Los socios europeos dan luz verde al nuevo acuerdo de pesca con Marruecos
Los barcos españoles podrían volver a faenar a principios de 2019 si el Parlamento Europeo ratifica el visto bueno dado este jueves por el Consejo de Ministros de la UE
El Consejo de ministros de la Unión Europea ha dado este jueves luz verde a la firma del nuevo acuerdo de pesca con Marruecos, llamado a sustituir el que expiró en junio de este año y a resolver las objeciones planteadas por el Tribunal de Justicia europeo por la inclusión en el pacto de las aguas adyacentes al Sahara Occidental.
La ratificación del acuerdo para otros cuatros años, suscrito el pasado mes de julio, había encallado por las dudas sobre los presuntos beneficios que supondrá para la población del Sahara occidental, un territorio que, según el derecho internacional no forma parte del territorio de Marruecos y, por tanto, Rabat no debería negociar la explotación de sus aguas.
El texto, a pesar de las dificultades que aun tiene por delante, parece haber entrado hoy en la recta final con la aprobación formal de los 28 socios de la UE. Y si se cumple el calendario previsto, el acuerdo podría votarse en el Pleno del Parlamento en enero o febrero de 2019, lo que permitiría, si logra el respaldo necesario, su entrada en vigor. De no lograrse, podría embarrancar y quedar aparcado hasta la próxima legislatura (tras las elecciones europeas de mayo de 2019).
El ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas, presionó a mediados de noviembre, durante una visita al Parlamento Europeo en Estrasburgo, para que se proceda a una rápida ratificación de un acuerdo vital para parte de la flota pesquera española, en particular, la de Andalucía. El acuerdo permitirá volver a faenar en la costa atlántica frente a Marruecos a 128 barcos europeos, con 92, al menos, españoles.
La UE abonará 37 millones de euros a Marruecos el primer año y la factura irá subiendo hasta los 42 millones en el cuarto ejercicio. Los armadores pagarán además por sus capturas, una factura que en total puede reportar a Marruecos hasta 12,7 millones de euros al año, según los cálculos comunitarios.
La Comisión Europea concluyó en un reciente informe (fechado el 8 de octubre) que "la actividad económica generada por el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos redunda en beneficio del desarrollo económico de la industria pesquera y en favor del empleo local".
El documento subraya que la pesca, incluida la transformación, es el sector de mayor empleo en el Sahara occidental y su principal fuente de exportación. Las descargas de pescado en los puertos del Sahara occidental representa, según los datos recabados por la Comisión, el 73% del total descargado en la costa atlántica de Marruecos.
El impacto es mucho mayor en el sector de la transformación, que "emplea decenas de miles de personas" en las localidades saharauis, según la Comisión, y genera un valor estimado de unos 450 millones de euros, la mitad destinado a la exportación (un 60%, al mercado europeo).
Bruselas, como paso previo a su evaluación sobre las repercusiones económicas del acuerdo, llevó a cabo un ejercicio de consulta previo con las autoridades marroquíes y con organizaciones no gubernamentales en la zona. Sin embargo, la Comisión no logró que participase en la consulta el Frente Polisario, reconocido por Naciones Unidas como uno de los interlocutores en el proceso de paz sobre el Sahara occidental.
El Frente Polisario considera que la explotación de los recursos naturales del territorio saharaui controlado por Rabat es "un expolio económico cuyo objetivo es modificar la estructura de la sociedad saharaui", según cita recogida por el informe de la Comisión Europea.
El Parlamento Europeo también alberga dudas sobre los beneficios del acuerdo pesquero para la población del territorio saharaui. La comisión de Pesca del Parlamento aprobó este martes su dictamen sobre el pacto, en el que ha incluido dos enmiendas para obligar a identificar, a efectos aduaneros y de consumidores, que los productos pesqueros proceden realmente de Sahara occidental.
A pesar de todas las dudas, los ministros han aprobado la decisión de firmar el acuerdo, el Reglamento que fija el reparto de cuotas entre los 10 países europeos que podrán pescar en las polémicas aguas y el canje de notas entre Bruselas y Rabat para poner en marcha el pacto.
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