha optado por unos planes de contingencia para el Brexit duro pensados para evitar la catástrofe pero sin neutralizar del todo los daños económicos.

La estrategia pretende reforzar la conveniencia de aprobar el acuerdo de salida, que incluye un periodo transitorio de 21 meses (hasta el 1 de enero de 2021) en el que toda la relación entre la UE y Reino Unido, incluido el sector aéreo, se mantendría intacta. El acuerdo contempla, además, la posibilidad de prorrogar esa transición hasta el 1 de enero de 2023, tiempo que se considera más que suficiente para ajustar la relación comercial entre ambos lados del Canal de la Mancha y evitar cualquier impacto económico del Brexit.