Díaz Ferrán, procesado por el amaño de concursos en puertos de Baleares

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Un juzgado de instrucción de Palma ha abierto la vía para juzgar al expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán y al que fuera presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares bajo el mandato del PSOE, Francesc Triay, por el presunto amaño de concursos para la gestión de amarres en varios puertos de las islas. El magistrado Antoni Rotger ha dictado este viernes el auto de pase a procedimiento abreviado, el paso previo al juicio con el que pone fin a la instrucción del llamado caso Mar Blau y pide que continúe el proceso penal contra 13 personas, entre ellas funcionarios de puertos y empresarios de Baleares.

En el auto, el juez les acusa de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, alteración de precios en concursos públicos y delitos continuados de prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias y cohecho. El magistrado alude a un "estado de corrupción sistémica" existente en la Autoridad Portuaria de Baleares, el organismo encargado en gestionar los amarres y las infraestructuras náuticas de los puertos de las islas.

Según el relato de los hechos del juez, el ya fallecido presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares hasta 2007 y exlíder del PP balear, Joan Verger, ofreció a los responsables del Club Náutico de Mahón en Menorca alterar a su favor el resultado del concurso público para gestionar los amarres en la zona. Para ello, los directivos del náutico tenían que llegar a un acuerdo con la empresa que iba mejor posicionada para ganar el concurso, la sociedad Trapsayates propiedad de Gerardo Díaz Ferrán y su entonces socio Gonzalo Pascual. Según el juez, Trapsayates renunció al concurso de Mahón a cambio de 13.000 euros, tres amarres en Menorca valorados en 4,5 millones de euros y la concesión por parte de la Autoridad Portuaria de otro importante concurso de gestión de atraques en Ibiza.

Según los hechos relatados en el auto, tras la salida de Verger de la Autoridad Portuaria por el cambio de gobierno que aupó al socialista Francesc Antich a la presidencia de la comunidad, el nuevo presidente de Puertos Francesc Triay no solo supo de las irregularidades "sino que participó en el arreglo ilegal del concurso de Mahón". Bajo su mandato se otorgaron los amarres de Mahón de forma fraudulenta a la empresa de Díaz Ferrán y la concesión de Ibiza a una empresa que realmente, también estaba dominada por el expresidente de la patronal y su entonces socio, el fallecido Gonzalo Pascual.

El magistrado señala a Díaz Ferrán, en prisión por varias causas y a su entonces socio ya fallecido como las personas "que dirigían toda la operación" e incluso se habían adjudicado para su uso personal un amarre cada uno de los tres pactados a cambio de renunciar al concurso. Se trataba de atraques para yates de hasta 27 metros de eslora con una concesión de 15 años.

Viviendas a cambio de información

El auto que pone fin a la instrucción del caso Mar Blau también relata episodios de irregularidades supuestamente cometidas por funcionarios que aceptaban regalos a cambio de información o intervención en ciertos concursos.

Bajo la lupa del juez está la compra "de forma no aclarada" por parte de dos funcionarios de puertos de dos casas en primera línea del barrio del Portitxol, construidas por una empresa que participó en el deslinde de los terrenos donde se construyeron esas mismas viviendas. Ambos trabajadores, según el relato de los hechos, aceptaron como regalo dos cocinas para esos inmuebles valoradas en 12.000 euros a cargo de la empresa constructora.

El magistrado también quiere juzgar otro capítulo de presuntos sobornos en la Autoridad Portuaria de Baleares. Acusa a un empresario de haber regalado una casa con garaje y trastero en primera línea en San Ferrán de Ses Roques, en Formentera, a un funcionario de puertos que presuntamente le ofreció información privilegiada para que su empresa se hiciera con el concurso de amarres en el puerto de La Savina, en la pitiusa menor.

La Fiscalía y las acusaciones particulares tienen ahora un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Los acusados pueden presentar recurso a esta decisión ante el propio juez o la Audiencia Provincial.