Solo un millón de usuarios tiene el bono social eléctrico a pocos días de que venza el plazo para renovarlo

La lentitud en el goteo de solicitudes para pasar del anterior modelo de bono, diseñado en 2009, al actual, se justifica de distintas maneras en función de la fuente que proporciona la explicación. El Gobierno lo achaca al desconocimiento por parte del consumidor, que intentó paliar con varias campañas que intensificó en la recta final del año, mientras otras fuentes conocedoras del proceso aseguran que la complejidad del trámite hizo desistir o directamente impidió a más de un ciudadano completar la petición. Lo que es cierto es que el bono social lleva tiempo en el ojo del huracán.

Más información

El Gobierno aprueba nuevas ayudas a los consumidores para luchar contra la pobreza energética

Más de 1,7 millones de beneficiarios, al borde de quedarse sin el bono social eléctrico

Diseñado en 2009 para pequeños consumidores vulnerables con tarifa regulada, los criterios para acceder a esta rebaja cambiaron en 2017. El Gobierno del PP los vinculó casi exclusivamente a parámetros de renta y dio plazo hasta el pasado abril para solicitar el traslado al nuevo modelo. Entonces, el ministerio dirigido por Álvaro Nadal estimó que unos 4,5 millones de personas podrían estar en riesgo de pobreza energética y tener derecho a la rebaja, pero que solo un 45%, unos dos millones, la solicitaría.

Un año y dos prórrogas después —una hasta octubre y otra hasta diciembre—, solo hay 1.042.021 bonos sociales activos, según el Ministerio de Transición Ecológica. El departamento dirigido por Teresa Ribera asegura sin embargo que a 20 de diciembre, a 11 días de acabarse el plazo, había unas 400.000 solicitudes más que estaban admitidas y muy próximas a la concesión, sobre un total de casi dos millones de peticiones recibidas. Esto llevaría a acabar el año con cerca de un millón y medio de bonos adjudicados.

Vistas las pocas solicitudes recibidas a inicio del otoño, el Gobierno de Pedro Sánchez fijó una moratoria hasta fin de año, pero decretó suspender el descuento a todos aquellos usuarios que no solicitaran el cambio antes del 8 de octubre, fecha en la que terminaba el anterior plazo. Solo quienes pidan la renovación antes del 31 de diciembre recuperarán las cantidades cobradas de más desde entonces y tendrán también acceso al bono social térmico, la nueva ayuda para la calefacción. Pero no perderán el derecho al descuento, que podrán pedir en cualquier momento más allá de 2018.

Poca potencia

A finales de julio, solo 650.000 usuarios, el 25% de los acogidos al anterior modelo, había logrado pasarse al nuevo sistema. La misma ministra Ribera había tachado poco antes de “ridículo” el porcentaje de usuarios que había pedido acogerse a esta tarifa bajo los nuevos criterios.

Con la nueva normativa, muchos de los parámetros anteriormente empleados para conceder el descuento fueron eliminados, como el tener poca potencia contratada. Este colectivo, que representaba el grueso de los beneficiarios del anterior bono —casi un millón y medio de personas que dejó de percibirlo en octubre—, se quedó fuera, salvo que cumpliera con los nuevos requisitos de renta. La ley actual distingue entre consumidores vulnerables, vulnerables severos y en riesgo de exclusión social. Y del millón de usuarios que tenía activado su bono a 20 de diciembre, 544.570 personas pertenecían a la primera categoría, 494.372 a la segunda y 2.670 a la tercera, según el Ministerio de Transición Ecológica. 

El Gobierno de Pedro Sánchez amplió aún más el abanico al adoptar una serie de medidas urgentes este octubre, cuando se comprometió a diseñar una estrategia de lucha contra la pobreza energética que debería de estar lista para esta primavera. La CNMC, junto a la Fundación Civio, ha desarrollado una aplicación online para que los consumidores sepan si tienen derecho a disfrutar del bono social eléctrico y facilitar así el acceso a esta tarifa subvencionada.