Bruselas abre expediente a España por ayudas fiscales a sus multinacionales

Nuevo contencioso a la vista entre Bruselas y el Gobierno por un caso de ayudas de Estado. La Comisión Europea abrirá este miércoles un expediente contra España por permitir la aplicación de deducciones fiscales multimillonarias a la internacionalización de empresas españolas, expresamente prohibidas por Bruselas desde hace años, según han confirmado fuentes comunitarias. Pese a esa prohibición, y pese a varias consultas al respecto con respuesta negativa de Bruselas, el Ejecutivo ha dado luz verde recientemente a un cambio que permite deducirse a las empresas la amortización del fondo de comercio (un concepto contable: el sobreprecio o diferencia entre el valor en libros de una compañía y el precio finalmente pagado por ella) en compras fuera de la UE hasta 2010.

Se trata de una operación prácticamente diseñada para que Telefónica, a raíz de la compra de la brasileña Vivo, pueda deducirse unos 4.000 millones de euros en varios años, según los cálculos de tres fuentes conocedoras del caso. Hay también otros grupos que podrían beneficiarse de ese cambio introducido por el equipo del ministro Cristóbal Montoro contra el criterio de Competencia, el departamento de la Comisión dirigido por Joaquín Almunia, que tiene siempre la última palabra sobre la validez de las ayudas de Estado. BBVA, Santander e Iberdrola, según fuentes empresariales, podrían estar en la misma tesitura por varias adquisiciones.

Hacienda pretende que las empresas se deduzcan compras indirectas hasta 2010

Esa modificación fiscal va en dirección contraria a la batería de medidas aprobadas en los últimos meses por el Gobierno para apuntalar la recaudación del Impuesto de Sociedades. Los ingresos procedentes de esa figura tributaria han sufrido un desplome desde el arranque de la crisis. Los tipos efectivos que pagan las empresas del Ibex, por ejemplo, están por debajo del 10%; en algunos casos, las grandes compañías apenas pagan en torno al 4%. A finales de junio, el Ejecutivo endureció la fiscalidad de Sociedades con la eliminación de varias deducciones —entre ellas, alguna relacionada con el fondo de comercio, curiosamente—, con las que Hacienda prevé recaudar 3.650 millones más, siempre con el objetivo declarado de “ampliar las bases imponibles de las grandes empresas”, según aseguró entonces el Ejecutivo. “Choca que en las circunstancias actuales, con las necesidades de ingresos del Estado español, el Gobierno se empeñe en devolver una cantidad importante de dinero en impuestos con carácter retroactivo”, según una de las fuentes consultadas en Bruselas. Esas deducciones siguen siendo ilegales. Y la confianza legítima [que permite la no devolución de ayudas hasta 2010] no se puede aplicar con efectos retroactivos, añaden las mismas fuentes.

El caso tiene miga y está plagado de matices y recovecos. La Comisión Europea declaró en 2009 “incompatibles con el mercado común” las deducciones por la amortización del fondo de comercio derivadas de la compra de participaciones superiores al 5% en empresas de la UE, aprobadas por el Gobierno del PP en 2002. Esas ayudas fiscales, según el dictamen de Bruselas —validado el año pasado por el Tribunal europeo de Justicia—, eran una especie de subsidio encubierto que perjudicaba a empresas de otros países europeos. Posteriormente, en 2011, la Comisión declaró también ilegales las deducciones fiscales en caso de compras fuera de la UE, con el argumento de que las empresas españolas disponían de una ventaja a la hora de pujar de la que carecían el resto de empresas europeas. No obstante, Bruselas permitió que no se devolvieran las ayudas fiscales hasta diciembre de 2007 en el caso de las compras de participaciones dentro de la UE, y hasta entrado 2010 para las adquisiciones fuera de la UE (por la aplicación del citado principio de confianza legítima).

Telefónica podría ahorrarse unos 4.000 millones de euros

Hacienda acató esa decisión. Pero entonces se interpretaba que la amortización del fondo de comercio solo se aplicaba a las participaciones directas y se abrió una puerta por la que hubo empresas que entendían que también era posible la deducción ligada a compras indirectas (a través de un hólding, por ejemplo). Tras un tira y afloja, varias empresas han acudido a los tribunales. Ese es el resquicio al que se agarra ahora el Ejecutivo, que en los últimos meses ha realizado una ronda de consultas y, a pesar de la negativa expresa de la Comisión, pretende aplicar con efectos retroactivos esa deducción a las participaciones indirectas —como la de Telefónica en Vivo—, y quiere además que se aplique con efecto retroactivo la confianza legítima, según fuentes europeas.

Fuentes de Telefónica señalaron este lunes que desconocían el procedimiento y que la compañía siempre cumple estrictamente con la legalidad vigente.

El próximo capítulo de esa saga empieza el miércoles, con la apertura de expediente por un concepto tan abstruso (deducciones por amortización de fondo de comercio en participaciones indirectas en empresas de fuera de la UE) como impactante por las consecuencias fiscales y sus beneficiarios. Tanto el Gobierno como las empresas potencialmente afectadas tendrán unos meses para presentar alegaciones. Todo ello en un momento delicado para el Ejecutivo por el caso Bárcenas, al que se suman la presión sobre las cuentas públicas que sigue ejerciendo Bruselas y, en fin, los últimos coletazos del contencioso con los astilleros, cuya solución llega también este miércoles.