Cataluña, ama o esclava

Desde Hegel (Fenomenología del espíritu) sabemos que hay una estrecha dialéctica entre el amo y el esclavo. Que el dominio y la servidumbre son función el uno de la otra. Se retroalimentan.

Así que para unos Cataluña solo es ama. Indepes como la portavoz de Esquerra desprecian el presupuesto regionalizado del Estado “porque esto no va de partidas ni de inversiones” (¿de qué va un presupuesto?)... si no del “fin de la represión”.

Como un espejo cóncavo, el prejubilado presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, considera que debe ser esclava. Por eso aduce que la inversión presupuestada para Cataluña supone “una afrenta y una humillación” para los madrileños, pues el presidente del Gobierno “paga a sus socios golpistas”.

¡Un poco de rigor! Es Navarra donde la inversión regionalizable del Estado más crece respecto a 2018: un 90%, por un 51,8% en Cataluña. Pero Navarra no cuenta en la dialéctica de Hegel, no es ama reconducible a esclava con manillas.

El dinero estatal para las autonomías se vehicula sobre todo en dos grandes partidas: la financiación y la inversión territorializable. En ambas, Cataluña avanzaría sustancialmente, de aprobarse el Presupuesto de Sánchez. Pero por razones tasadas, previstas y legales.

En financiación alcanzaría 1.560 millones adicionales, un aumento del 8,1% sobre 2018, casi el doble que el 4,9% del resto. Pero eso es de piloto automático, por la aplicación del sistema de financiación revisado en 2009.

Este compensó a las generalmente relegadas (en este asunto) comunidades más prósperas y más pobladas (las mediterráneas); y a las más generadoras de IVA (por turismo, como Andalucía y Cataluña).

Madrid cumpliría algunos de esos requisitos, pero sale menos beneficiada, o perjudicada, por no estar en el fondo de suficiencia ni haber redactado un Estatuto que la compensase de otro modo. El ciclo económico expansivo, además, favorece más a dichas autonomías, mientras que el recesivo lo hace a las más débiles.

En inversión regionalizable, los 2.251 millones para Cataluña suponen un 18,1%, porcentaje equiparable al PIB catalán, que representa un 19,2% del español (2017).

Es cierto que esa inversión crece mucho sobre 2018. Pero venía del pozo. Compárese con la miseria realmente aplicada por el Grupo Fomento durante los años presupuestarios plenos del Gobierno precedente de Mariano Rajoy, el quinquenio de 2013 a 2017: ejecutó solo un 63% (datos de la Cámara de Contratistas catalana).

Pero también aquí hay base objetiva, no arbitraria. Acercarse al peso de la economía catalana en la española (19,2%) es lo que propugna la adicional tercera del actual Estatut. Recomienda. Si obligaba a ello (durante siete años, vencidos e incumplidos), la sentencia del TC de 2010 diluyó su carácter vinculante para el Estado. Como también se ha aproximado a disposiciones parecidas de otros Estatutos (Andalucía, Aragón, Baleares, Extremadura, Castilla y León). Madrid no las tiene.

Cierto, una cosa es la letra de la ley y otra —no siempre coincidente al milímetro—, su espíritu. El Gobierno no puede escudarse en aquella (sí tras este). Y tampoco el secesionismo, rebajando la ambición del Presupuesto como mero cumplimiento de un deber: compare con los años anteriores.