Un blindaje débil para el euro

El marco, el franco o la peseta dejaron de ser hace dos décadas las monedas oficiales de sus países. 11 Estados decidían el 1 de enero de 1999 embarcarse en el proyecto del euro. Ha sido un recorrido todavía breve, pero también suficiente para que se hayan encontrado al borde del precipicio. La Gran Recesión, que casi hizo estallar sus costuras, obligó a idear una arquitectura bancaria y fiscal para el euro. Pero una vez cerrada la crisis económica, los países dejaron el edificio sin apuntalar. Las diferencias entre los actuales 19 socios del euro mantienen ese edificio en obras. Y a pesar de haber dado un paso adelante con la decisión de diseñar un presupuesto conjunto, esta semana en la Cumbre del Euro han adoptado un paquete de medidas que sigue lejos de cerrar la estructura que necesita la moneda única.

Ya sea por la batalla de las ideas o de los intereses, como escribe el economista Jean Pisani-Ferry, la reforma del euro sigue avanzando con pies de barro. En junio de 2012, plena crisis de la deuda soberana, Europa decidió dar un salto adelante. El entonces presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, presentó una ambiciosa hoja de ruta para integrar los sistemas financieros y fiscales nacionales que comprendía desde un fondo de garantía de depósitos o emisiones de deuda comunes hasta un presupuesto integrado basado en la “solidaridad”. Seis años después, algunas ideas han quedado aparcadas, como los eurobonos o la figura del ministro de Economía de la zona euro. Otras están atascadas, como el seguro comunitario para los ahorros de los ciudadanos. El eje francoalemán ha podido rescatar una mínima integración fiscal de los países de la moneda única, aunque los países del norte quieren despojarlo de cualquier función de ayuda anticíclica.

Los líderes europeos acordaron en la Cumbre del Euro de esta semana reforzar dos patas de la Unión Bancaria, la arquitectura financiera que debe servir para absorber futuros shocks y que, como señaló Van Rompuy en 2012, está llamada a ser el cascanueces que parta el nexo entre los balances bancarios y los bonos soberanos de su país. “Sin duda, la zona euro está mejor equipada que hace unos años, pero todavía espero ver más progresos”, sostiene el economista y director del think tank Bruegel Guntram Wolff. Sin embargo, echando la vista atrás, Wolff vaticina que “el progreso real probablemente solo se producirá en la próxima crisis”. “Esa es la forma de hacer de la zona euro, pero es una estrategia de alto riesgo”, advierte Paul De Grauwe, profesor de Política Económica Europea de la London School of Economics.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel firmaron en Meseberg una ambiciosa declaración que debía relanzar el proyecto de la integración económica y monetaria. A la hora de la verdad, Merkel ha vuelto a echar el freno —cuando no se ha bajado del vehículo— en varios de esos acuerdos. En la Cumbre del Euro de esta semana los países miembros decidieron reforzar los pilares de la supervisión y la resolución bancaria mediante la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede). De este organismo, que va dando pasos para convertirse en una suerte de FMI comunitario, dependerá la red de seguridad (o backstop) para el fondo de resolución para bancos en crisis.

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Este mecanismo de última instancia, dotado con 55.000 millones de euros, debe servir para cubrir las necesidades de solvencia y liquidez que tengan entidades al borde de la quiebra para evitar que se emplee dinero público. El documento deja flecos por cerrar, como algunas salvaguardas o la fecha de entrada en funcionamiento, que se fijará cuando se evalúen los riesgos del sistema financiero en 2020. “La resolución bancaria aún tiene un marco poco claro para proporcionar liquidez”, advierte Wolff.

La reforma del Mede incluye un acuerdo con la Comisión Europea para fijar los mecanismos de cooperación entre ambas instituciones. Y a su caja de herramientas se han añadido las líneas de crédito precautorias (sujetas a condiciones que deberán ser “clarificadas”), que deben servir a países cuyos fundamentos son sólidos pero que en un momento determinado pueden ser víctimas de la inestabilidad de los mercados financieros o de un efecto contagio. El Eurogrupo introdujo también las cláusulas de acción colectiva (CAC), que consisten en que una mayoría de acreedores pueda imponer al resto reestructuraciones de deuda. Este mecanismo semiautomático, que entrará en vigor en 2022, provocó el rechazo de Italia, que teme que pueda espantar a los inversores que compran deuda del país.

En las conclusiones de la Cumbre del Euro, sin embargo, en esta ocasión no hay ni rastro del fondo de garantía de depósitos. Sí está en el documento final del Eurogrupo, que vuelve a aplazar su discusión seis meses y, en esta ocasión, pone el debate en manos de un grupo de alto nivel que deberá marcar los próximos pasos. “Está con respiración asistida”, ironizan fuentes comunitarias. “Es un elemento clave para una auténtica Unión Bancaria. No está ahí, y en una próxima crisis van a tener que volver a intervenir los gobiernos”, lamenta De Grauwe.

Aunque fuentes diplomáticas no niegan la complejidad de crear ese fondo, aseguran que el problema es “político”. “Técnicamente, todas las opciones están más que exploradas”, sostienen. En el último consejo de ministros de Finanzas de la UE (Ecofin), la presidencia austriaca presentó un nuevo modelo, en esta ocasión “híbrido”. Este consistiría en que la banca aportara a los fondos nacionales la cantidad equivalente al 0,4% de los depósitos garantizados y otro 0,4% a un bote comunitario. Pero esa propuesta tampoco logró consenso.

Reticencias italianas

Alemania, según fuentes comunitarias, sigue resistiéndose a su creación por las reticencias italianas a limitar la deuda soberana en los balances bancarios. El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, afirmó recientemente que ese instrumento “está al final del camino hacia una unión económica y monetaria”. “Y el camino hacia esa meta es largo y lleno de condiciones”, añadió. El gobierno de Angela Merkel sigue condicionando ese fondo a continuar reduciendo riesgos, a pesar de que el Banco Central Europeo (BCE) considera que el saneamiento de los bancos ya es suficiente para ponerlo en marcha y de que los ministros de Finanzas aceleraron la aprobación del llamado “paquete bancario” de reducción de riesgos bancarios. “Hemos reducido suficientemente el riesgo para que se ponga en marcha el fondo de garantía de depósitos. Ahora es el momento adecuado para configurarlo”, afirmó Danièle Nouy, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE.

La Comisión Europea también presiona para que salga adelante. El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, dijo antes del Eurogrupo que sería “una decepción” si no había decisiones al respecto. Solo unos días antes, el ejecutivo comunitario había presentado un informe sobre la rebaja de activos dudosos en manos de la banca. En el conjunto de la Unión Europea, esas carteras tóxicas bajaron en un año del 4,6% al 3,4% de todos los créditos concedidos. España sigue estando algo por encima de esa media, pero con un 4,1% ya está prácticamente fuera del radar de los países problemáticos. Sobre todo en comparación con Grecia (44,9%), Chipre (28,1%), Portugal (11,7%), Italia (10%) o Irlanda (8,5%).

“Todavía no hemos logrado romper el nexo entre bancos y deuda soberana, es decir, la estrecha interconexión entre las entidades financieras y la deuda pública de su país”, sostiene Isabel Schnabel, profesora de Economía Financiera en la Universidad de Bonn y miembro del Consejo Alemán de Expertos Económicos, conocido también como “los cinco sabios”. Schnabel se refiere a ese “círculo vicioso” que se proponía romper la Europa de 2012, que acaba afectando también al crédito a empresas y familias. Para acabar con él, Schnabel propone dos soluciones: limitar la concentración de deuda pública interna en los balances bancarios y un fondo de garantía de depósitos que actúe en caso de una crisis “grave”. “El fondo solo debe introducirse junto a nuevas reglas sobre exposiciones soberanas”, sostiene la economista.

La Unión Bancaria debe permitir, al fin, que un ciudadano español pueda realizar su actividad financiera con un banco danés sin problemas y con las mismas garantías. Y al revés. Y de que las fronteras vayan desdibujándose para que las entidades adquieran un carácter transfronterizo. “Los bancos deben poder operar en una zona euro concebida como jurisdicción única”, resume Nicolas Véron, economista de Bruegel y del Peterson Institute for International Economics. A su juicio, la reducción de riesgos no puede ser el argumento tras el que esconderse para afrontar una mayor integración. Y coincide con Schnabel en la receta: suprimir restricciones para que los bancos puedan operar en otros países, armonizar legislaciones, limitar las concentraciones de deuda de los balances y un fondo de garantía de depósitos. “No deben buscarse fórmulas híbridas. Tiene que ser un sistema de seguro que todos los ciudadanos puedan entender. Que sepan que su dinero está garantizado de la misma forma en un país u otro”, añade. “Las actividades bancarias transfronterizas han disminuido sustancialmente tras la crisis, lo que significa que nos hemos ido alejando de un mercado bancario integrado”, añade Schnabel.

La necesidad de un avance en la Unión Bancaria y de los mercados de capitales es unísona en las diecinueve capitales de la zona euro. Otra cosa son los tiempos, las sendas y los límites. Y algunos debates, como la mutualización de la deuda, parecen aparcados ya sine die.

La unanimidad, sin embargo, no existe en los mecanismos fiscales. Francia y Alemania relanzaron el mes pasado la propuesta de un presupuesto para los países de la moneda única, centrado en las inversiones, que permitiera la convergencia, competitividad y también estabilización económica. Por su parte, España presentó en la Cumbre del Euro de octubre un documento para un seguro comunitario de desempleo que cuenta con el apoyo de los titulares de Finanzas de Francia, Portugal y Alemania, aunque no de la canciller.

Estabilidad

La propuesta francoalemana de presupuesto, centrada en la financiación de inversiones, se engarza dentro del Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE. Ese instrumento perseguiría, de acuerdo con el documento, la “competitividad” y “convergencia” de los países del euro, pero también su “estabilización” frente a una crisis. Esa función anticrisis residía en que, en tiempos de recesión, los gobiernos o bien las recortan para controlar sus presupuestos o bien las aumentan para contener el desempleo a costa de que se desangren sus déficits. El papel no puso números, aunque la Comisión Europea ideó un mecanismo similar dotado con 30.000 millones de euros.

La dotación de una capacidad fiscal a la zona euro, sin embargo, divide profundamente a sus socios. El último Eurogrupo fue una muestra de ese enfrentamiento. Francia, Alemania y España tuvieron que batallar hasta el último momento ante el rechazo los países nórdicos, capitaneados por Holanda. Los países acordaron finalmente un instrumento para la convergencia y la competitividad y dejaron por escrito el desacuerdo sobre esa función estabilizadora con la que algunos países quieren introducir mecanismos de solidaridad en la UE tras una recesión que ha dejado profundas desigualdades en las sociedades que más se aplicaron en los recortes. “Va en la buena dirección, pero es miseria si no hay función de estabilización. Necesitamos algo mucho más sustancial, no solo simbólico, para dar estabilidad a las economías”, señala De Grauwe.

Esa áspera noche que vivió Eurogrupo precisamente da valor a las conclusiones finales de la Cumbre del Euro. No aparece esa función estabilizadora a la que no quiere renunciar Macron, aunque desde su ejecutivo afirman que seguirán batallando por ella. Y además, también podrán participar en él los países que están en la antesala del euro. Pero los jefes de Estado y gobierno dan el mandato a sus ministros de trabajar en el “diseño, las modalidades de implementación, el calendario” y el tamaño de un presupuesto para la convergencia y la competitividad que debe ponerse en marcha en el próximo MFP, que arranca en 2021. Y a la Comisión le piden una propuesta legislativa. Y todo ello debe estar a punto en junio.

También el seguro de desempleo fue un punto de desacuerdo en el último Eurogrupo. Y en este caso, no encontrado cabida en el documento final de la Cumbre del Euro. La Unión Bancaria va dando pequeños pasos con acuerdos técnicos o redes de seguridad casi imposibles de explicar. Y en ese contexto, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha querido vender dentro del Eurogrupo la idea del “backstop ciudadano”. Fuentes oficiales explican que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó en la Cumbre del Euro una propuesta con un diseño sencillo: está anclada dentro del MFP y parte de la proposición de presupuestos anticrisis que hizo la Comisión Europea, por lo que sería también aplicable al instrumento que acabe acordándose. No sustituiría al subsidio de paro nacional, pero serviría para complementarlo y evitar que, en tiempos de recesión, los estabilizadores automáticos acaben fundiendo los déficits públicos.

Otras opciones

Otras formulaciones van más allá, como el planteamiento hispanoalemán en el que participan, entre otros, los eurodiputados Jonás Fernández y Jakob von Weizsäcker. La idea pasa por crear una bolsa con aportaciones nacionales y europeas que ayude a los gobiernos a afrontar los gastos de paro con aportaciones gubernamentales y la posibilidad de emitir bonos. El rechazo de los países nórdicos a cualquier mecanismo estabilizador augura un arduo camino a ese seguro de paro comunitario. Pero el ministro francés Bruno Le Maire y Calviño cuentan con el apoyo, entre otros, del titular alemán de Finanzas, Olaf Scholz, que reivindicó ese instrumento en el último Eurogrupo Su departamento había preparado también un documento no oficial que publicó el periódico Handelsblatt. En él se trazaba un fondo con aportaciones de todos los miembros de la UE que prestaría dinero a los países con mayor desempleo mediante créditos a cinco años. Pero igual que le ocurrió a Sánchez cuando expuso sus planes ante el resto de líderes europeos, la respuesta de Angela Merkel fue un sonoro nein.

Isabel Schabel, miembro del grupo de economistas elegidos por el presidente federal alemán a propuesta del gobierno, coincide en la utilidad de “establecer un mecanismo de estabilización macroeconómica”, por ejemplo, “a través de un plan europeo de reaseguro de desempleo, que ayudaría a amortiguar los choques económicos graves en un Estado miembro”. “El norte piensa que va a contribuir más que el resto, pero ¿dónde han ido a parar los recursos humanos altamente formados de España o Portugal? En el momento en el que hay este movimiento de trabajadores dentro de la UE, es lógico que los grandes paraguas sean europeos, también para ayudar a países que puedan sufrir más shocks asimétricos porque tienen a más ciudadanos empleados en el sector servicios”, coincide Santiago Carbó, catedrático de Economía de Cunef y director de Estudios Financieros de Funcas.

El debate se prevé intenso en los próximos meses con un presupuesto de la zona euro sobre la mesa y ante unas elecciones comunitarias en las que todos los grupos querrán marcar perfil. En las reuniones del Eurogrupo tal vez vuelvan a producirse discusiones de más de 18 horas y a librarse esas batallas ideológicas o de intereses. No solo entre los países del norte, amantes de la disciplina fiscal, y los que empujan hacia una mayor integración fiscal. También en el seno de los propios gobiernos de coalición, como el de Angela Merkel. Sin embargo, también deberán afrontar la disyuntiva de seguir diluyendo o postergando decisiones o abrir la mano a medidas que den un mayor barniz social a la zona euro y permitan hacer frente al ascenso del populismo y la extrema derecha. La ventana de oportunidad se va cerrando, pero aún quedan rendijas abiertas.