La justicia europea declara ilegales las ayudas que dio España a empresas para comprar firmas extranjeras

La justicia europea ha vuelto a declarar ilegales las ayudas fiscales que España ofrecía desde 2002 a las grandes multinacionales para adquirir compañías en el exterior. El Tribunal General de Unión Europea concluye que esas bonificaciones, que muchas empresas usaron para financiar su expansión internacional, son “selectivas” al establecer unas “diferencias de trato” entre compañías injustificables desde el punto de vista del régimen tributario español. El Ministerio de Hacienda el año pasado ya incluyó dentro del Plan de Estabilidad 2017-2020 la reclamación de esas ayudas, tal y como le reclamaba Bruselas, a un centenar de empresas. En total, esperaba recobrar al menos unos 1.000 millones de euros.

La sentencia de la Corte de Luxemburgo despeja el camino para que Bruselas vuelva a reclamar a España que recupere esas ayudas. Estas consistían en la posibilidad de que una empresa pudiera efectuar deducciones del fondo de comercio financiero cuando se hacía con al menos una participación del 5% de la sociedad foránea durante al menos un año. La intención del gobierno de José María Aznar cuando puso en marcha esa medida en 2002 era alentar la internacionalización de las grandes corporaciones españolas.

Varios parlamentarios europeos pidieron a la Comisión que estudiara si esas deducciones podían ser consideradas ayudas de Estado ilegales. Pero fue después de una denuncia de una empresa privada cuando el entonces comisario de Competencia, Joaquín Almunia, abrió una investigación sobre esas ayudas, que concluyó que, en efecto, España debía recuperar esas cantidades. Entre los beneficiarios de esas ayudas figuran Telefónica, Banco Santander, Iberdrola, Abertis, Autogrill España, Santusa Holding o la filial de AXA. Algunos recurrieron esa decisión y, tras varios vericuetos judiciales, el Tribunal General ha vuelto a avalar la decisión de la Comisión Europea.

Cuando Bruselas instó a España a recobrar ese dinero, el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro afirmó que no era “un problema demasiado importante para nadie”. Sin embargo, se trata de un volumen cuantioso, puesto que afecta a todas a las compañías que se hayan beneficiado de ese tipo de deducciones desde el 21 de diciembre de 2007. Pese a que el gobierno de Mariano Rajoy esperaba conseguir 1.000 millones, fuentes comunitarias elevan esa factura. El pasado mes de febrero, por ejemplo, la Agencia Tributaria española pidió a Iberdrola que devolviera 665 millones de euros por sus compras en el extranjero. Fuentes del Ministerio de Hacienda afirmaron no tener la cifra de todo lo que de momento han recuperado, si bien sí han recibido los fondos de las empresas a las que se refieren la sentencia del tribunal europeo (Autogrill, Banco Santander y Santusa Holding).

En una primera fase judicial, el Tribunal General no consideró que esas ayudas no eran selectivas, pero el Tribunal de Justicia lo corrigió y consideró que sí eran discriminatorias porque “el beneficio se reserva únicamente a las empresas que efectúan una adquisición en una empresa extranjera”. Ahora el Tribunal General avala de esa última interpretación. De hecho, Competencia ya se basó en ese criterio para ordenar a Irlanda que recuperara las ayudas ilegales que había concedido a Apple, que sumaban 14.300 millones de euros.