La UE baraja dar un plazo de siete meses a Iberia para adaptar su accionariado tras el Brexit

Un Brexit duro puede convertirse en un precipicio brutal para las líneas aéreas con abundante capital británico y extracomunitario, como Iberia. La UE estudia conceder un plazo de solo siete meses, a contar desde el 29 de marzo, para que esas compañías reestructuren su accionariado y cumplan la norma de contar con una mayoría de capital comunitario. De no lograrlo, perderían sus licencias de vuelo en Europa, lo que dejaría a España sin su principal compañía en el transporte aéreo.

Bruselas barajaba opciones más benevolentes, que podían haber prolongado el plazo de reestructuración entre nueve y 12 meses. Pero en las últimas semanas, tras la resistencia del Parlamento británico a aprobar el acuerdo de salida, la Unión ha endurecido el tono hacia Londres. Y parece dispuesta a demostrar que una ruptura sin acuerdo tendrá dramáticas consecuencias económicas para la economía británica y para las empresas allí establecidas.

Los 27 socios barajan de manera preliminar un plazo de siete meses para ajustar el capital de las aerolíneas afectadas, según un borrador del acuerdo citado por Financial Times. Si entrara en vigor, la norma solo concedería dos semanas a las compañías para presentar el plan de ajuste.

Fuentes diplomáticas precisan a este periódico, sin embargo, que la negociación sobre el reglamento se encuentra en una fase inicial y el texto aún no está cerrado y no ha sido tratado al nivel diplomático en el Consejo. Los plazos, en cualquier caso deberán ser negociados ahora con el Parlamento Europeo y podrían variar. Pero el punto de partida denota la intención de mantener una postura muy firme en caso de Brexit duro

El endurecimiento ha llegado acompañado de la irrupción en las negociaciones de Martin Selmayr, secretario general de la Comisión Europea y hasta el año pasado jefe de gabinete del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Selmayr ha participado esta semana en las reuniones de los representantes de los Estados miembros para atajar cualquier intento de flexibilidad. Sus intervenciones son descritas como "contundentes" por fuentes diplomáticas y han dado al traste con las propuestas de varios países, entre ellos España, para amortiguar las consecuencias de un Brexit sin acuerdo.

Periodo transitorio

El miedo a un 29 de marzo catastrófico para sectores como el de transporte por carretera ha llevado a los países de Europa central y del Este a pedir un período transitorio lo más largo posible para la libre circulación de mercancías, una actividad con importante presencia de camioneros polacos, rumanos o búlgaros, entre otros. La misma demanda planteaba España para el transporte aéreo, con el fin de dar más tiempo a Iberia a solventar su delicada situación accionarial.

Pero la Comisión ha bloqueado la expectativa de una relajación temporal de las normas tras el 29 de marzo. Bruselas apuesta por dar el menor margen posible de adaptación, lo que dejará patente la bondad del acuerdo de salida rechazado en el Parlamento británico con 432 votos en contra y 202 a favor. La UE confía en que el caos que provocaría el rechazo definitivo de ese acuerdo obligará a Londres a reconsiderar su posición.

El daño colateral de la estrategia de Bruselas sobre Iberia podría ser devastador si el Gobierno y la aerolínea fracasan en sus intentos de demostrar que se trata de una empresa española a pesar de pertenecer al holding británico IAG (antigua British Airways).

La Comisión Europea no ha aceptado hasta ahora los argumentos planteados por España y por Iberia. El organismo se remite al reglamento comunitario que exige que más del 50% de la propiedad de la compañía, así como su control efectivo (...) recaigan en los Estados miembros o en sus nacionales".

Tras su fusión con British Airiways, Iberia pasó a ser propiedad de una sociedad denominada Ib Opco, cuya propiedad corresponde al 100% al grupo británico IAG. La aerolínea, por tanto, no cumpliría el criterio de propiedad requerido por Bruselas.

Iberia ha alegado, sin embargo, que los derechos políticos de Ib Opco se repartieron entre un 49,9% de IAG y un 50,01% de una empresa española denominada Garanair, propiedad al 100% de El Corte Inglés. La aerolínea defiende, por tanto, que el control efectivo de Iberia está por completo en manos europeas. Pero la Comisión Europea considera imprescindible que se cumplan los dos criterios, propiedad y control efectivo, algo que, según Bruselas no se da en el caso de Iberia.

La aerolínea parece haberse rendido a esa evidencia y, según señaló el jueves el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha preparado ya "una propuesta de españolidad". La compañía ha trasladado el plan al Gobierno, segun indicó Ábalos, quien señaló que se trata de cambios "necesarios" para cumplir la normativa europea vigente y mantener así las licencias de vuelo.