Competencia investiga a las aerolíneas por subir tarifas tras el aumento del descuento de residente en las islas
El Gobierno balear remite denuncias por el incremento de los precios y deficiencias en la calidad del servicio y la seguridad de algunas compañías
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está investigando a las aerolíneas que operan vuelos entre las Islas Baleares y la Península para comprobar si se han producido incrementos injustificados de las tarifas a raíz de la aprobación del incremento al 75% de la bonificación para residentes. El Gobierno balear ha remitido al Ejecutivo central varias denuncias por un aumento importante de los precios de los trayectos que unen los tres aeropuertos de Baleares con varias ciudades españolas que ha dejado desvirtuado el incremento del descuento para los residentes, que el pasado mes de julio entró en vigor y que permite subvencionar el 75% del coste del billete, excluyendo las tasas.
El consejero de Territorio, Energía y Movilidad del Gobierno balear, Marc Pons, afirma que remitieron al Gobierno central varias denuncias de consumidores por el aumento del precio de los billetes, deficiencias en la calidad de los servicios y cuestiones de seguridad. A principios de noviembre las denuncias fueron trasladas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que investigara si se había producido una distorsión de los precios en los últimos meses, mientras que el Gobierno se reunió con Aena, Enaire y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para revisar las incidencias que se han producido en materia aeroportuaria en Baleares, tanto a nivel de precio como de seguridad.
Las denuncias también se apoyan en un informe elaborado por la patronal de Agencias de Viaje de Baleares (AVIBA) que tras estudiar el precio de 4.500 billetes desde el pasado julio revela que las compañías que operan vuelos con origen o destino Baleares han incrementado sus tarifas tras la aplicación de la nueva bonificación. "Las compañías de línea regular como Iberia o Air Europa son las que menos incrementan los precios. Las 'low cost' son las que más han aumentado las tarifas con respecto a 2017" sostiene el presidente de AVIBA, Antoni Abrines. Otro de los aspectos que preocupan y que se ha trasladado al Gobierno es la diferencia de precio en los mismos trayectos dependiendo de si el aeropuerto de salida está en el archipiélago o en la Península, con casos en los que un billete bonificado es más caro en un trayecto Palma-Madrid que un billete sin bonificar para un vuelo Madrid-Palma.
Tarifas máximas
Para evitar lo que el consejero Pons ha calificado de "escalada de precios" ha mostrado su intención de pedir al Ministerio de Fomento que obligue a las compañías a fijar un precio medio máximo de los billetes para trayectos entre los tres aeropuertos de las islas con el resto de España. Una decisión que tiene que contar el con aval de la Unión Europea, ya que las rutas tendrían que ser declaradas de servicio público como ya ocurre en los trayectos entre islas, que tienen un coste máximo de 90 euros y que ahora se pretende rebajar a 60 euros.
Además del aumento de precios, Pons ha mostrado su preocupación por la calidad del servicio ofrecido por algunas de las compañías en los vuelos interislas. "Hemos enviado denuncias a AESA viendo la merma de la calidad del servicio que se ha producido en momentos concretos en algunos trayectos entre islas. Queremos que las Agencia Estatal de Seguridad Aérea investigue si se ha cumplido la normativa en todo momento" señala Pons. Iberia y Air Europa son las dos aerolíneas que operan las rutas entre islas y en los últimos meses se han visto obligadas a subcontratar a compañías extranjeras para poder dar salida a la demanda, que se disparó tras el aumento del descuento de residente. Sin embargo, las subcontratas han recibido numerosas denuncias por problemas de seguridad y de calidad, como la falta de aires acondicionados en pleno verano. En el último año, la dirección general de Consumo del Gobierno balear ha abierto 26 expedientes contra aerolíneas y se han impuesto sanciones por valor de más de un millón de euros.
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