El Gobierno abre la puerta a revisar las subcontratas públicas y compensarles por el alza del salario mínimo

El Gobierno aprobará el viernes en el Consejo de Ministros la subida del salario mínimo. El incremento, del 22,3% hasta los 900 euros, podría tener consecuencias en multitud de empresas subcontratadas que prestan servicios a las Administraciones Públicas. En las contratas de limpieza, vigilancia o mantenimiento resulta frecuente que las remuneraciones se encuentren por debajo de los 900 euros. Y con esa subida del salario mínimo en una sola vez sus costes salariales pueden dispararse. Sin embargo, las empresas no tendrán fácil repercutir esa subida a los contratos ya ganados debido a que el anterior Gobierno del PP ya puso en marcha la ley de desindexación, que prohíbe con carácter general que las revisiones de los contratos públicos se liguen a la inflación.

La actual norma sí que permite algunas excepciones como que las empresas puedan repercutir a la Administración las alzas de sus materias primas. Pero no permite que se puedan trasladar como parte de la factura los incrementos de costes salariales más allá de lo que suban los sueldos de los funcionarios según se recoja en los Presupuestos del Estado. Y en 2019 la revalorización anunciada para los empleados públicos será de un 2,5%, muy lejos de ese 22,3% que se elevará el salario mínimo. Según se haya recogido o no en el pliego de condiciones, la ley de desindexación puede regir los precios de muchos contratos.

“No solo se han saltado el anterior acuerdo suscrito en el diálogo social. Este aumento tendrá un impacto en los costes laborales y en el empleo. Y supondrá un gran problema para las empresas que cuentan con escaso margen y dan servicios a la Administración en actividades muy intensivas en mano de obra como la limpieza, la sanidad o la dependencia, y que además no se van a atrever a llevar esta situación a los tribunales”, se queja Jordi García Viña, director de relaciones laborales de la patronal CEOE. La idea de la ley de desindexación consiste en que las empresas no puedan reclamar aquellas partidas que se corresponden estrictamente con su gestión, alegaba el Gobierno del PP cuando la aprobó.

Una subida del 22%

“Una cosa es limitar las subidas de costes año a año, y otra muy distinta es un cambio tan radical como subir el salario mínimo un 22%. Lo lógico es que el incremento lo asuman las Administraciones como ya se hizo en su momento con el IVA. El motivo es que no se trata de un hecho imputable al riesgo y ventura. Va más allá. Si este incremento no se contempla en las contrataciones públicas, la legalidad sería dudosa”, sostiene José María Gimeno Feliu, catedrático de derecho administrativo en la Universidad de Zaragoza.

Ante este problema, la respuesta que prepara el Gobierno es que “deberá analizarse cada caso particular y buscar una fórmula específica y transitoria para amortiguar los efectos en aquellos supuestos en los que la subida del salario mínimo genere importantes desequilibrios”, explican fuentes del Ejecutivo. Según estas, Hacienda tendrá que identificar qué contratos tienen que ser revisados si se demuestra que el impacto en la mano de obra es sustancial. Y podría incluso ocurrir que en algunos casos parte de los incrementos de costes tengan que ser asumidos por los contratistas. La decisión final será de los departamentos de Hacienda de la Administración. Es decir, no se cambiará la ley de desindexación y se buscarán soluciones a medida.

Este tipo de soluciones no satisfacen a la patronal CEOE, que está haciendo casus belli de la cuestión en un momento en el que además se está distanciando del Gobierno por haberle dejado al margen en materias como la modificación de la reforma laboral. “Hay miles de contratos públicos al sumar todos los niveles de Administración. Que el concesionario tenga que reclamar uno por uno no es un buen sistema y puede demorarse mucho. La patronal demanda una solución generalizada y automática”, afirma García Viña.

Fuentes jurídicas recuerdan que ya hay una doctrina del Supremo que obliga a la Administración a hacer frente al incremento de costes cuando sea fruto de una decisión del Ejecutivo. En la jerga especializada se habla del factum principis: cuando una alteración normativa del príncipe entraña un empeoramiento de las condiciones del contratante lo asume la autoridad pública.