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EDITORIAL i

Plomo en las alas de Andalucía

Las zonas de menor crecimiento económico y con rentas más bajas tienen enormes dificultades para invertir la situación y aproximarse a las más ricas

Recogida de aceitunas en una finca de Sevilla.
Recogida de aceitunas en una finca de Sevilla.

Teorizar sobre la desigualdad regional es relativamente fácil; es una operación “a toro pasado”, puesto que las causas y los efectos ya están sobre el terreno; los estudios sobre el fenómeno suelen ser abundantes y las descripciones dolientes, económicas o estéticas, ya han hecho su efecto en lectores y analistas. Además, la abstracción es un gran aliado. Describir la desigualdad regional de forma concreta e inteligible ya es más difícil. Se puede empezar, claro, por las estadísticas para disponer de una imagen fotográfica de la realidad. Los números dicen que en dos décadas la economía andaluza se ha duplicado, pero, no obstante, mantiene una tasa de paro de casi el 23%, la tasa de paro juvenil es del 46% (la media nacional es del 33%) y, a pesar de los diversos modos de financiación de apoyo, de los fondos europeos, de un AVE supuestamente vitalizador, de los mecanismos de nivelación y de todos los rodeos pensados y ejecutados para dinamizar la producción y el empleo, no logra reducir las diferencias de riqueza con la media española. Con el 18% de la población, Andalucía tiene el 13% de la riqueza nacional y su renta per capita no converge con la española.

¿Por qué no remonta Andalucía? Pues, sin entrar en una marea de detalles, porque las zonas de menor crecimiento económico y con rentas más bajas tienen enormes dificultades para invertir la situación y aproximarse a las zonas más ricas. Para que una región como la andaluza se aproxime en un punto a la media española tiene que multiplicar al menos por dos la inversión de partida. El esfuerzo no es directamente proporcional al tramo que se quiere recorrer cuando la curva de riqueza tiene que ser ascendente. En las situaciones de partida como la de Andalucía se produce la sensación, desmoralizante, de que todos los esfuerzos tradicionales son baldíos. Por supuesto que hay que aumentar los recursos en educación y en formación. Pero es obligado que los resultados de esa formación rindan sobre el terreno andaluz. Hay que invertir más, desde luego, pero a sabiendas de que, como se ha dicho, la relación entre inversión y riqueza no es de uno a uno. Claro que hay que aumentar el número de empresas, pero empresas industriales. El abuso del sector servicios es un camino seguro a la precariedad y al ahondamiento de las diferencias de riqueza (PIB) y renta.

Y ahora, el meollo político. No es posible una recuperación de la riqueza, entendiendo como tal una aproximación a la media española, sin dos políticas económicas: la del Gobierno central y la del autonómico. Está claro que, como en el caso de otras regiones, la política económica del Estado ha sido espasmódica. Después de expos y aves, silencio administrativo. Desde 2012 la política económica global ha consistido en una carrera para reducir protección social e inversiones públicas. El entorno global ha asfixiado la recuperación regional en potencia. A las comunidades se les ha exigido una restricción presupuestaria mayor que al Estado y de esta forma se han ido consiguiendo raquíticas aproximaciones a los objetivos de reducción del déficit del Estado. Siempre a medias, nunca del todo, a pesar de los daños causados en el bienestar de todos los ciudadanos y en particular de los que viven en regiones más deprimidas.

En cuanto a la política económica autonómica, de Andalucía en concreto, lo más apropiado es decir que ha brillado por su ausencia. La política regional dominante ha sido y es el reparto de la protección social, combinada con aportaciones marginales a pequeñas infraestructuras. Nada que genere impulso o valor añadido.

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