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La banca hará pagar al cliente el impuesto de las hipotecas mientras decide el Supremo

La devolución del tributo con 15 años de retroactividad supondría un coste de al menos 18.000 millones, según un alto ejecutivo bancario

Carteles con ofertas de hipotecas en una sucursal bancaria en Sevilla.

Tras la perplejidad, ha llegado el caos. El jueves pasado el Supremo decidió que el impuesto de la hipoteca lo pagara el banco y no el cliente. Al día siguiente, la Sala de lo Contencioso Administrativo congeló esa sentencia a la espera de una decisión posterior del pleno. En principio, la banca dijo que asumía el pago del impuesto, pero tras la intervención de la sala, la mayor parte del sector ha vuelto a hacer pagar a los clientes hasta que lleguen novedades.

Desde el jueves, la banca se movilizó ante el Ministerio de Economía y el Banco de España para transmitir “la enorme gravedad que suponía la sentencia”, ya que la devolución del impuesto con 15 años de retroactividad podía acabar con la mitad del sector, según un alto ejecutivo bancario, con un coste de, al menos, 18.000 millones.

Los encargados de trasladar este mensaje fueron los máximos responsables de la AEB, José María Roldán, y de la CECA, cuyo director general es José María Méndez, que contó con la ayuda del consejo, donde están los presidentes de las entidades. Algunas entidades consultadas esperaban que estas reclamaciones llegaran al Consejo General del Poder Judicial y al Supremo. Ahora la banca confía en que el pleno determine al menos que la sentencia no tenga carácter retroactivo.

En el terreno práctico, si fue rápido el cambio de criterio en la justicia, más rápido lo fue en la banca. La Asociación Española de Banca (AEB), la CECA (que aglutina a los bancos de las antiguas cajas) y las cooperativas de crédito emitieron un comunicado conjunto el jueves pasado diciendo que acatarían la sentencia del Supremo, lo que suponía asumir el pago del impuesto a partir de ese momento, tras criticar la inseguridad jurídica provocada.

Sin embargo, el viernes, con el cambio de posición del Supremo, la mayor parte de las entidades consultadas han cambiado de opinión. Ahora creen que "la situación ha vuelto al miércoles, es decir, corresponde al cliente pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, como se establece en la norma desde 1994", apuntan fuentes consultadas. De hecho, las asociaciones han transmitido a sus entidades que actúen libremente. .

Una minoría de bancos ha preferido asumir el coste del impuesto. La fórmula utilizada es no cobrárselo al cliente de la provisión de fondos que se realiza en las hipotecas. Otra gran entidad ha tomado una decisión salomónica: añadir una adenda al contrato de la hipoteca que establece que si cambia la situación, el banco ayudará al cliente a reclamar la cantidad ante Hacienda, es decir, no se comprometen a devolverlo ellos. Por ahora el Santander, BBVA y Bankia no ofrecen precios de hipotecas en sus webs "porque no sabemos el coste real del crédito", se justifican.

Las entidades admiten que, ante este lío, algunos clientes han preferido posponer la firma de la hipoteca. "Siempre que no se pierda dinero por las arras o compromisos adquiridos, es una buena solución", dice un ejecutivo.

Entre los notarios, también hay desconcierto. La mayor parte de ellos se ha limitado a informar a los clientes de lo ocurrido. "De momento, ninguna novedad práctica en la firma de hipotecas. Tampoco hemos tenido instrucciones ni nueva postura del Colegio de Notarios", apuntan fuentes de una de las grandes notarías de Madrid.

Imposible rehacer los documentos

Los bancos que seguirán cobrando el impuesto a los clientes argumentan que materialmente es imposible rehacer los documentos de la firma de hipotecas de los próximos días para que sea el banco el que pague. "Además, los servicios jurídicos creen que sería ilegal que ahora pagáramos nosotros porque todavía la norma no ha cambiado, no ha surtido efecto la sentencia", explica un alto ejecutivo de un gran banco.

Estas fuentes, y otros juristas consultados, recuerdan que la sentencia del jueves todavía no se ha publicado en el BOE, por lo que no es de obligado cumplimiento, salvo para las partes, si es que ya se ha notificado.

Y añaden otro argumento: "Esperar acontecimientos es lo más razonable porque la sentencia no ha creado jurisprudencia ya que se precisa que haya dos, no solo una. Tras la decisión del pleno, sí se creará jurisprudencia y se aclarará todo", apuntan desde una antigua caja de ahorros.

Fernando Zunzunegui, abogado especializado en regulación financiera, coincide en que no se ha creado jurisprudencia, pero tiene claro lo que puede pasar ahora: "Luis Díez-Picazo, el presidente de la Sala Tercera del Supremo, acudirá al rescate de la banca, hay demasiados miles de millones en juego. Esta situación desastrosa es el último capítulo de la falta de atención que los Gobiernos han tenido con las normas hipotecarias". Zunzunegui recuerda que, pese a las advertencias del FMI sobre la necesidad de regular este mercado, la nueva ley hipotecaria lleva dos años y medio de retraso en su aprobación".

Otro jurista consultado cree que el Gobierno podría intervenir al establecer la no retroactividad del cobro del impuesto en el decreto hipotecario, que está en tramitación. El Gobierno fue una de las instancias a las que acudieron el jueves pasado los bancos para transmitir su grave preocupación, además del Banco de España, según coinciden varias fuentes consultadas. La intención de los bancos era que su inquietud se transmitiera al Supremo y al Consejo General del Poder Judicial. No obstante, los bancos recuerdan que "la situación también era preocupante para las haciendas autonómicas, por las reclamaciones de devolución del impuesto, y para el propio poder judicial por el colapso que supondrían las demandas".

Hasta 25.000 millones

El hecho es que la sentencia del jueves encendió las alarmas en los bancos. "El jueves se analizó la situación y el impacto era brutal. Si había que devolver lo cobrado en 15 años, el coste podía ser de unos 25.000 millones (o 18.000 en el mejor de los casos), lo que suponía acabar con la mitad del sistema financiero; el colapso total", explica un alto ejecutivo de uno de los grandes bancos.

Sin embargo, añade esta fuente que pide el anonimato, "si la retroactividad solo afecta a los cuatro últimos años, porque es el tiempo de reclamación de un impuesto, supondría unos 2.000 millones, lo que significaría que algunas entidades pasarían a beneficio cero; es algo malo, pero menos dramático", admite.

Mientras tanto, las asociaciones de consumidores lo tienen claro. "Hay que reclamar el impuesto al banco, y si no accede, ir por la vía judicial", señalan fuentes de la OCU. También Javier Gastón, de la plataforma Denuncias Colectivas, aconseja reclamar. "El procedimiento puede durar un mes o dos, no hay que esperar", apunta. Ahora todos están pendientes del próximo pleno de la sala del Supremo. Hay mucho en juego.

Inquietud en el sector inmobiliario

JOSÉ LUIS ARANDA Madrid

La decisión del Tribunal Supremo que deja en el aire quién paga el impuesto de actos jurídicos documentados "no es una buena noticia". Quien lo dice es Fernando Encinar, cofundador y director de estudios del portal Idealista, pero sus palabras resumen bien el sentimiento de otros actores del sector inmobiliario español. Las palabras "inseguridad" e "incógnita" se repiten en todos ellos. Y nadie duda de que tendrá efectos sobre los préstamos.

"Como mínimo la concesión de hipotecas puede ralentizarse y eso no es positivo para nosotros", señala Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la patronal de promotores inmobiliarios de Madrid (Asprima) y también de los promotores y constructores españoles (APCE). El empresario considera que la sentencia del Supremo y su posterior revisión "ha pillado a todo el mundo por sorpresa" y "ha generado una intranquilidad en el sistema financiero". Por ello, pide "un periodo de reflexión" que él mismo inicia: "De alguna manera deberíamos tener una ley no sujeta a tanta interpretación. Creo que cuando una ley se promulga hace falta que genere seguridad".

Juan Velayos, consejero delegado de Neinor Homes, es más duro en su crítica a la decisión del tribunal. "El funcionamiento y politización de los jueces y tribunales son actualmente un desestabilizador de la recuperación económica y un generador de inseguridad jurídica, lo que es en sí mismo un verdadero despropósito". Velayos, "con todo el respeto al Tribunal Supremo", añade que "es francamente preocupante que puedan tomarse decisiones de semejante calado sin una reflexión seria y rigurosa sobre el impacto y consecuencias de las mismas".

Sobre los efectos que puedan darse, Encinar destaca "que se han abierto un montón de incógnitas" y que "hay muchísima casuística". Lo que no duda es que la decisión "dificulta la concesión de hipotecas, a partir de ahí se pone en duda la concesión y constitución futura de hipotecas y se cuestionan todas las condiciones que la gente estaba negociando". "Imagínate los que ya no han firmado [por la ralentización que se produjo el viernes], pero es que además hay un montón de gente que no sabe si va a poder comprar una casa o no", añade.

Para el director de estudios del portal inmobiliario, "el mercado es hipersensible" y por eso apunta, a largo plazo, a otra posible consecuencia imprevista. "La decisión del Supremo complica la compra de vivienda y la carambola que puede provocar es que más personas de manera forzosa tengan que vivir de alquiler", advierte.

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