Trabajo revisará el poder adquisitivo de las pensiones con el IPC de diciembre

La evolución de los precios este año va a aumentar más de lo previsto la factura de las pensiones. Cuando se aprobó el presupuesto, se estableció una subida del 1,6%. Pero el IPC a finales de este año va a superar ese porcentaje. Llegará en diciembre al 1,9%, según las previsiones oficiales del Gobierno. Por tanto, si se quiere que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, algo a lo que se ha comprometido repetidamente este Gobierno, tendrán que compensarles. ¿Cuánto supone eso? 385,8 millones, a razón de 128,6 millones por cada décima de desviación, según fuentes del Ministerio de Trabajo.

Este mecanismo de actualización y revisión de pensiones estuvo vigente hasta que se aprobó la reforma de 2013. Pero con una diferencia, entonces se tomaba el dato del IPC de noviembre como referencia para comprobar si los pensionistas habían perdido poder adquisitivo a lo largo del año y no el de diciembre, como es probable que se haga este año, apuntan en Trabajo. Tomando los precios del último mes del año, lo más probable es que esta factura para la Seguridad Social sea menor ya que las previsiones indican que el IPC será menor en diciembre que en noviembre.

Tres décimas más del IPC

Hay que tener en cuenta que compensar la pérdida de poder adquisitivo tiene un coste mayor que esa paga retroactiva que los pensionistas recibirán en enero, según la tradición seguida mientras estuvo vigente la ley anterior. ¿Por qué? Porque cuando se calcule el alza del 1,6% de las pensiones para 2019, se hará sobre el supuesto de que este año las pensiones subieron un 1,9% y no un 1,6%. Es decir, a lo largo del año próximo la desviación de precios de 2018 cuesta otras 385,8 millones.

Esta aclaración ha llegado al acabar la intervención de la Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en el desayuno informativo organizado por Europa Press. En ella, Valerio no ha despejado esta duda, que han aclarado posteriormente en su equipo.

En esa intervención, la ministra ha advertido que tiene la intención de sacar adelante las medidas que contempla el plan presupuestario: subsidio de desempleo para mayores de 52 años y permisos de paternidad de ocho semanas, entre otras. “En la vida siempre hay que tener plan A y plan B. El B es recuperar ciertos derechos que se eliminaron por decreto. Tenemos preparadas una batería de medidas que irán en presupuestos o por decreto”.

El déficit de la Seguridad Social debería estar resuelto en 2022

Durante su intervención, la ministra de Trabajo también advirtió de que España debería llegar a 2022 ó 2023 con el sistema de pensiones saneado, ya que será entonces cuando se produzcan un mayor número de jubilaciones de las generaciones del baby boom. "Es fundamental reforzar el equilibrio financiero del sistema", ha dicho la ministra, que ha apostado por reordenar ingresos y gastos, de forma que políticas sociales como las prestaciones de maternidad y paternidad (que suponen un coste de 2.500 millones de euros) se paguen a través del Estado.

Por el lado de los ingresos, Valerio ha reconocido que el impuesto de transacciones financieras, con el que se prevén recaudar unos 850 millones de euros al año para financiar el sistema de pensiones, solo dará para un "aperitivo discreto". "Hay que inyectar ingresos porque no vale sólo con el impuesto de transacciones financieras", ha remarcado.

En todo caso, ha insistido en que hay cerca de 19 millones de personas que trabajan y el mes a mes de las pensiones se paga con lo que cotizan los trabajadores cada mes.

"El problema lo tenemos para afrontar el pago de las pensiones extraordinarias de junio y diciembre y ahí es donde tenemos que apostar por más empleo, de más calidad, más salarios, cotizaciones y por más personas trabajando", ha añadido.