Condenado Díaz-Ferrán a pagar 2.640 euros por alterar un concurso de amarres en Menorca
El expresidente de la patronal se ha confesado autor de delitos de alteración de concursos públicos y prevaricación.
El expresidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz-Ferrán, ha sido condenando por la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma a una pena de siete meses de cárcel por delitos de alteración de subastas y concursos públicos y prevaricación, que podrá sustituir por el pago de una multa de 2.640 euros. El exlíder de la patronal ha reconocido que participó en diversas actuaciones para favorecer a su empresa Trapsayates y alterar el concurso de amarres del puerto de Mahón (Menorca). El juicio por el caso Mar Blau se ha celebrado en la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma once años después de que se iniciara la investigación.
Díaz-Ferrán ha acudido a la vista, celebrada este miércoles en Palma, que se ha resuelto con una sentencia dictada “in voce” por la ponente del tribunal después de que las defensas de los doce acusados alcanzaran un acuerdo de conformidad con la fiscalía anticorrupción. El expresidente de la patronal se ha desplazado hasta la isla ya que se encuentra en régimen de semilibertad después de que el pasado verano el juzgado central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional le concediera el segundo grado tras cumplir una tercera parte de su condena a más de ocho años de prisión.
Este miércoles, Díaz-Ferrán ha logrado eludir la petición inicial de la fiscalía de tres años y medio de prisión y tan sólo tendrá que abonar multas que suman 2.640 euros. Junto a él ha sido condenado el que fuera director de la Autoridad Portuaria de Baleares, Ángel de Matías, que ha sido sentenciado a nueve meses de cárcel sustituibles por multa de 4.050 euros y el empresario Pedro Hernández, que abonará 1.800 euros a cambio de no cumplir siete meses de cárcel. Los tres acusados se han beneficiado de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas, ya que el caso ha sido juzgado once años después de que arrancase la investigación.
La fiscalía ha rebajado sustancialmente las penas que solicitaba inicialmente en su escrito de acusación. De condenas que sumaban 52 años de cárcel para los doce acusados, ha pasado a alcanzar acuerdos con multas que apenas alcanzan los 9.000 euros. Anticorrupción ha retirado las acusaciones sobre determinados hechos investigados al considerar que no había elementos suficientes que permitieran enjuiciarlos. Además, los acusados han visto rebajadas las peticiones de pena en un grado por la atenuante de dilaciones indebidas.
Los tres condenados han admitido que el fallecido presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares por el PP, Juan Verger, se ofreció a alterar en favor del Club Marítimo de Mahón el resultado del concurso por el que se dirimía la adjudicación de la gestión de los amarres en el muelle de Levante del puerto de la localidad. Para revertir el resultado de manera ilegal se propuso como solución que los responsables del Club Marítimo llegaran a un acuerdo con la empresa ganadora, propiedad de Diaz-Ferrán, para que renunciaran a la adjudicación a cambio de 13.523 euros y tres amarres de 27 metros de eslora durante quince años. El acuerdo fue disfrazado mediante un contrato para la realización de estudios e informes.
Durante el juicio, la sala también ha absuelto a nueve personas después de que la fiscalía retirara la acusación. Entre ellas, a quien fuera presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares con el PSOE, Francesc Triay. La fiscalía ha retirado la acusación sobre aspectos de la investigación que se referían a las dádivas entregadas a funcionarios y también las relacionadas con el contrato de asistencia técnica para el plan director del puerto de Mahón.
