Díaz Ferrán afronta 18 meses más de cárcel por no pagar multas pendientes

El que fuera máximo responsable de la patronal no verá saldada su pena hasta el 20 de noviembre de 2020, cuando hasta ahora la fecha prevista era el 30 de mayo de 2019. La decisión judicial afecta a la posibilidad de disfrutar de permisos carcelarios y al acceso al régimen de semilibertad, que el empresario reclama sin éxito desde finales de 2015.

El auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, recalca que Díaz Ferrán "en ninguno de los procedimientos ha abonado cantidad alguna para satisfacer las responsabilidades pecuniarias impuestas". Hasta ahora, el expresidente de la CEOE -que recientemente ha sustituido al abogado Carlos Pardo por una nueva defensora, Mónica Balibrea- había eludido el abono de las mismas alegando que su situación "es del todo precaria" y que se encuentra en concurso personal de acreedores, además de haberse declarado su insolvencia en distintos procedimientos judiciales.

Los magistrados consideran sin embargo que, si bien las indemnizaciones por la responsabilidad civil sí deben integrarse en la masa del concurso de acreedores en el que está inmerso, no pasa lo mismo con "el pago de la cuantía que como pena haya sido impuesta, pues la multa en tal concepto de pena forma parte de la ejecución penal, ajena a las acciones en el ámbito civil".

Por ello, el auto recuerda que en el caso Aerolíneas Argentinas, por el que fue condenado a dos años y dos meses por fraude fiscal, la sentencia incluía el pago de 99 millones de euros como responsabilidad penal por el delito contra la Hacienda Pública y que, por no abonar la misma, el fallo contemplaba prolongar la estancia en la cárcel seis meses.

En el caso Marsans, por el que fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales, la Audiencia Nacional recalca que el fallo incluía sendas multas de 9 meses con una cuota diaria de 10 euros que tampoco ha abonado. Por cada una de ellas, ahora deberá permanecer en la cárcel cuatro meses y 15 días. En total, nueve meses más.

Finalmente, en la tercera causa, por la que fue condenado a dos años por la apropiación indebida de millones de euros procedentes de la venta de billetes de avión y paquetes turísticos por parte de las agencias de viajes de su grupo, debía haber pagado una tercera multa, esta de seis meses con una cuota diaria de 10 euros. El auto considera que por este impago deberá permanecer 3 meses más en la cárcel.

Por estas tres condenas -la cuarta, la de las tarjetas black, aún no es firme y no ha sido acumulado a la misma-, Díaz Ferrán tenía fijada hasta ahora una pena de cumplimiento efectivo de seis años y seis meses de prisión, ya que la ley fija que el máximo de estancia en prisión es el triple de la impuesta por el delito más grave, que en su caso era de dos años y dos meses.

Su libertad total, por tanto, estaba prevista para finales de mayo de 2019, por lo que el expresidente de la CEOE llevaba meses reclamando a la Audiencia Nacional el disfrute de permisos penitenciarios y su progresión al tercer grado penitenciario como paso previo al régimen abierto y, posteriormente, a la libertad condicional. Sus argumentos para ello eran la edad (en diciembre cumplió 74 años), su buena conducta en prisión, su arraigo familiar y, precisamente, que había cumplido las dos terceras partes de esa condena de seis años y seis meses el pasado 31 de marzo.

Sin embargo, hasta ahora tanto Instituciones Penitenciarias como el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, habían rechazado sus pretensiones. La Junta de Tratamiento de la cárcel de Soto del Real, que cada seis meses revisa la situación de los reclusos, consideraba en uno de sus últimos informes que en el caso de Díaz Ferrán se daban "circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad".

Por su parte, el magistrado rechazó en noviembre concederle el régimen abierto al considerar que existía aún "un riesgo de reincidencia medio-alto". En diciembre le denegó también su primer permiso de salida. En este caso, por la gravedad de los hechos delictivos cometidos, las causas que todavía tenía pendiente y, precisamente, las responsabilidades civiles a las que tiene que hacer frente.