Las asociaciones de consumidores, en pie de guerra ante el Supremo

La expectación sobre el veredicto del Supremo relativo al impuesto de las hipotecas es elevada. Lo espera la banca y, sobre todo, lo esperan los ahorradores. Después de que el alto tribunal dictara que son las entidades quienes deben pagarlo y a las 24 horas dejara la sentencia en el aire, aplazando la decisión final al lunes 5 de noviembre, asociaciones de consumidores y plataformas especializadas en reclamaciones bancarias están en pie de guerra. Afirman que, de volver la institución sobre sus pasos y hacer caer la carga de la tasa sobre el consumidor, sería un escándalo. Consideran que lo más probable es que confirme que la banca tienen que abonar el gravamen, pero no saben si el efecto será retroactivo. “Tendremos que ser los consumidores los que nos peleemos”, zanja Patricia Suárez, presidenta de Asufin.

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Suárez cree que el pleno de los magistrados de la Sala III de lo Contencioso-Administrativo llamado a decidir sobre la sentencia confirmará su última decisión del pasado 16 de octubre y volverá a dictar que el impuesto más oneroso de las hipotecas, el de actos jurídicos documentados, debe pagarlo el banco: “La única duda es la retroactividad”. Opina que el Supremo podría limitarla a cuatro años, el plazo de prescripción de las deudas con la administración, al tratarse de un impuesto que se abona a la hacienda autonómica. “Pero nosotros consideramos que debe ser totalmente retroactiva, y no recomendamos a nadie que vaya a Hacienda, sino que reclama por la vía civil”.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que si la decisión final del Supremo diera la razón a la banca o estableciera que la sentencia se aplique solo a los contratos futuros, sin contemplar la retroactividad, existirían las papeletas para que el caso llegara ante los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “Lo mismo que ocurrió con las cláusulas suelo”, recuerda la portavoz de la asociación, Ileana Izverniceanu. 

La OCU no descarta la opción de reclamar ante las haciendas autonómicas, siempre y cuando no hayan pasado cuatro años desde la firma de la hipoteca. En este caso habría que presentar una solicitud por ingresos indebidos para exigir el reintegro de las cantidades abonadas en concepto de impuesto de actos jurídicos documentados. Recuerda, sin embargo, que los tribunales son la única vía para conseguir la devolución total de los gastos hipotecarios. 

Por otro lado, están todos aquellos consumidores que están negociando una nueva hipoteca. ¿Qué hacer? “Que consulten con un abogado de su confianza antes de firmar. Esta pequeña inversión en asesoramiento jurídico les ahorrará en el futuro muchos quebraderos de cabeza y mucho dinero”, aconseja el portavoz de Denuncias Colectivas, Javier Gaston: “Para hacerse una idea, una cláusula suelo ha supuesto de media 12.000 euros a cada afectado, el IPRH más de 20.000 euros, los gastos de las hipotecas más de 3.000 euros y la comisión de apertura 1.700 euros”. Cuantías muy importantes.