Andalucía busca su modelo para cerrar la brecha económica

Tras el mostrador de un pequeño estanco en el barrio sevillano de Triana, Blanca Alcaide repasa los años en los que trabajó en hostelería. “Jamás he visto una paga extra en mi nómina. Jamás me han dado una nómina con lo que cobro realmente”. Andalucía lleva 30 años mal, piensa, “los tópicos siguen existiendo. El clima hace que te mantengas relativamente bien, llegas justo a fin de mes pero te tienes que quitar de muchas cosas”. Podría decirse que la economía andaluza en su conjunto llega a fin de mes, pero le cuesta. El PIB necesitó 40 trimestres para volver a los niveles de 2008, lo que ocurrió el pasado marzo, casi un año después de la recuperación de la economía española, que para alcanzar los niveles previos a la crisis necesitó 35 trimestres.

En las últimas dos décadas, la brecha en renta per cápita no se ha reducido: el PIB por habitante está en 25.000 euros de media, y cae a 18.470 euros en la región. Con 8,4 millones de habitantes, el 18% de la población, la economía andaluza ha alcanzado un tamaño de 155.000 millones de euros, pero solo representa el 13,3% del PIB nacional. Poco peso para tanto potencial, mantienen los economistas. Andalucía, que el próximo domingo celebra elecciones al Parlamento, intenta sacudirse los tópicos, pero arrastra losas pesadas, como una tasa de paro del 22,8% (ocho puntos más que la media), o un desempleo femenino del 27%. Hay 898.000 desempleados y más de 300.000 hogares con todos sus miembros en paro.

Claro que ha habido avances —la economía casi ha duplicado su tamaño desde el año 2000; hay sectores punteros, como el aeronáutico— pero la convergencia con el resto del país no llega, demostrando que en las últimas décadas ni la financiación europea ni la autonómica, a través de mecanismos de nivelación, han logrado que la región supere las barreras que la separan del resto, según señala un estudio de Analistas Financieros Internacionales. Eso, pese a haber recibido unos 100.000 millones de fondos europeos.

“No convergemos porque tenemos una diferencia estructural de paro que no conseguimos reducir”, mantiene Manuel Hidalgo, profesor de la universidad pública Pablo de Olavide. Es la cola de la pescadilla. El campus donde trabaja Hidalgo está poblado por unos 11.000 alumnos y es relativamente joven (fue fundado en 1997 como una alternativa a la Universidad de Sevilla), pero sus paredes llevan la huella del tiempo y de la falta de mantenimiento. A punto de irse a comer (son casi las tres de la tarde del lunes 12 de noviembre) señala los últimos datos del Observatorio Económico de Andalucía en su modesto despacho. “La productividad ha mejorado, pero nos especializamos en sectores de bajo valor añadido. Una parte considerable de la economía está en el agroalimentario y los servicios. El turismo, aunque no es la principal actividad, es muy importante. Son sectores muy intensos en mano de obra y bajo valor añadido, eso reduce la productividad. ¿Cómo cambiamos esto? Aquí hay que hablar de todo, de educación, de infraestructuras, de incentivos a la I+D… Para muchas reformas necesitamos contar con Madrid”.

El consejero de Economía de la Junta, Antonio Ramírez, enfoca el tiro a la capital del país. “La convergencia que es una cuestión que preocupa, hace 40 años había unas diferencias muy importantes en niveles de renta y desarrollo. Hemos más que duplicado el PIB per cápita y hemos recortado distancias con Europa”. Para reducir la brecha las economías tienen dos herramientas en el largo plazo: el factor humano y las infraestructuras. “En la hipótesis de que el factor humano sea parecido, se detecta que en decenios de historia en Andalucía se ha invertido un 20% menos. Es un déficit secular, no es deuda histórica, sino una falta de inversión que se traduzca en infraestructuras. Los vectores económicos de España han mirado a Europa y las inversiones se han realizado en el norte, el mercado potencial, y en el entorno de Madrid. La entrada de España en la UE no ha hecho más que reforzar la dinámica”, piensa Ramírez.

Hay otras posturas que apuntan a que el primer gran agujero negro, origen de muchos males, está en las aulas. Un informe del BBVA cifra en el 23% el número de jóvenes que dejaron de estudiar el año pasado después de cursar la enseñanza obligatoria. Es el peor porcentaje de España después del balear, otra comunidad muy turística. En el último informe PISA, la evaluación de competencias situó a Andalucía en los últimos puestos. El presidente del Observatorio Económico de Andalucía, Curro Ferraro, se echa las manos a la cabeza. “El tiempo de formación reglada es de los menores de España. Los empresarios no encuentran personas adecuadas con cierta cualificación. El gasto en educación es de los más bajos. No quiero decir que sea mucho más bajo, aquí no hay negros o blancos, pero son cosas que van sumando”. Lo mismo repite Manuel Alejandro Cardenete, catedrático de Economía de la Universidad Loyola. “Cuando se producen recortes, la educación es el sector más débil, porque se tiende a mantener antes el gasto social y el sanitario”.

Para Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, lo difícil es romper ese círculo. “La tasa de abandono escolar tiene un efecto cascada, es un elemento negativo importante. Hay otros que tienen que ver con la estructura de la economía. Es una comunidad que sufre cierta volatilidad por el peso del turismo y la industria agroalimentaria. Tiene una estructura menos diversificada y más volátil”. Cardenete habla de esa segunda debilidad. “A mis alumnos les explico siempre que el valor añadido de una taza de café es infinitamente más pequeño que el de cualquier servicio financiero, por ejemplo”. En cambio la industria, con sus trabajos mejor pagados, tiene un peso reducido en la economía.

El polo químico

Al menos en Huelva, Rafael Eugenio Romero, gerente de la poderosa patronal química AIQBE, reconoce que no tienen problemas para hacer contratos porque han desarrollado un centro de formación profesional específico para el sector, que factura en la comarca 11.150 millones de euros y da empleo a 10.000 personas. Le quita importancia a que solo dos de sus 13 empresas tengan sede social en la ciudad. “El año pasado invirtieron 250 millones y este ejercicio esa cifra va a ser mayor, eso significa que han hecho una apuesta por el territorio. Más del 92% de la plantilla está con contratos indefinidos”. Pero hasta Romero reconoce que les cuesta formar una industria auxiliar competitiva y densa alrededor de esas poderosas matrices (Atlantic Cooper, Cepsa, Ence, Fertiberia o Repsol). “Lo veo como una orquesta: tenemos buenos profesionales del clarinete, del piano, pero nos falta un director. Hay mimbres, pero tenemos que hacer el cesto”.

Aerópolis es para muchos empresarios andaluces ese cesto. El polo aeroespacial vinculado a Airbus concentra en un kilómetro cuadrado a las afueras de Sevilla el 46% de la facturación y el 38% del empleo aeronáutico de la comunidad. La productividad en sus 84 empresas es de 278.000 euros por empleado, y en los últimos cinco años la facturación ha crecido un 81%, hasta los 1.551 millones. Cifras muy altas que pocas empresas aspiran a alcanzar. A su manera lo intentan en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), que tiene unas 630 sociedades instaladas en Málaga. Felipe Romera, su director, no quiere valorar las debilidades de la economía andaluza, prefiere hablar del ecosistema del parque, donde trabajan cerca de 20.000 personas en tecnologías disruptivas, big data, inteligencia artificial, ciberseguridad, blockchain. “Son, por simplificar, las empresas más innovadoras de Andalucía”, define. ¿Un grano en la playa? “Puede, pero es un grano muy gordo que supone el 1,5% del PIB”, responde. “Esto demuestra que en Andalucía se puede, el cómo es el reto”.

En el PTA tienen problemas para encontrar perfiles de trabajadores con cierta cualificación tecnológica, igual que en otro parque tecnológico destacado de la región, el de la Cartuja sevillana. El PCT Cartuja fue fruto de un plan que pretendía reutilizar el espacio que en su día ocupó la Exposición Universal de 1992. Ahora sus avenidas llevan el nombre de científicos famosos y a los 54 edificios de la Expo se han sumado otros 30 de nueva planta. Debería ser un lugar dinámico en lo empresarial, aunque de sus 459 empresas llama la atención que solo un tercio exporta.

Es cuestión de mentalidad y de tamaño, otra gran debilidad del tejido productivo. El 53% de las 500.137 empresas andaluzas no tiene ningún asalariado. Y solo 400 superan los 200 empleados. El presidente del consejo andaluz de Cámaras de Comercio, Antonio Ponce, lo achaca a la “burocracia administrativa”, a la “falta de seguridad jurídica”, (aunque ambas sean similares en el resto de España), o a que no haya “vocación empresarial”. “Antes era un delito ser empresario. Esta ha sido una región subvencionada, no conseguimos atraer inversiones”. ¿Y la corrupción? “Los malhechores han hecho corrupción como en todas partes, ese es el punto negro”.

A propósito de las exportaciones, Lázaro Rodríguez, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, recuerda que el principal mercado de las empresas andaluzas suele estar en sus propias ciudades o en la comunidad autónoma. “Los clientes ni siquiera son nacionales. Es una asignatura pendiente”. Antonio Ramírez destaca precisamente lo contrario. Desde 1995 a 2017, las exportaciones andaluzas han aumentado un 403,9%, significativamente por encima del promedio de la Unión Europea (176,3%) “Ya rondan los 33.000 millones, el 20% del PIB”. Sea como sea, Lázaro Rodríguez añade que las mayores exigencias administrativas y penalizaciones fiscales por aumentar el tamaño de las empresas hacen que éstas no crezcan lo que debieran. Y vuelve a la necesidad de una mejor formación. “Aquí en Granada hay un clúster de pymes relacionadas con software, puede haber 500 proyectos muy interesantes… ¿por qué? porque hay una buena facultad de informática”. En cambio, lamenta que no haya grandes sagas familiares al mando de industrias, como en otras regiones. “Aquí se pega el pelotazo y se acabó”.

Quien suele traspasar el testigo de una generación a otra son las cooperativas. El sector agrícola representa casi siete puntos del PIB, más del doble de lo que supone en el resto de España, y el año pasado sólo las cooperativas vendieron un 10% más: facturan 8.500 millones. Muchas, ironiza un agricultor, “producen borrego y venden cordero, sin más”. En boca del sector está el anhelo permanente de crecer para transformar los productos del campo en alimentos con valor añadido y quedarse mayores márgenes. Un proceso que no ocurre a la velocidad deseada, desliza Juan Rafael Leal, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, que agrupa al 95% —entre ellas la poderosa Covap—. “Es una realidad histórica de los sectores agrarios. Aquellas que tienen capacidad de transformación y acceso al mercado ganan más que las que no pueden. Pero la alimentación está cambiando, necesitamos un sector agrario más fuerte, que abarque toda la cadena de producción”. En cambio lo que encuentran es una guerra de precios con la distribución y una imagen social que a menudo vincula al agricultor con el cobrador de subsidios.

Legado agrícola

“El agricultor no se hace rico con subvenciones. Mantenemos población en el campo, tenemos un nivel de inversión fuerte, vivimos con miedo a la evolución de los precios”. Y, aunque despacio, amplían superficie para cultivos ecológicos. Ahora mismo solo representa entre el 3,5% y el 4% de la producción. Al mando de muchas de estas nuevas explotaciones sostenibles hay jóvenes que han cogido con ganas el testigo de sus familias. “No queremos que el relevo se dé a fracasados en otros sectores, esto no puede ser un refugio de pecadores”. La patronal también ha entendido que la vía para conseguirlo es la formación, y se han aliado con la Universidad de Osuna para atraer a lo que Leal define como “gente ilusionada con el campo” y más preparada.

Pero son manos ganadas en una partida de póker donde los jóvenes juegan con peores cartas. Con una tasa de paro juvenil del 46%, lo lógico sería pensar que hay una elevada emigración. Pero como recuerda Ferraro, “se da la paradoja de que teniendo el 18% de la población española, Andalucía solo representó el 10,1% de la emigración nacional al extranjero en el periodo 2008-2017”. Curioso fenómeno que para el profesor Cardenete tiene que ver con “una política de grandes subvenciones y prestaciones de desempleo no vinculadas a prestaciones previas; una familia que protege y a la economía sumergida. Eso hace que con las tasas de paro que tenemos no haya contenedores quemándose en las calles, que no veas gente pobre, que no haya revolución social”. Muy crítico con la deriva de la región, el profesor de la Universidad Loyola lamenta que no se haya diseñado una verdadera política industrial ni que haya “una cultura burguesa del empresariado”. Y pese a que no hay grandes oportunidades de empleo, existen barreras a la movilidad, que para Raymond Torres se reducirían si la información fluyese, por ejemplo, conectando mejor las oficinas de empleo.

Muchos jóvenes se quedan pese a tener menos opciones laborales, pero también hiere que otras comunidades autónomas paguen más por el mismo trabajo. Lo explica Nuria López Marín, secretaria general de CC OO, que apunta hacia el exterior para hablar de los males económicos: “Cuando te empiezas a hacer preguntas… ¿por qué aquí las cadenas de hoteles pagan por debajo de la media y en Baleares por encima? ¿Es por la acción de un gobierno regional? Hay una estrategia de las empresas, que prefieren tener mano de obra barata. La apuesta de los grandes planes estatales deja a Andalucía escorada. Cuando se tiene que cerrar un astillero se empieza por el sur… Hace 40 años la mayoría de la población era analfabeta. La educación ha mejorado enormemente. Veníamos de una sociedad necesitada, ha costado vertebrarse”.

Desde UGT, su secretaria Carmen Castilla se felicita de que los servicios públicos hayan amortiguado el golpe de la crisis, pero suspira porque aumente el peso de sectores más productivos. “Hace un año se firmó pacto por la industria, hace falta más industrialización”. Lo que sucede es que tanto la puntera aeronáutica como la construcción naval dependen de cargas de trabajo que se deciden en despachos lejanos. Como en Navantia, donde cada poco cruzan los dedos para que los contratos acaben en Puerto Real y San Fernando (Cádiz). “Dependen de la SEPI, y ahí hemos perdido protagonismo. Desde el Gobierno central se tiene que mirar más a Andalucía. Pasa con las infraestructuras, nos duele la boca de reclamar el transporte multimodal para el puerto de Algeciras”.

Esa demanda engarza con el papel de las instituciones durante todo este tiempo. “Inducir a las personas a pensar que esto es una confederación de regiones donde se puede actuar como un puzle y no como red… nosotros no podemos cambiar el precio del dinero, tenemos unas competencias definidas, pero no todas. En el reparto de fondos europeos, de los 100.000 millones rara vez se dice que 60.000 han sido fondos agrícolas donde la Junta no tiene ningún control. Y del resto, 23.000 han sido gestionados por el Estado. Y solo 17.000 por la Junta”, protesta Antonio Ramírez.

En el recuento de daños, incluso las empresas privadas supuestamente punteras han herido el orgullo de la comunidad. Abengoa llegó a alcanzar unas ventas de 7.780 millones, pero mordió más de lo que pudo digerir y acumuló una bola de deuda de 23.000 precipitándose al vacío. Los mejores ingenieros andaluces presumían antes de trabajar en el grupo que ahora intenta volver a ser lo que fue, una buena empresa de ingeniería, pero sin pies de barro ni delirios de grandeza.