La economía española necesitará 200.000 millones en diez años para completar la transición ecológica

El Spain Investors Day, la cita empresarial que suele marcar el inicio del curso económico, no podía haber arrancado en un día más tenso para la economía europea. A pocas horas de la votación del acuerdo de salida de la UE en el Parlamento británico, representantes de las 43 compañías cotizadas presentes en la cita, celebrada en un hotel madrileño, recibieron todo tipo de mensajes tranquilizadores de los representantes políticos.

La primera fue la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que se refirió a la salida sin pacto como "el peor de los escenarios". Ribera se esforzó en enviar mensajes de tranquilidad a los 150 inversores que durante dos días se entrevistarán con compañías españolas para explorar posibilidades de hacer negocios. "Nuestra propia agenda económica tiene suficientes elementos de potencia como para no tener que mirar a las capacidades de los demás. Vamos a ver qué ocurre, ayer el ministro de Asuntos Exteriores ha hablado de las medidas que queremos seguir desde el Gobierno", afirmó.

En clave interna habló sobre otro de los problemas que tensa la economía: si los Presupuestos aprobados por el Gobierno el pasado viernes conseguirán el apoyo parlamentario suficiente. Sólo en su ministerio, que aglutina políticas ambientales y energéticas, la asignación es de 5.250 millones de euros, un 2% más . "La ley de Presupuestos es enormemente importante desde el punto de vista del acompañamiento social, confiamos que las cámaras depositen confianza y apoyen estos presupuestos. En caso contrario contamos con unos presupuestos prorrogados que permiten trabajar con total normalidad".

El Spain Investors Day reúne en su novena edición a 150 inversores internacionales con empresas españolas. Las empresas participantes representan a la totalidad de los sectores del índice bursátil: alimentación, infraestructuras, banca, automóvil, energía, tecnología y seguros, entre otros. El foro, promovido y organizado por Estudio de Comunicación, tiene a BNP Paribas como socio y cuenta con el patrocinio del grupo PRISA, editora de EL PAÍS, entre otros.

Poco después, Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo recordó que el viernes el Gobierno aprobó su hoja de ruta para minimizar la salida de Reino Unido si finalmente la propuesta pactada por Theresa May es rechazada. Entre ellas están ayudas para la elaboración de planes de contingencia (el llamado "cheque Brexit"). "18 millones de turistas británicos nos visitan cada año", recordó. "Ahora se habla de que puede haber una prórroga... pero esto no es como el fútbol, donde puedes meter un gol. Aquí si hay una prórroga vamos a seguir teniendo un problema". Su ministerio recibe este ejercicio en los PGE una dotación de 520 millones de euros, un 3,6% más, y ha abrazado el objetivo de que la Industria represente el 20% del PIB en 2020 (ahora ronda el 16,3%).

Hacia la descarbonización

Las jornadas de trabajo del Spain Investors Day tuvieron en su novena edición un enfoque hacia la sostenibilidad. "La transición energética movilizará 200.000 millones en los próximos diez años", señaló Ribera. El 80% corresponderá a inversiones privadas y el 20% serán públicas. Desgranó que el 42% de esta cantidad se destinará a eficiencia, el 45% a renovables, otro 12% a redes de transporte y entre el 1% y el 3% a electrificación. Eso causará un impacto en el PIB de 15.000 a 25.000 millones por año entre 2021 y 2030.  "Estamos seguros de que ustedes, los inversores, están interesados".

El nuevo modelo que dijo apoyar desde el Gobierno "tiene que equilibrar los intereses de todos" y la descarbonización será el eje central para conseguir, en 2030, que el 34% de la energía que produzca el país proceda de fuentes renovables. "El cambio ya está ocurriendo, y es muy relevante para la industria española. Tenemos que facilitar esa revolución", aseguró Ribera. El ministerio tiene previsto adjudicar en subastas 3.000 MW de potencia renovable al año.

"El análisis de los riesgos del cambio climático y la necesidad de inversión verde no son un lujo, sino una necesidad urgente. Reforzarán los beneficios y disminuirán los riesgos de desperdiciar el dinero. Es fundamental aprender a hacer esta evaluación del riesgo climático y, con ese objetivo, la futura Ley de Cambio Climático pedirá a las empresas cotizadas y al sector financiero la realización de ese ejercicio, que sin duda reforzará la solvencia de la inversiones”, señaló.

Recuperar la confianza inversora

La ministra aprovechó su presencia esta mañana en el foro para intentar recuperar la confianza de los inversores que se vieron sorprendidos por el recorte de primas a las primas en 2013 y aseguró que para ello el Gobierno les ha propuesto mantener para sus proyectos una rentabilidad del 7,4% en los próximos doce años. En una disposición incluida en el anteproyecto del que fija la rentabilidad razonable para las renovables, "se les ofrece mantener la rentabilidad actual y no la que será un poquito más baja a partir de 2020", destacó.

“Somos conscientes de que todas estas oportunidades de la transición requieren ofrecer marcos de confianza al inversor, por eso se ha presentado un anteproyecto de ley que ofrece una solución para quienes apostaron por las energías renovables y se vieron afectados por un cambio de las reglas del juego en 2013. A través de este anteproyecto se les garantiza un marco de retribución estable hasta 2031 que corrige aquellos cambios inesperados y ofrece confianza a los inversores”, subrayó.

Nuevas medidas para el automóvil

Antes de su intervención, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida Méndez, desgranó en cifras los pilares de la economía española destacando el vigor de la demanda interna "una de las principales palancas de crecimiento" y el sector exterior.

La ministra de Industria, por su parte, respondió a las reiteradas demandas de la industria del automóvil para renovar el parque automovilístico español, el segundo más antiguo de Europa, asegurando que "estudiará" medidas para el achatarramiento (los planes PIVE finalizaron en 2017).  También admitió que "hay cosas que se han comunicado mal" (el Gobierno lanzó una propuesta para prohibir la matriculación de vehículos con emisiones directas de dióxido de carbono en España desde 2040 y su circulación, desde 2050) y destacó medidas ya aprobadas por el Gobierno, como el nuevo contrato de relevo (que permite jubilaciones parciales en las fábricas) o los apoyos a la electrificación.