Los rastreadores de accionistas

En la Bolsa, como ocurre en la tierra media de las novelas de J. R. R. Tolkien, hay múltiples tribus. No solo están las empresas cotizadas y los inversores. En medio hay diferentes actores secundarios que ejercen un papel importante. Están los consejeros aúlicos o proxy advisors, que sugieren a los fondos qué votar en las juntas, y también los embajadores o proxy solicitors, que rastrean quiénes son los accionistas de las cotizadas para establecer canales de comunicación con el fin de ahorrar sustos a sus clientes en la asamblea anual.

Dentro de este último grupo, una de las firmas líderes en el mundo es Georgeson. Fundada en Nueva York en 1935, cumple ahora 15 años en España. “En este periodo hemos ayudado a identificar riesgos en materia de gobierno corporativo para que no se materialicen en las juntas. También hemos contribuido a que cuando ha habido una opa ésta lograse el mayor grado de adhesión posible”, destaca Carlos Sáez, director de negocio para España y Latinoamérica.

Georgeson fue adquirida en 2003 por Computeshere, uno de los mayores proveedores de servicios al inversor del mundo. El consejero delegado para el sur de Europa y Latinoamérica de la firma, Stefano Marini está convencido de que cuando hay una buena comunicación entre la empresa y sus propietarios, las posibilidades de maximizar el valor de la acción aumentan. “Abrir las puertas de las cotizadas supone, por ejemplo, obtener mejores condiciones de financiación”, argumenta.

En España, cada cierto tiempo surge un fiasco financiero que pone en tela de juicio la calidad de la gobernanza empresarial (Abengoa, Banco Popular, Pescanova...). Sin embargo, en Georgeson también destacan los “importantes avances” que se han hecho para elevar la transparencia de las compañías y mejorar sus políticas de gobierno corporativo.

Eso sí, como el canario en la mina, también deslizan que todavía hay puntos por mejorar. El más urgente es el funcionamiento de la comisión de nombramientos y retribuciones. Precisamente, el punto del orden del día de las juntas españolas que más rechazo suele concentrar es el fichaje y reelección de los miembros del consejo. “Una vez se ha conseguido mejorar el funcionamiento de la comisión de auditoría, los inversores internacionales exigen que el proceso de selección de administradores esté más profesionalizado para que se identifiquen bien las habilidades y el perfil que se requiere para cada puesto”, reconoce Sáez. Además, el director general de Georgeson explica que “hay una demanda creciente para que las cotizadas mejoren sus prácticas en temas sociales y medioambientales, no solo en gobierno corporativo”.

Existen dos factores que llevan a pensar que la labor de mediación de los proxy solicitors se verá reforzada en España durante los próximos años. La primera tiene que ver con la revolución en la propiedad de las acciones de los grupos cotizados. Desde 1992 el peso de los inversores internacionales ha crecido 16 puntos porcentuales. Los grandes fondos extranjeros ya tienen en su poder el 46% del mercado. Otro elemento que refuerza su papel es la oleada de activismo accionarial. Las juntas han dejado de ser un paseo militar para el consejo. “El activismo es una tendencia imparable. En España vamos tarde respecto a los mercados anglosajones, pero acabará llegando porque hay mayores exigencias para que los fondos ejerzan su labor fiduciaria”, subraya Marini.

En los últimos meses, Georgeson, de la mano de varios clientes, ha emprendido una cruzada: los microdominicales. La normativa española considera que un consejero independiente deja de serlo y se califica como dominical cuando tiene o representa a un accionista con una participación igual o superior al 3% del capital social (o al 1% en caso de compañías que tengan su residencia en un paraíso fiscal). En cambio, este umbral en otras jurisdicciones es mayor. Georgeson propone instaurar la figura del microdominical, es decir, que se catalogue a un consejero como independiente cuando tenga hasta un 10% de los títulos. “Si la CNMV decide rebajar algo ese umbral nos parecería lógico, pero su acogida ha sido buena. 2019, con la transposición de la directiva de derechos de los accionistas, sería un buen momento para facilitar este cambio”, concluye el consejero delegado de Georgeson.