Trabajo destinará 2.000 millones de euros a su plan de choque contra el desempleo juvenil

Las 50 medidas que conforman el plan de choque por el empleo joven que está ultimando el Ministerio de Trabajo cuestan 2.000 millones de euros entre 2019 y 2021. El primer año el desembolso será de 665 millones si se cumple lo previsto; el segundo, 666 millones; y el tercero, 668 millones, según aparece en apartado del impacto presupuestario incluido en la decimoctava versión del borrador a la que ha tenido acceso este diario.

Esta no será la última versión, apuntan en el Ministerio de Trabajo, donde advierten de que aún hay que añadir aportaciones sobre formación profesional. Lo mismo apuntan varias fuentes de la negociación con los sindicatos y los empresarios, quienes, según adelantó esta semana eldiario.es, se descolgaron en la última reunión mantenida el pasado lunes, dos días antes de la llegada a la presidencia de CEOE de Antonio Garamendi. En las conversaciones también participan las comunidades autónomas, que son las que tendrán que ejecutar el plan por ser quienes tienen la competencia de las políticas activas de empleo.

Para llevarlo adelante, Trabajo no pretende aumentar el dinero total que destina a políticas activas de empleo y que transfiere a las comunidades autónomas. Lo que sí pretende es reordenar el que ahora se gasta. Por ejemplo, para financiar la medida estrella del plan, la contratación de 3.000 orientadores laborales, permitirá a los gobiernos autonómicos emplear en gasto estructural el dinero que reciban. Ahora los fondos destinados a orientación solo pueden invertirlo en inversiones temporales o programas con fecha de caducidad.

“Se trata de reorientar fondos de la conferencia sectorial de empleo”, señalan en Trabajo sin dar más detalles ni especificar qué partidas de gasto ganarán dinero en detrimento de otras. Cuando en el ministerio hablan de “fondos de la conferencia sectorial”, se refieren al dinero que se reparte cada año entre las comunidades para que apliquen políticas de empleo (orientación, formación, contratación).

Otras fuentes no oficiales del departamento que dirige Magdalena Valerio apuntan que su intención es fijar indicadores dentro de plan anual de políticas de empleo para dirigir el gasto hacia este plan de choque. No se señala abiertamente en el plan, pero un capítulo del que podría salir buena parte de los fondos es los 500 millones anuales que el Ejecutivo anterior había planificado gastar en el complemento/ayuda juvenil que propuso Ciudadanos para los jóvenes participantes en la Garantía Juvenil que fueran contratados en formación. Ni el PSOE ni las comunidades autónomas, tampoco las gobernadas por el PP (la medida partió de la formación naranja), mostraron nunca un gran apoyo a la iniciativa.

Aunque la medida estrella es la contratación permanente de 3.000 orientadores laborales, el grueso de los 2.000 millones se gastarán en formación: 1.138 millones. Este esfuerzo está en consonancia con los objetivos que se ha fijado en este punto el plan: la participación de 100.000 jóvenes sin título de Educación Secundaria Obligatoria en programas de formación para que adquieran “competencias clave en lengua y matemáticas”. También pretende que 80.000 aprendan idiomas o que unos 170.000 tengan una formación digital básica y otros 56.000 adquieran la superior.

La siguiente partida más cuantiosa, 616,5 millones, es la comprendida por las bonificaciones destinadas a la contratación de jóvenes y a las ayudas por sus altas como autónomos en la Seguridad Social. Las bonificaciones, como norma general, consisten en que se paga con dinero público las cotizaciones dejadas de pagar por empresarios y/o autónomos para impulsar el empleo y la contratación. Este último punto consumirá 375 millones y se calcula teniendo en cuenta que los descuentos en las cotizaciones (tarifas planas) pasen a ser bonificadas también. Fuentes de Empleo, no obstante, apuntan que este dinero no está pensado para las tarifas planas de autónomos actuales sino para mujeres jóvenes en el entorno rural, como un mecanismo para estimular el empleo y luchar contra la despoblación.

Según el apartado noveno, el de planificación y evaluación, al año y medio de la entrada en vigor, Trabajo pretende someter el plan a una evaluación. Para ello, utilizará “los informes semestrales de seguimiento que la comisión permanente elaborará”. Este órgano, compuesto por representantes del ministerio y de los agentes sociales, se reunirá cada tres meses.

En principio, Trabajo quería aprobar el plan de choque en el Consejo de Ministros de ayer. Fuentes oficiales indican que la intención del Ejecutivo es que se apruebe antes de acabar este año y que está prácticamente todo listo. No obstante, el pasado miércoles todavía faltaban las incorporaciones de las aportaciones que espera este departamente para cerrarlo definitivamente y, por tanto, no pudo tratarse en la reunión de subsecretarios y secretarios de Estado. Sí que se habría discutido al día siguiente ya —y recibido el visto bueno— en la comisión delegada de asuntos económicos.